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Defensa de la tregua

Están al punto de lanzar un Consejo de Seguridad Ciudadana, presidido y juramentado por el presidente de la República, dirigido por funcionarios del gobierno, coordinado por el PNUD, compuesto por representantes de las iglesias y otras personalidades, incluyendo empresarios a título personal. El gobierno todavía está haciendo gestiones para convencer a los partidos políticos y los gremios empresariales que participen.

Quienes tienen la idea que este Consejo va a ser una entidad independiente, que representa a la sociedad civil y concierta con el gobierno, debe leer lo que Casa Presidencial publica en su pagina oficial: "El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana surge como una iniciativa del presidente Sánchez Cerén para incluir a distintos sectores de la sociedad en la concreción de la estrategia de seguridad, consciente de la importancia de que toda sociedad salvadoreña debe ser partícipe de la solución al problema de inseguridad que vive el país desde hace años (…) Esta instancia forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que dirige el propio presidente de la República para afrontar de manera integral el fenómeno de la inseguridad en El Salvador".

Ya en otras publicaciones expresé que la oposición y el sector privado no deberían aislarse de este esfuerzo, pero tampoco dejarse instrumentalizar. Deberían participar con la intención de convertir el Consejo en un ente que pueda producir resultados y que no depende de la presidencia, sino que concierta con el gobierno y certifica ante la cooperación internacional que el gobierno cumple sus compromisos.

En todos los documentos del proceso de formación del Consejo, extrañamente ni siquiera aparecen las palabras tregua y pandillas. Para evitar que el Consejo arranque con un acto de amnesia y represión (no como término policial sino sicológico), aquí reproduzco la sinopsis de un artículo largo que en estos días publicaré en la revista española "Tiempos de paz", bajo el título: "Defensa de la tregua".

La tregua, como se ha dado a llamar el proceso de reducción de violencia de las pandillas en El Salvador, produjo en marzo 2012 una reducción de la tasa de homicidios de un promedio diario de 12 a uno promedio diario de 6. Esta reducción se sostuvo estable hasta finales de mayo 2013, debido a la construcción de un sistema nacional de mediación, en el cual participaron los mediadores iniciales, alcaldes, religiosos, ONGs y representantes de las pandillas. El gobierno, mediante el ministerio de Justicia y Seguridad, la dirección general de la Policía Nacional Civil y de la dirección de Centros Penales, facilitó el funcionamiento de este sistema de mediación, respetando el carácter independiente de los intermediarios.

A pesar de los logros de este proceso, que a partir de enero 2013 aterrizó en la concertación de pactos locales de paz y reinserción en 11 municipios (municipios sin violencia), sus promotores fallaron en el intento de generar apoyo en la sociedad civil, en la opinión pública y en el sector privado, para los supuestos principales de este proceso:

--Que había que abandonar la estrategia oficial vigente por décadas que había que desmantelar a las pandillas, y desarrollar condiciones para insertarlas en la vida social, legal y productiva del país;

--que en este proceso de reinserción, gran parte de los pandilleros (se estima que existen entre 40 y 60 mil en El Salvador) y sus bases sociales (se estima medio millón de salvadoreños) iban a abandonar la delincuencia y la violencia, siempre y cuando se les abrieran espacios de inserción laboral y productiva;

--que la única manera de producir esta reinserción, y por tanto pacificación, es en concertación con las pandillas y aprovechando sus liderazgos para generar, administrar y supervisar este proceso colectivo de inserción;

--que este proceso no supone una negociación entre gobierno y pandillas, sino un proceso dentro de la sociedad civil que decide reconciliarse con sectores al margen de la ley;

--pero que el gobierno tiene que asumir dos funciones: a) facilitar los mecanismos de mediación; b) aprovechar la reducción de la violencia lograda por la tregua para transformar los guetos donde surge el fenómeno pandillas.

Estos puntos no fueron bien comunicados. Por lo contrario, la oposición política, la fiscalía y los principales medios de comunicación crearon una presión política contra la tregua y la facilitación que el gobierno le brindaba tan fuente que el gobierno, en junio del 2013, se desmarcó del proceso y comenzó a obstaculizar los mecanismos de mediación. De todos modos, el gobierno nunca cumplió su promesa de inversión social en los municipios conflictivos.

Resultado de esto, la tasa de homicidios volvió a subir nuevamente. Sin embargo, al asumir en junio 2014 el nuevo gobierno, las pandillas expresaron que mantienen sus compromisos con el proceso de pacificación iniciado con la tregua y exigen al gobierno que reasuma su rol de facilitación y que cumpla su compromiso de invertir en la transformación de los barrios. También los mediadores han expresado su voluntad de seguir apoyando el proceso de reducción de violencia.

Al sólo estar disponible la revista con este análisis, de forma completa, con gusto la haré llegar a Casa Presidencial.

*Columnista de El Diario de Hoy.