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Diálogo versus pactos

Todos los gobiernos han negociado con los pandilleros, desde que a finales de los años 90 su presencia comenzó a convertirse en una amenaza a la seguridad ciudadana. Todos, sin excepción, y esto incluye al ejecutivo actual. El gobierno de Salvador Sánchez Cerén, independientemente de su discurso público y en el Consejo de Seguridad Ciudadana, sigue negociando con los pandilleros. Y así lo hicieron los gobiernos de Paco Flores y Tony Saca, muy a pesar de sus discursos y prácticas de "mano dura". Y el gobierno de Funes, aun cuando el FMLN controlaba el aparato de seguridad, antes de llegar al ministerio de Justicia el general David Munguía Payes y a la dirección de la PNC el general Francisco Salinas, hicieron varios intentos de pactar con pandillas. Y así lo hizo el gobierno de Funes luego de que en junio 2013 Ricardo Perdomo llegara a sustituir a Munguía Payés como ministro de Seguridad y anunciara el fin de la tregua.

Lo raro es que todos aquellos que activamente buscaron pactos con las pandillas, trabajando para distintos gobiernos de diferente tinte ideológico, en unísono descalifican y condenan la tregua y el proceso de diálogo con las pandillas. Además de raro, es hipócrita. Nadie condena los diálogos y las negociaciones con pandillas, que todos los gobiernos, empezando con el de Flores, hicieron con fines estrictamente electoreros - pero todos condenan, en tono de indignación moral, el único intento de diálogo con los pandilleros que no tuvo como fin beneficios electorales o control social de uno u otro partido, sino que trató de generar un proceso sostenible de reducción de la violencia. En el proceso que llamamos "la tregua" por lo menos se establecieron métodos de intervención social que lograron coartar cadenas de venganza e intentaron, con parcial éxito, sustituir los métodos violentos de solución de conflictos entre pandillas y entre pandillas y comunidades por métodos pacíficos, basados en el diálogo y la mediación.

Nadie denuncia los esfuerzos de los gobiernos y partidos de hacer pactos oportunistas con los pandilleros, y que al mismo tiempo todos deslegitiman el único esfuerzo de involucrar a las pandillas y su entorno social en la construcción de soluciones que ataquen la marginación, la situación de los guetos y otros factores estructurales que generan violencia. El esfuerzo de la tregua puede haber cometido errores (la mayor parte debido a la actitud pusilánime del presidente Funes, quien quiso sacar rédito político de la drástica reducción de los homicidios, pero que no estaba dispuesto de cambiar las prioridades de inversión social de su gobierno para hacer este proceso sostenible), pero fue un intento sincero de abrir espacio para soluciones integrales y sostenibles. Los mediadores nunca aceptaron convertir este proceso en un pacto con los pandilleros, mucho menos con tintes partidarios, para ganar elecciones o para usar a las pandillas como instrumento de control social partidario. Es precisamente por esto que monseñor Fabio Colindres y Raúl Mijango fueron sistemáticamente apartados por el gobierno de Funes, cuando se acercaban las elecciones presidenciales de 2014. El gobierno de Sánchez Cerén lamentablemente ha continuado esta política de poner miles de obstáculos a la mediación independiente, pero al mismo tiempo busca retomar el diálogo con las pandillas con interlocutores propios y con fines partidarios.

El presidente recientemente aseguró que facilitar la tregua fue un error del gobierno de Funes, y que este error, al fin, fortaleció a las pandillas. Pero al mismo tiempo, emisarios del partido FMLN y de las instituciones de seguridad del gobierno están activamente tratando de retomar el diálogo con las pandillas. Pero, de nuevo, con fines electoreros, no en función de una estrategia de construir la paz. Con una política irresponsable de promesas, por una parte, y amenazas y chantajes, por otra parte, el gobierno del FMLN trata de construir nuevos arreglos electorales. Una de las amenazas que usan para extorsionar a los extorsionistas es el traslado de sus cabecillas a Zacatraz. El mensaje es claro: Si las pandillas no ayudan al gobierno, bajando en la época reelectoral sus actividades delincuenciales, y si no ayudan al FMLN electoralmente en las comunidades, ejerciendo su control social, habrá traslados masivos a Zacatraz.

Esta es una extorsión. Y la extorsión es una forma específica de la negociación. Sin embargo, tiene un problema serio: puede tener éxito a corto plazo, pero nunca a largo plazo. Conseguir ciertos comportamientos de las pandillas mediante una negociación/extorsión, es verdaderamente amoral y sumamente peligroso, sobre todo cuando se hace con fines partidarios y electoreros. En este contexto es positivo que las pandillas, en una carta que el 17 de enero entregaron al Secretario General de Naciones Unidas, durante su visita a la colonia IVU, rechacen este oportunismo y declaren: "Como gesto de nuestra buena voluntad nos comprometemos que las pandillas se van a abstener de interferir con el libre voto de los ciudadanos, incluyendo en las comunidades donde tenemos presencia, en las elecciones de alcaldes y diputados en marzo de 2015. Nuestros miembros, nuestras familias y nuestras bases sociales van a hacer uso de su derecho de votar, pero no van a usar su influencia en las comunidades para beneficiar ni para afectar negativamente a ningún candidato o partido."

Conclusión: Buscar pactos y arreglos con las pandillas es una aberración. Buscar el diálogo con ellas, es inevitable.

*Columnista de El Diario de Hoy.