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Déjà vu del Consejo de Seguridad

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia se encuentra en la recta final de emitir sus recomendaciones al presidente de la República. Los primeros esbozos de las líneas esenciales de su contenido han comenzado a ser conocidos. Tal como se había predicho, no hay sorpresas ni novedades. Los diagnósticos y las recomendaciones irán en la dirección en la que han ido por años las insistencias de instituciones, organismos e iglesias: el fenómeno de la violencia posee una génesis de características sociales y las expresiones violentas pueden llegar a constituir delitos pero sin ser un fenómeno exclusivamente delictivo. Consecuentemente, el abordaje del problema no será integral mientras no se impulsen las transformaciones sociales que hagan posible modificar la raíz de las dificultades.

Al plantear el problema principal el actual Consejo Nacional de Seguridad lo hace en los siguientes términos: "Los históricos niveles de exclusión y vulnerabilidad social, los patrones culturales que toleran, normalizan y reproducen la violencia, la debilidad institucional, la ausencia de una visión compartida sobre cómo enfrentar lo afirmado más la dispersión de iniciativas, han estimulado el establecimiento, la complejidad y la reproducción de las expresiones criminales y violentas en nuestra sociedad".

Por su parte, la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y Paz Social, en el año 2007, dijo algo similar: "Algunos de los factores que podrían contribuir a los altos niveles de violencia que afectan la sociedad salvadoreña son la inequidad; la falta de oportunidades económicas y sociales; las altas tasas de deserción y fracaso escolar; los altos índices de desempleo y subempleo; el abuso de alcohol y drogas; el tráfico de drogas; los factores culturales como la inequidad de género y la violencia intrafamiliar; el desmedido y no planificado crecimiento urbano; los bajos niveles de capital social; los altos índices de impunidad penal; la insuficiente capacidad de las instituciones para hacer frente a la problemática; la amplia disponibilidad de armas de fuego; la presencia de pandillas o maras; las secuelas del conflicto armado, la deportación desde Estados Unidos de personas con antecedentes penales, entre otros".

No hay razón para extrañarse de la coincidencia de criterios entre ambas comisiones, no solo por el hecho que algunos de sus miembros son los mismos sino porque no hay forma seria de comprender y afrontar el problema si no se parte del reconocimiento que su raíz se encuentra en la manera cómo la sociedad está estructurada. Si no se espera nada diferente en relación a lo ya expresado insistentemente a lo largo de años ¿qué virtud encierra entonces el esfuerzo que se hace en el actual Consejo de Seguridad? Uno muy importante es que brota de un consenso muy amplio de actores que asumen el enfoque como correcto y han expresado su voluntad de contribuir a la solución. El otro es que, por la razón anterior, colocará al Ejecutivo en la responsabilidad de asumir el papel de coordinar y priorizar las medidas que se propongan asignando los recursos que se requerirán para ejecutarlas de manera sostenible. Aunque las recomendaciones del Consejo no serán vinculantes, pondrán a prueba las expresiones gubernamentales de buena voluntad con el compromiso moral de transformarlas en acciones. Engavetar este nuevo esfuerzo produciría costos políticos enormes y un desgaste social que hará mucho más difícil creer en cualquier otro intento futuro.

*Colaborador de El Diario de Hoy.