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El "diálogo" en El Salvador: entre el engaño y la frustración

Entre 1992 y 2014 los diferentes gobiernos y los partidos políticos han integrado ocho comisiones temporales para abordar diferentes temáticas nacionales, dos entidades permanentes de diálogo social y un foro de concertación para los asuntos económicos y sociales que nunca despegó. Lo curioso del caso es que, con excepción de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND), ninguno de esos esfuerzos transitorios reportaron, en la práctica, resultados concretos orientados a la solución de las diferentes problemáticas que se propusieron atender. Algunos de los factores que han impedido el éxito de estas iniciativas tienen relación con el número de integrantes, la falta de representatividad de varios de sus miembros, los escasos recursos para la contratación de expertos y para la puesta en marcha de los acuerdos, y la total ausencia de voluntad política cuando llega el momento de implementar los planes sugeridos.

Las temáticas asignadas a estos comités fueron muy diversas. Entre 1994 y 1999, la "comisión asesora presidencial" debatió importantes reformas electorales, que si bien lograron el consenso requerido para la primera votación, fue imposible alcanzar en la siguiente legislatura la mayoría calificada que exige la ratificación de todo cambio constitucional. En ese mismo período se creó la CND. Integrada por prominentes empresarios, intelectuales y académicos, y con un proceso de consulta nacional cuya metodología fue rigurosamente aplicada, esta comisión abordó aspectos vinculados a proyectos estratégicos que detonarían el desarrollo en los lugares más deprimidos del país. Un buen ejemplo lo encontramos en la zona norte, donde la Corporación Reto del Milenio del gobierno de Estados Unidos (MCC por sus siglas en inglés), tomando como base los aportes que resultaron del intenso trabajo de la CND, eligió esa porción del territorio nacional para invertir los fondos asignados al Fomilenio I.

Durante el período del expresidente Francisco Flores se constituyó la "comisión nacional de seguimiento a la propuesta de reforma integral del sector salud". Su vigencia traslapó el quinquenio 1999 - 2004 y las recomendaciones fueron entregadas en el año 2007 al presidente de turno, Elías Antonio Saca, desembocando en la aprobación de la "ley de creación del sistema nacional de salud" que en nada, o en muy poco, ha incidido en la eficacia y desarrollo del sector.

En esa misma administración le llegó el turno a la seguridad pública. El exgobernante, que entregaría el poder en 2009 al primer presidente propuesto por el FMLN, instituyó la "comisión nacional para la seguridad ciudadana y la paz social". El producto de ese nuevo cuerpo plural, al que se sumaron los partidos políticos, consistió en una propuesta, que además de diagnosticar la ya entonces grave situación de inseguridad, alentó varias recomendaciones entre las que sobresalía la prohibición total de la portación de armas de fuego. De manera similar a los resultados del grupo que atendió el ámbito de la salud pública, el seguimiento de las acciones vinculadas al combate y a la prevención de la violencia fue prácticamente inexistente.

El gobierno del expresidente Saca estableció dos agrupaciones adicionales: la "comisión nacional de modernización laboral", conocida como CONAMOL, y muy cerca del final de su mandato, en el año 2008, como consecuencia de la crisis financiera internacional, se integró la "comisión multidisciplinaria". Las ideas y proyectos emanados de estas dos instancias corrieron con la misma suerte que los planes y sugerencias de sus pares anteriores. No obstante representar interesantes y creativas soluciones para el desempleo, como el anteproyecto de "ley de aprendizaje", los documentos terminaron archivados en los escritorios de los burócratas de turno.

En el mismo quinquenio, antes de la alternancia política, surgió la "comisión interpartidaria". En principio la idea de los partidos fue recuperar el método y la seriedad con la que se discutieron los acuerdos de paz. Sin embargo a los políticos del Siglo XXI les fue muy difícil emular a los firmantes del pacto de Chapultepec pues no encontraron el espíritu conciliador, la visión de país y el pragmatismo de quienes suscribieron el acta que daría fin al conflicto armado salvadoreño.

Las dos únicas instancias de carácter permanente han sido el Consejo Superior del Trabajo (CST) y el Consejo Económico y Social (CES). La primera fue el premio de consolación ante el frustrado "foro de concertación económico y social", y la segunda una promesa del expresidente Funes que nació contaminada con la participación del gobierno.

La serie continuada de frustraciones alrededor de estas estrategias de diálogo las ha convertido en opciones carentes de toda credibilidad. Su finalidad ha sido más bien la de responder a tácticas de los presidentes de turno para minimizar los efectos de ciertas crisis políticas. Esperemos que el recién inaugurado Consejo Nacional de Seguridad no transite por la misma vía y sirva únicamente para legitimar nuevos impuestos sin mayor discusión.

*Columnista de El Diario de Hoy.