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Destruir al país

El ministro de Hacienda, a mediados de septiembre, confesó que ya no hay dinero, pero sin explicar por qué no funcionó el presupuesto ni por qué se dispararon los gastos

Qué pasaría si una ama de casa, a la mitad del mes descubre que se le acabó el pisto? Antes de confesarlo a su esposo e hijos, revisaría dónde gastó de más, se rebuscaría para encontrar una solución, y al final, su familia comería. 

¿Y si el gerente financiero de una empresa, informa que a la mitad del ejercicio está sin recursos? Presenta su renuncia antes de que lo despidan, admite  errores en sus presupuestos o si hizo mal uso de los fondos, serán evidencias de que no tenía la capacidad para desempeñar el cargo.

El ministro de Hacienda, a mediados de septiembre, confesó que ya no hay dinero, pero sin explicar por qué no funcionó el presupuesto ni por qué se dispararon los gastos, tomando en cuenta que la recaudación fiscal aumentó en $700 millones. Aunque admite que “unos $350 millones, que no estaban en los gastos de 2011, se han usado para pagar subsidios, que fueron aumentados por decisión del expresidente Funes, para disminuir el impacto económico de los nuevos precios al alza”. Una auténtica perse percibió.

Pero la población se pregunta, ¿cómo pudimos haber llegado a esta situación, si durante todo el año empresarios, economistas, analistas políticos y tanques de pensamiento, con reiterada insistencia han recomendado al Gobierno apretarse el cinturón y disminuir los gastos? Pero los funcionarios constantemente respondían que “todo estaba bajo control, y que los números cuadraban con los lineamientos de los organismos internacionales”. Y continuó la danza de los millones, aprobando nuevos préstamos para gasto corriente, contratando más de 20,000 nuevos empleados públicos, incapaces pero parientes de alguien, y los diputados con antojo de $3 millones más, para nuevo edificio.
 
El ministro Cáceres respondió acremente a la propuesta de la empresa privada para aliviar la situación, ante la exigencia gubernamental de vacunar con un impuesto “al gran capital” dizque para seguridad, pero sin decir los planes  diseñados para reducir la violencia, y sin prestar oídos al unánime clamor de remover a los funcionarios de Seguridad, que han demostrado con creces su total incapacidad para desempeñar sus funciones.

El ministro  tacha de falacia las proyecciones de ahorro de los empresarios, afirmando  que desde 2010 se han reducido los gastos, y considera de “muy mala fe” se  pida reducir el presupuesto de casa presidencial, que de $60 millones se ha incrementado a $140 millones. Justa exigencia de la ciudadanía: el saber en qué se invierten sus impuestos y por qué no pueden reducir los exorbitantes gastos de CAPRES.

Conclusión: Este Gobierno ha administrado la cosa pública de manera  verdaderamente cuestionable. El MINED ha reducido los exiguos presupuestos de las escuelas; se han redireccionado fondos para el ISNA y varios millones destinados a aliviar los daños de la tormenta Ida, se fueron para otro lado.  Buscan recursos para reubicar las ventas de la Calle Arce, MINSAL no abastece los hospitales, para echar a andar otros programas, otro bono a los empleados del Órgano Judicial,  cambia el sistema del subsidio del gas y una larga lista de parches. En lugar de ceñirse ordenadamente al presupuesto, hay  desorden administrativo, tapando hoyos por aquí y abriendo brechas por allá.  La única lectura es, que los funcionarios han demostrado no ser capaces de cumplir con las responsabilidades de las carteras de Estado que manejan. Y que el pueblo tiene  derecho a exigir una rendición de cuentas, y la renuncia de los que han demostrado incapacidad.
 

*Columnista de El Diario de Hoy.