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La denuncia de Rubio y sus implicaciones para la seguridad pública

La denuncia de Rubio y sus implicaciones para la seguridad pública

La denuncia de Rubio y sus implicaciones para la seguridad pública

La denuncia de Rubio y sus implicaciones para la seguridad pública

Históricamente, la influencia de la política partidaria sobre la seguridad pública ha tenido consecuencias negativas. Esta premisa se puede ilustrar, en diferentes proporciones y manifestaciones, utilizando ejemplos de cualquier país del mundo, haciendo referencia a momentos determinados de su historia. Siempre ha existido una lucha entre lo técnico y lo político, cuyo desenlace depende, en gran medida, de la robustez de los mecanismos de contraloría y fiscalización disponibles para la ciudadanía y la oposición política.

Los sistemas de justicia penal que favorecen burdamente los intereses de partidos específicos, erosionan su credibilidad y, por lo general, su misión principal deja de ser prioridad.

La designación de Benito Lara como ministro de Justicia y Seguridad Pública y la configuración del grupo de funcionarios encargados del aparato de seguridad (seleccionados, en esencia, por su cercanía al partido oficial) son hechos que, por las razones antes expuestas, he señalado en reiteradas ocasiones. Ante la posibilidad de que este equipo, indiscutiblemente comprometido con el oficialismo y sus objetivos políticos, trabajara en función de intereses diferentes a los de la sociedad, el anuncio de la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (Cnscc) esbozó una luz de esperanza. Esa instancia se pudiese haber convertido en la punta de lanza para crear un vigoroso y sólido mecanismo de contraloría y colaboración ciudadana en materia de seguridad, que permitiese, entre otras cosas, detectar, señalar y evitar que el aparato de seguridad se desviara de su función principal y trabajara, de forma exclusiva, para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

Solo los activistas más radicales no estarían de acuerdo con la creación de un ente que ayude a mermar la influencia de los intereses políticos sobre el sistema de justicia penal. La idea de un Cnscc, por lo tanto, encontró resonancia en gran parte de la ciudadanía. Lastimosamente, los que nos alegramos con su anuncio, pronto nos decepcionamos.

El Cnscc con el tiempo, ha probado no ser más que otra iniciativa sin dientes, utilizada por el gobierno para fingir pluralidad en el abordaje del problema delictual mientras hace lo que quiere y, además, como un espacio de autopromoción por funcionarios de organismos nacionales e internacionales. Es necesario interpretar ésta y otras medidas considerando la forma en que el oficialismo está actuando en general.

Hay varios ejemplos sobre cómo, para el partido oficial, los intereses partidarios están sobre todo lo demás, pero hay dos que sobresalen: (1) el irrespeto a la institucionalidad a través de sus ataques y planes orientados a desarticular la actual Sala de lo Constitucional y lograr el control total de las instituciones estatales; (2) sus negociaciones oscuras y desinterés por generar diálogos sinceros con el principal partido de oposición en la Asamblea Legislativa.

La valiente denuncia que hizo esta semana Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), que alberga el capítulo local de Transparencia Internacional, agrava este esquema bajo el que opera el oficialismo y complica aún más las perspectivas en seguridad pública. Rubio denunció en un programa televisivo que él y su familia han sido objeto de acoso y ataques perpetrados por el oficialismo, como consecuencia de su posición crítica ante abusos cometidos por funcionarios gubernamentales. La persecución de críticos y disidentes, por lo tanto, se puede inferir que es justificable para el partido de gobierno en la consecución de sus objetivos. Esto tiene graves implicaciones para el aparato de seguridad pública, ya que indica que corre aún más riesgo de desviarse de su función principal. Lastimosamente, bajo este escenario, todas las iniciativas de seguridad propuestas por el Ejecutivo serán interpretadas por sectores importantes de la sociedad como preparativos para la instalación de un régimen autoritario, preocupado únicamente por lograr y mantener el control total del país. El apoyo ciudadano, necesario para resolver la crisis delictual, no se obtendrá en estas condiciones.

*Criminólogo.

@cponce_sv.