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¿Golpes electorales…?

Para garantizar la limpieza y el equilibrio de la disputa en 2018, la Asamblea Legislativa debe cumplir con las sentencias de la Sala de la Constitucional reformando el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos con suficiente anticipación

"Tenemos que prepararnos para ganar las elecciones del 6 de diciembre de este año 2015, como sea, ganar como sea…”. Esta fue la consigna de Nicolás Maduro a pocos días de los comicios legislativos. Para alcanzar este propósito promocionó con fondos públicos la imagen de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mantuvo la prohibición para el ingreso de misiones internacionales de observación electoral y no derogó el estado de excepción en cuatro ciudades del país prolongando la suspensión de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos lo cual limitó la actuación de los aspirantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). 

Por otra parte el Consejo Nacional Electoral (CNE) no atendió las recomendaciones de IDEA Internacional y del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) sobre las condiciones de la competencia. El CNE no realizó una campaña para garantizar la secretividad del voto, se mostró excesivamente pasivo ante las masivas campañas del gobierno nacional a favor del partido oficial, impidió la presencia de representantes de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, retrasó la entrega de credenciales a los observadores nacionales y prorrogó arbitrariamente la hora de cierre de las mesas el día de las votaciones.

Aun y con ese cúmulo de situaciones adversas la oposición ganó la contienda legislativa. Pudo más el cansancio de la gente ante una economía deprimida, un clima de inseguridad inaguantable y una escasez galopante de alimentos y de insumos básicos. Conocida la derrota, el gobierno se apresuró a elogiar el “buen funcionamiento” de las instituciones y de la democracia en Venezuela ignorando el despotismo demostrado durante la campaña.

Que la MUD haya vencido la avalancha de oscuros manejos que intentaron inclinar la mesa en favor del oficialismo no elimina el abusivo manejo del CNE, la aplicación arbitraria de la ley por parte de esta última y el  empleo ilegal del dinero público para conservar la mayoría de diputados en la Asamblea Nacional.

En este nuevo siglo el poder ya no se arrebata con golpes militares. Tampoco persisten las prácticas del pasado en las que se extraviaban las papeletas o se rellenaban las urnas con votos falsos. La manera irregular para superar al adversario se vale ahora de la ambigüedad o inexistencia de las reglas, de la ausencia de un estricto control del dinero en la política, de la falta de una justicia eficaz, imparcial y oportuna, y de la complicidad de una autoridad electoral permisiva y servil a los intereses de quienes pretenden burlar la voluntad ciudadana.

En la conferencia global sobre financiamiento político celebrada en México, en septiembre de este año, El Salvador fue reconocido como “el país que presenta la situación más rezagada del continente” en el control del financiamiento de las campañas. Para garantizar la limpieza y el equilibrio de la disputa en 2018, la Asamblea Legislativa debe cumplir con las sentencias de la Sala de la Constitucional reformando el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos con suficiente anticipación. Las elecciones de marzo de 2015 presentaron graves deficiencias en la transmisión de resultados y vacíos legales que impidieron resolver las inconsistencias en las actas y las peticiones de recuento de votos. Las campañas del TSE fueron prácticamente inexistentes. No se explicó suficientemente el nuevo mecanismo del voto, no se incentivó a los jóvenes a obtener el DUI ni a quienes lo tenían en mal estado o vencido a sustituirlo antes del plazo establecido ni tampoco se animó a los ciudadanos a modificar su domicilio para aprovechar las ventajas del voto residencial. Asimismo la resolución de los conflictos sigue en manos de una entidad que concentra funciones administrativas y jurisdiccionales a pesar que el sistema de listas abiertas podría provocar impugnaciones de resultados entre los candidatos de un mismo partido. En 2009, en Panamá, el 100% de los litigios fueron de este tipo.

Un golpe de suerte y una sociedad extenuada cambiaron el mapa político venezolano. Sin embargo la inequidad electoral fue escandalosa. Cuidado con un panorama similar “a la salvadoreña”.


*Columnista de El Diario de Hoy.