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Fatiga ciudadana: La inseguridad pública y el proceso electoral

Quienes gobiernan apuestan por el cansancio de la sociedad. Así sucede cuando los problemas nacionales se prolongan en el tiempo sin que las autoridades propongan soluciones concretas. También se presenta esta fatiga cuando el mal desempeño de un funcionario público pasa desapercibido sin repercusión ni consecuencia legal alguna. La inseguridad pública y la administración del pasado proceso electoral son dos ejemplos muy claros.

La población se acostumbró a vivir en zozobra. Aunque diariamente le atormenta la idea que un familiar cercano sea víctima de la violencia, sabe que no puede hacer más que encomendarse al Creador porque el Estado simplemente ha perdido el control del territorio e ignorado su obligación de proteger la vida y la libertad de los individuos. Prueba de ello es que todos, o casi todos los extorsionados, pagan las exigencias de sus verdugos. Los vecinos de las colonias asediadas por las pandillas viven en un encierro casi absoluto donde la máxima "ver, oír y callar" es la norma establecida por la mara de la zona. Quienes pueden envían por la vía legal a sus hijos con los parientes en los Estados Unidos, y los menos afortunados utilizan a los "coyotes" como intermediarios para el viaje ilegal de sus seres queridos a la nación norteamericana.

En definitiva existe un desfallecimiento social que solo beneficia a los encargados de la seguridad pública. En otras palabras, ante la falta de un estricto y duro llamado de atención de los habitantes hacia el gobierno y el resto de instituciones del Estado, la respuesta es el silencio, las excusas y la evasión de responsabilidades.

Ciertamente la Policía Nacional Civil está haciendo lo que puede. Muchos agentes perdieron la vida en el cumplimiento del deber y el resto se enfrenta con la muerte todos los días. Pero no pueden solos. Es muy difícil luchar contra aquellos que ignoran el respeto a los derechos humanos y que no tienen límites en su actuación. Por esa razón la PNC debe identificar los instrumentos jurídicos excepcionales que le permitan un combate efectivo contra la delincuencia. Los legisladores por su parte deben atender de inmediato la solicitud de la institución policial, a la que sería recomendable agregar las propuestas de la Fiscalía General y las del Órgano Judicial.

Tampoco pueden las fuerzas de seguridad encarar una crisis como la que padece El Salvador con insuficiencia de recursos. Aquí también tiene una enorme responsabilidad el Estado. Tratándose del dilema más importante que sufre la nación, el presidente y sus ministros debieron constituir un "gabinete de crisis", desde hace varios meses, en el que la participación de Hacienda es fundamental para identificar los fondos que necesita la policía, el Fiscal y los jueces, sin importar que algunos programas de gobierno se queden temporalmente sin recursos. Si por el contrario, rayando con el populismo, se insiste en financiar otros asuntos mucho menos importantes, pero probablemente muy relevantes para propósitos electorales, lógicamente el dinero para el ámbito de la seguridad continuará escaseando.

No está en discusión la posibilidad que parte del financiamiento para contrarrestar a los delincuentes deba provenir del pago de los impuestos por parte de los contribuyentes y quizás de un nuevo gravamen. Sin embargo esa discusión posiblemente se prolongue por varios meses o se desvíe hacia una controversia partidaria e ideológica que impida llegar a un acuerdo. De ser así el desaliento ciudadano podría degenerar en un estado de anarquía muy peligroso para la estabilidad del sistema político.

El otro aspecto que está por "engavetarse" es el de las irregularidades del pasado proceso electoral. Habiéndose declarado firmes los resultados y una vez sean entregadas las credenciales a los nuevos diputados y alcaldes, muy poco o nada se dirá acerca de los escandalosos errores cometidos en la administración de los comicios.

En este ámbito está pendiente la rendición de cuentas por parte del TSE sobre la contratación de las decenas de empresas a las que se les encargó el fracasado sistemas de transmisión y procesamiento de datos; la Corte de Cuentas de la República deberá dar un informe al respecto, y la Fiscalía aún investiga el presunto "sabotaje" al que el presidente del organismo colegiado atribuyó, en un primer momento, el desorden en la organización del evento. Finalmente la Sala de lo Constitucional se encuentra estudiando los recursos presentados por Aliados por la Democracia y por los partidos políticos sobre los varios cientos de actas con inconsistencias donde la voluntad del soberano fue literalmente ignorada.

Si estos desaciertos, los peores sufridos por la democracia electoral desde el acuerdo de paz, se dejan en el tintero, marcarán un precedente de tales magnitudes que seguramente se repetirán en futuras elecciones transformándolas en lo que atinadamente Salvador Samayoa calificó como verdaderos "chapandongos".

*Columnista de El Diario de Hoy.