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Elección de la CSJ: ¿El bloque de la vergüenza o el de la sensatez?

En la próxima elección de un tercio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se presentan dos escenarios muy concretos: o se designan funcionarios probos, con una carrera judicial y profesional intachable, que representen lo mejor de la corriente jurídica con la que se identifican, que estén dispuestos a cumplir y a hacer cumplir la Constitución de la República y que sepan enfrentar las presiones de aquellas fuerzas políticas, organizaciones y personas que reiteradamente han amenazado a los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional porque no aceptan el intelecto independiente y técnico que se refleja en sus resoluciones, o por el contrario, se nombran abogados que respondan a los intereses particulares de algunos partidos políticos.

En el segundo caso el país perderá la oportunidad de modernizar la administración de justicia. Continuaremos con un sistema contaminado de ideologías políticas y será muy poca efectiva la cooperación entre el Órgano Judicial y el resto de instituciones del Estado para enfrentar serios problemas como el de la inseguridad pública. En efecto, como bien lo han señalado algunos de los candidatos a magistrados, es muy difícil identificar en un aspirante su inclinación por uno u otro partido político, y más complicado aún es discernir cuál será su comportamiento si se le elige para integrar al máximo tribunal de justicia. Ciertamente el perfil de los funcionarios de segundo grado ha sido delimitado por varias sentencias de la Sala de lo Constitucional en los últimos años. Uno de los aspectos prioritarios es precisamente el de no estar afiliado a un instituto político. Este y el resto de requisitos deben cumplirse; pero aún así nadie puede asegurar que el magistrado electo obrará con diligencia, autonomía e imparcialidad al momento de aplicar justicia.

Ambos escenarios forzosamente ubicarán a los diputados en uno de dos bloques: el de la vergüenza y la insensatez, o el de la cordura, la madurez y la seriedad. En las dos situaciones los electores podremos exigirles cuentas en los comicios legislativos de 2018, premiando con la reelección a los segundos y castigando a los primeros con nuestro rechazo. Es en acontecimientos de este tipo, en donde la contraloría ciudadana debe activarse de manera protagónica. El registro del voto de cada diputado será esencial. De esta manera podremos revisar en el futuro, en base al desempeño de los magistrados investidos, tanto a los legisladores que apoyen a los candidatos que identificamos en el primer escenario como a quienes respalden a los que sistemáticamente actúen en función de agendas político partidarias.

En la lista de los treinta candidatos se incluyen por lo menos dos opciones que de no resultar votadas por unanimidad como magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, demostraría, una vez más, que las distintas fuerzas políticas insisten en manipular a las instituciones para conseguir por pactos oscuros lo que no han podido convenir a través de acuerdos transparentes. Se trata de un hombre y de una mujer, que alcanzaron, el primero, el respaldo mayoritario de los abogados, y la segunda, reconocidos méritos por su profundo conocimiento del Derecho Administrativo y por su apego al orden jurídico en los cargos y asesorías en los que ha participado. Ambos representan "la altura del listón" con la que debe medirse al resto de postulantes. También se encuentran en la nómina eminentes juezas y jueces de carrera, destacados académicos que han obtenido con honores su título de doctor en Derecho en universidades extranjeras y profesionales distinguidos.

Esta elección, a diferencia de todas las anteriores del mismo tipo, presenta una nota muy particular. En la opinión pública está muy clara, o por lo menos es más evidente e indudable que hace diez años, la importancia de contar con magistrados independientes, conocedores del Derecho y comprometidos con el sistema democrático. Por otra parte la sociedad civil organizada se ha involucrado de manera más estrecha en el proceso de elección y ha exigido un tratamiento transparente en el que se privilegien los méritos y no las simpatías partidarias. Y finalmente, como ya se dijo antes, se cuenta con precedentes judiciales que se activarán en caso se elijan candidatos cuyas virtudes no se justifiquen y además si los nombrados no reúnen los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley, y que la Sala de lo Constitucional ha incorporado en las sentencias vinculadas a la elección de estos funcionarios.

A la polarización que nos carcome le favorece una débil institucionalidad. Mientras los responsables de administrar el poder tengan ese elemento a su favor, continuará la corrupción, aumentará la impunidad y la política seguirá siendo un "negocio". Eso es lo que se juega en esta elección.

*Columnista de El Diario de Hoy.