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El ejercicio arbitrario del poder

¿Y que no habíamos acordado el 16 de enero de 1992, después de una guerra sangrienta, que el nuestro, según la clasificación básica de la doctrina política sería un gobierno de respeto a la Constitución y a las leyes? O, dicho más explícitamente: Que la actuación de nuestros funcionarios públicos estaría sujeta a la Constitución y a las leyes, y no a su personal arbitrio. Puesto que para tomar posesión de sus cargas deben ellos "protestar bajo su palabra de honor cumplir la Constitución y las leyes, así como el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo les impone", la cuestión está resuelta: el nuestro, no sólo doctrinaria sino constitucionalmente, es un gobierno de leyes no de actos arbitrarios de los funcionarios públicos.

Sin embargo, ellos, en un alarde de provocación y desprecio por las obligaciones adquiridas, han invertido radicalmente las cosas y, "nos guste o no nos guste", le han dado prioridad a su sola voluntad. Es decir (para emplear una expresión popular) la Constitución y las leyes "les vale…" lo cual, para ellos, no tiene importancia a pesar de la sangre derramada, porque, según proclaman, se trata del "gobierno del cambio". ¿Y qué?

Comencemos por el Presidente de la República. En todas sus actuaciones, y especialmente en sus exorbitantes mensajes semanales, viola flagrantemente los artículos 166 incisos 1° y 3° y 218 de la Constitución, según los cuales no sólo está obligado a cumplirla sino a hacerla cumplir; a procurar la armonía social y conservar la paz y tranquilidad internas; está, también, al servicio del Estado y no de una fracción política determinada; y no puede prevalerse de su cargo para hacer política partidista". (¿Habrán leído esas disposiciones los miembros del Tribunal Supremo Electoral?). Pero el ciudadano Presidente no sólo viola la Constitución sino que, al insultar a sus adversarios llamándoles "ladrones y corruptos", y al calificar la actuación de gobiernos anteriores de "una verdadera cloaca", en vez de dejar que funcionen las instituciones para aplicar una justicia pareja y sin contemplaciones tanto de hechos del pasado como del presente, corre el riesgo de ser acusado de los delitos de difamación y de injurias (Arts. 178 y 179 del Código Penal), y al no explicar el destino del considerable préstamo o donativo que recibió de un amigo con probable contraprestación, pisa peligrosamente la raya del cohecho impropio tipificado en el Art. 331 del Código Penal.

El presidente de la Asamblea Legislativa, por su parte, desobedece campantemente las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información y, sin facultades para ello, recurre ante la Sala de lo Contencioso Administrativo huyendo de un proceso de transparencia que, de llevarse a cabo, sin duda nos mostraría un espectáculo poco edificante. Al actuar en esa forma, se desliza hacia una conducta punible (Art. 321 Pr.) En esto sigue la línea de la Asamblea Legislativa la cual, actuando por mayoría llegó, infructuosamente, hasta el extremo de recurrir ante la Corte Centroamericana de Justicia para no acatar los fallos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Para no ser menos, el señor viceministro de Obras Públicas desatiende las órdenes de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y continúa actuando como si nadie se lo impidiera. De nuevo, estamos ante un acto de desobediencia eventualmente punible.

Vetado el decreto legislativo número 412 que imponía una censura perversa e insensata a la propaganda política, el Tribunal Supremo Electoral asume sin pudor esa función, y prohíbe a los partidos de oposición la divulgación de hechos notorios, sangrientos y documentados del pasado inmediato, como si los efectos estrictamente legales de la ley de Amnistía se extendieran hasta la memoria histórica, e imponen a la ciudadanía una amnesia colectiva, privando a los votantes del derecho de conocer la hoja de vida, brillante u oscura, de quienes aspiran a la primera magistratura de la nación.

En el momento en que escribo estas líneas, se reitera por enésima vez en mi pantalla de televisión el anuncio que termina con la manida frase: "presidencia Funes: buenos cambios". Que ha habido cambios es innegable, como lo acabamos de demostrar. Pero ¿son buenos cambios? Por supuesto que no. Son sólo la muestra del ilimitado desprecio por la Constitución y por las leyes que caracteriza a los gobiernos del Alba, a cuyo desapego por la institucionalidad democrática hay que añadir las inquietantes noticias provenientes del exterior acerca de los vínculos del FMLN con las FARC y con el narcotráfico.

Si así actúa un gobierno media sangre ¿qué podemos esperar de uno puro sangre dispuesto a imponer a rajatabla el socialismo del siglo XXI?

Con el valor que caracteriza al pueblo salvadoreño, es hora de cerrar filas para oponerse con los votos en las próximas elecciones a la entronización del despotismo y la miseria en nuestro suelo. ¡Tendríamos que estar ciegos para no ver la magnitud del riesgo que se cierne sobre El Salvador, ¡Vivamos el gobierno de las leyes, no el del capricho de los hombres! ¡Y avancemos hacia el progreso con justicia, libertad y seguridad en el marco irrestricto de la Constitución!

*Doctor en Derecho.