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El final del quinquenio…

Juzgar una administración de gobierno no siempre es fácil. Frecuentemente se sacrifican algunos de los aciertos de los funcionarios que intentaron cumplir adecuadamente sus obligaciones. Por lo general la atención se concentra en el comportamiento exhibido por el Jefe de Estado. Sucede entonces que la tarea para los que intentamos orientar a la opinión pública es doble. Por un lado se deben identificar los "buenos cambios" sin restarle mérito a quienes actuaron eficaz y honestamente durante el quinquenio, y por el otro, es necesario apuntar con el dedo acusador a los que omitieron su tarea.

Entre los señalamientos más graves que se hacen al presidente destacan los constantes atropellos al sistema democrático y al Estado de Derecho, el incumplimiento de la mayoría de las promesas electorales, la falta de compromiso con el acceso a la información pública, el excesivo gasto público, el fracaso de las distintas estrategias de seguridad para contrarrestar los homicidios y las extorsiones, y la ruptura de las relaciones con las gremiales empresariales más importantes y representativas del país.

Por el contrario es justo reconocer el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores y el de la Subsecretaría de Gobernabilidad de la presidencia. Hugo Martínez afirmó desde el inicio de su gestión que implementaría una política exterior sin "sesgo ideológico". El ex Canciller tuvo dos opciones: ceder a los deseos de varios de sus correligionarios del partido que aspiraban a un estilo similar al del representante de las relaciones exteriores venezolano, Elías Jaua, o por el contrario hacer mérito a la promesa que expresó recién juramentado como ministro. Prefirió adoptar este último camino y desechó la otra vía que habría llevado al país a un aislamiento internacional además de alinearle con el "bloque bolivariano".

Por su parte Antonio Morales Carbonell, el subsecretario presidencial, hizo lo que ningún gobierno se atrevió a implementar. Llevó a los medios de comunicación el debate sobre la necesidad de profesionalizar la administración pública. Pero su mayor fortaleza es que tuvo la valentía de abanderar un tema desde un gobierno que no se distinguió por nombrar a varios de los funcionarios y empleados públicos por "meritocracia".

El subsecretario y su equipo redactaron un proyecto de "ley de la función pública" que fue sometido a la discusión de los diferentes sectores, incluyendo a los sindicatos, y que perseguía educar sobre las ventajas para el Estado cuando se cuenta con "funcionarios de carrera". Carbonell se enfrentó al rechazo de los trabajadores del sector público que por alguna razón creen que se eliminará la libertad sindical y la negociación colectiva; por eso hizo bien en persuadir a la Organización Internacional del Trabajo para que analizara el contenido de la propuesta de ley. Finalmente el organismo internacional avaló la legislación y ahora el reto es conformar un grupo promotor que apoye la aprobación de este ordenamiento durante el próximo quinquenio.

Contrariamente a la conducta del presidente, que retrasó la vigencia de la ley que permitiría a los ciudadanos acceder a la información pública, rechazó a los candidatos de los distintos sectores que integrarían el Instituto encargado de aplicar la ley y no le otorgó a esta entidad el presupuesto necesario para el cumplimiento de sus atribuciones, la mayoría de entidades del Estado ha respondido de inmediato a las solicitudes de información de los ciudadanos. Este es un avance que vale la pena resaltar porque permitirá en el futuro un mayor control por parte de la sociedad sobre el desempeño de los que integran a la administración pública.

También debe aceptarse la probidad que caracterizó al Ministerio de Obras Públicas. Más que los kilómetros de carretera construidos, que en relación a la necesidad de la infraestructura vial a nivel nacional fueron insuficientes, lo verdaderamente destacable es que, a diferencia de administraciones anteriores, durante los pasados cinco años, las denuncias de posibles actos de corrupción fueron prácticamente inexistentes. El acompañamiento de organismos internacionales y el de las gremiales empresariales a solicitud del titular de ese ministerio, fue desde un inicio, una señal positivas de la transparencia con la que actuaría en los siguientes años.

Los programas sociales presentan una doble valoración. Por una parte se critica fuertemente su insostenibilidad financiera debido al estado de las finanzas públicas. Además se acusa al gobierno de haber utilizado electoralmente programas como el del paquete escolar, sin tener en cuenta el retraso que presentaron en la entrega de zapatos y uniformes. Por la otra no puede negarse que algunos de ellos, como el PATI, Ciudad Mujer y la construcción de los hospitales por parte del Ministerio de Salud, han contribuido a mejorar las condiciones de vida de miles de salvadoreños.

Esperamos haber hecho justicia a los buenos y denunciado con medida a los que incumplieron sus tareas.

*Columnista de El Diario de Hoy.