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Derecho a saber dónde estamos parados

Un fundamento básico de un sistema democrático es que se permita a los medios de comunicación ejercer libremente su función de informar sobre temas de interés público, y la seguridad es uno de ellos.

Recientemente hemos conocido que la Policía Nacional Civil(PNC) se ha negado a cumplir un requerimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el cual  se le ordena entregar información sobre las zonas geográficas donde operan las pandillas; dicha información fue clasificada como reservada por las autoridades de la PNC.Ante dicha negativa, lo más razonable sería pensar que la reserva atiende a la protección de la estrategia de seguridad con la que el gabinete de seguridad pretende reducir la cifra de homicidios, o a garantizar la ejecución de un plan de protección a la ciudadanía. Pero no. Dado que El Salvador es el país de lo impresionante, las razones que la PNC dio para mantener la reserva del caso rayan lo absurdo. Las autoridades manifestaron que la publicación de esa información “generaría una alarma social en la población” o “podría elevar la autoestima de los grupos criminales”, además de constituirse (para la PNC) como apología de actos de terrorismo.

El director de la PNC manifestó que es peligroso entregar la información de las zonas dominadas por pandillas y que debe existir un límite a la entrega de la información. Así,  los argumentos planteados por la PNC ante el IAIP para justificar la negativa de entregar  la información parecieran tendentes a favorecer la estabilidad o “seguridad” de las pandillas, más que a la seguridad de los ciudadanos. Ante la absurdez de lo anterior, cabe preguntarse ¿peligroso para quien? ¿peligroso para la falsa imagen del país que el gobierno quiere vender, de que la situación de seguridad del país y el control territorial está bajo control? ¿es peligroso que la ciudadanía sepa cuál es la pandilla que domina las zonas donde vive o transita? ¿es peligroso que se sepa que las pandillas ya no son grupos aislados en zonas como Mejicanos, Apopa, Soyapango; sino que también tienen presencia en la Colonia Escalón?

Por otro lado, también ha circulado en distintas redes sociales una nota suscrita por el jefe del Departamento de Investigaciones de la delegación San Salvador centro, en la cual manifiesta que en ciertas publicaciones hechas por El Diario de Hoy“se da a conocer un control total de la ciudad capital por parte de grupos criminales, magnificando su presencia, lo que provoca terror o temor en la población que accede a este tipo de noticias a nivel nacional e internacional, dejando en entredicho la labor de la FGR y la PNC”; y con base a lo anterior, solicita que se inicie investigación contra este periódico por “apología de actos de terrorismo”.
 
Resulta complicado comprender por qué ciertas autoridades consideran que la divulgación de un mapa de control o presencia territorial pueden incitar actos de terrorismo, cuando a simple vista estamos en presencia de una labor periodística de investigación y sistematización de datos; la información por ellos brindada queda a discreción de la ciudadanía (y a la realidad confirmada por el día a día) si es tomada en serio o no. Además, dicha publicación no es necesaria para dejar en entredicho la labor de la PNC, cuando la realidad reafirma con creces la situación de delincuencia que vivimos a diario los ciudadanos y que no ha sido controlada (ni de forma preventiva ni represiva) por los principales encargados de la seguridad pública. Un fundamento básico de un sistema democrático es que se permita a los medios de comunicación ejercer libremente su función de informar sobre temas de interés público, y la seguridad es uno de ellos.

En un país tan violento como El Salvador, donde hay un promedio de 20 muertos diarios a causa de la violencia, resulta bastante incomprensible que las autoridades consideren que es peligroso que las personas sepan cuales agrupaciones dominan el territorio donde vivimos, donde nos desplazamos a trabajar, donde pasamos a diario por cualquier motivo. Aquí el gobierno tiene dos opciones: o empieza a ejecutar el tan anhelado plan de seguridad ciudadana para que esa información ya no “infunda temor”; o al menos respeta el derecho de acceso a la información de los ciudadanos o el derecho a saber dónde estamos parados, literalmente.
 


*Columnista de El Diario de Hoy.