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Financiar el desarrollo con recursos propios requiere un nuevo marco de políticas públicas

En El Salvador parece que se nos ha olvidado que la piedra angular para la prosperidad de una persona, una familia o una nación es el ahorro. El ingreso per cápita real del país ahora supera en 30% al registrado en 1978 y en 85% al de 1990, pero la tasa de ahorro nacional ha caído por debajo del 10% del PIB.

Somos uno de los pocos países en el mundo que consume más de lo que produce. El déficit fiscal estructural (alrededor de 4% del PIB), supera a la inversión pública. La tasa de inversión, por su parte, es de 14% del PIB, muy lejana a la de 25% o más que registran los países líderes en la generación de trabajo decente y crecimiento económico. De ahí que nuestro principal desafío macroeconómico consista en elevar sustancialmente las tasas de ahorro e inversión, para respaldar tasas de crecimiento económico superiores a 6% y generar más de cien mil empleos formales por año. Esto no será posible sin un nuevo marco de políticas públicas.

Hace 50 años, Singapur, como ahora El Salvador, estaba encerrado en un círculo vicioso: necesitaba crear una importante cantidad de empleos formales, pero los sectores privados no los podían ofrecer debido a que los costos de producir en el país eran altos, la productividad laboral baja y los niveles de ahorro nacional muy reducidos. El sector público tampoco hacía las inversiones sociales, en modernización del Estado y en infraestructura demandadas por los privados porque no contaba con los recursos para hacerlo. Para romper ese círculo, el Estado instauró un sistema de ahorro programado de capitalización individual y de administración público/privada cuya cobertura inicial se extendió de pensiones y servicios de salud, a la adquisición de vivienda, luego a seguros de vida, desempleo y educación superior de los hijos.

El aumento resultante en la tasa de ahorro nacional fue aprovechado por el Estado para financiar programas agresivos de mejoramiento de la infraestructura que contribuyeron a reducir los costos logísticos y financieros, estimulando así la inversión privada y el crecimiento económico. Simultáneamente disminuía la tasa de subutilización laboral (desempleo, subempleo y empleo informal) y aumentaban la productividad laboral y los salarios reales, así como la tasa de ahorro nacional (ampliación de la base de cotizantes). También aumentaba la recaudación fiscal (ampliación de la base tributaria), permitiendo al Estado incrementar la inversión social.

El resultado de ese proceso fue la sustitución de un círculo vicioso de bajos niveles de ahorro e inversión-estancamiento económico-subutilización laboral-pobreza por un círculo virtuoso de altos niveles de ahorro e inversión-pleno empleo y rápido crecimiento.

Apostarle a la creación de un círculo virtuoso como el descrito es una de las recomendaciones reiteradamente formuladas en el Informe sobre Desarrollo Humano de El Salvador. Para ello, se sugiere que los esfuerzos para aumentar la tasa de ahorro privado sean complementados con un Acuerdo de responsabilidad fiscal. Este acuerdo permitiría al Estado fortalecer sus finanzas y contar con los recursos humanos, financieros, organizacionales e institucionales requeridos para cumplir con eficacia, transparencia y honestidad sus funciones administrativas y reguladoras, honrar la deuda pública y financiar las apuestas productivas que liderarán la generación de empleo y el crecimiento económico en los años venideros.

Un acuerdo de responsabilidad fiscal es mucho más que impuestos. Antes de hablar de impuestos, el país necesita dar respuestas colectivas a preguntas como: ¿cuál es el país que queremos y cuáles son las apuestas productivas que habría que realizar para transitar en esa dirección?; ¿qué programas habría que crear o escalar para reducir progresivamente el peso de la economía informal? ¿cuáles son los requerimientos fiscales para construir esa visión de futuro y financiar esas transformaciones?; ¿cuáles son las opciones (no solo tributarias) para obtener esos recursos?; ¿cuál será el porcentaje máximo del presupuesto que podrá ser destinado a gastos de funcionamiento, para evitar que burócratas y políticos se aprovechen del mayor esfuerzo de ahorro público y privado?; ¿cuál será el porcentaje del presupuesto que se destinará a gasto social?; ¿cuáles serán las competencias fiscales del gobierno central y las de las municipalidades?

Dentro de un acuerdo de responsabilidad fiscal también es indispensable que el reclutamiento y la promoción del personal de la administración pública se realicen con base al reconocimiento de competencias y méritos, para lo cual es indispensable la aprobación y aplicación efectiva de la Ley de la Función Pública. Adicionalmente es necesario que se intensifiquen los esfuerzos en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

*Economista jefe del PNUD.