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Dejen que las instituciones trabajen

La anticipación injustificada con la que muchas personas sacan conclusiones sobre ciertas investigaciones más pareciera un acto de “matar un chucho a tiempo”, antes que una denuncia objetiva y argumentada

Es increíble cómo la realidad salvadoreña poco a poco va pareciéndose a las historias de ficción que vemos en las series de televisión. Al ver un par de capítulos de “Criminal Minds” rápidamente podemos asociarlos con las terribles historias de masacres que ocurren con frecuencia en el país. Y si vemos las tres temporadas de “House of Cards”, casi podemos sentir que el drama político salvadoreño no se aleja del mundo de obsesión con el poder, avaricia y corrupción que se desarrolla en la serie.
 
En los últimos años no ha faltado el toque circense en las actuaciones de varios funcionarios, donde pretenden utilizar una herramienta legítima como la libertad de expresión, al servicio de un fin totalmente ilegitimo y reprochable como es pretender amedrentar e intimidar las actuaciones de las instituciones públicas.E incluso, buscan poner en entredicho las investigaciones y procesos seguidos en contra de una persona, bajo el argumento de que se trata de persecuciones políticas, ataques orquestados o intentos de desestabilización. Lo anterior es reflejo de la tarima en la que muchos funcionarios se han ubicado durante varios años, donde probablemente han considerado que su título los vuelve incuestionables e incluso intocables; han obviado el hecho que el control interorgánico de las actuaciones públicas es necesario para el buen funcionamiento estatal y para fortalecer la confianza en las instituciones.

Para que este país madure políticamente, no se puede ir deslegitimando a las instituciones por el solo hecho de que estas investigan casos que a alguien le parecen “banales” o “irrelevantes”. Catalogar la vulneración a un derecho como mínima o poco importante únicamente abre la puerta para expandir la tolerancia a este tipo de violaciones, lo cual no tiene sentido en un Estado de Derecho. Hay que dejar que las instituciones realicen el trabajo que constitucional y legalmente les corresponde, sin presiones indebidas por parte de los investigados y sin cuestionamientos que buscan desviar la atención de los casos concretos.
 
La anticipación injustificada con la que muchas personas sacan conclusiones sobre ciertas investigaciones más pareciera un acto de “matar un chucho a tiempo”, antes que una denuncia objetiva y argumentada de irregularidades en los procesos que se llevan a cabo. Resultan incomprensibles las afirmaciones de que “los sistemas de control están podridos”, cuando en la mayoría de los casos no existe una condena firme y ni siquiera se han concluido etapas trascendentales de la investigación, como la presentación de la prueba o la valoración de los hallazgos recabados por la Fiscalía General de la República. Hay que dejar que las instituciones hagan su labor. Y si no se está de acuerdo con su actuar, es pertinente recordar que existen diversos mecanismos jurisdiccionales habilitados para revisar las decisiones en las varias instancias que ofrece el ordenamiento jurídico.
 
Los ciudadanos tenemos que ser parte activa en el freno a los shows políticos que buscan desviar la atención del trabajo de las instituciones, y por los que muchos funcionarios dejan de trabajar en cosas que realmente importan, como los temas de seguridad, desarrollo económico, educación, salud, entre muchos otros. Quizá uno de los factores que ha influido en la incomodidad de los funcionarios investigados es la idea de que el nombramiento en un cargo los vuelve incuestionables, y eso tiene su raíz en la falta de interés que la ciudadanía había demostrado durante muchos años en la auditoría a las instituciones públicas; así como, en la omisión de control sobre quienes nos representan en la Asamblea Legislativa respecto de la elección de los distintos funcionarios que le corresponden. Como ciudadanos debemos apoyar las actuaciones de las instituciones que van avanzando en la investigación de delitos o casos de corrupción; además, debemos exigir que los funcionarios ahora electos trabajen y dejen de prestarse a shows que nada abonan a la institucionalidad. Dejen que las instituciones hagan su trabajo conforme a la Constitución y las leyes; y los ciudadanos hagamos nuestra labor en el apoyo al control entre órganos y en la exigencia de resultados concretos.
 

*Columnista de El Diario de Hoy.