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La defensa de la libertad nos concierne a todos

En un país como el nuestro y en tiempos como los actuales en que nos sentimos mermados por problemas delincuenciales, económicos, falta de empleo y otros que requieren de la inmediata intervención del Estado, adquiere más relevancia el papel que los medios de comunicación juegan para contribuir en la búsqueda de soluciones a esos problemas.

Porque, ¿de qué otra forma los salvadoreños podremos no solo conocer sino además valorar los hechos y tomar así decisiones pertinentes, si no recibimos el mapa completo de los mismos?

De allí mi interés particular y por sentirme además sujeto de persecución política por el simple hecho de expresarme, que decidí pedir explicaciones sobre la detención de un periodista del sitio digital El Faro y presenté una carta al señor Presidente de la República, solicitándole que haga uso de su potestad constitucional a fin de "observar" las reformas a la Ley Antilavado, sacando a los medios de comunicación de las mismas, bajo la convicción de que al incluirlos, se abre la posibilidad de que se convierta en un instrumento que lleve al "abuso de poder" a través de la coacción, la intimidación y la amenaza, por parte de las instituciones del Estado, a fin de censurar la libertad de expresión y la libertad de información y de prensa.

Los ciudadanos deben saber que los estándares internacionales sobre los sistemas de derechos humanos, tanto el interamericano, el europeo como el de Naciones Unidas, critican el uso de acciones penales contra medios de comunicación, y también deben saber que al solicitar se les excluya de esas reformas (porque además el GAFIC no hizo una solicitud expresa al respecto) se está velando por el derecho de la ciudadanía a recibir la información completa y transparente.

¿Es incompatible una reglamentación constitucional o legal con la libertad de prensa? Las respuestas a estas interrogantes, que tienen repercusiones sociales muy grandes, deberían ser motivo de reflexión en diferentes escenarios políticos y académicos.

Este debate debería hacerse de manera amplia y abierta y su promoción debería estar a cargo de las universidades e instituciones de educación superior, no sólo por su respetabilidad sino por constituir un campo neutral, donde se pueden expresar libremente todas las opiniones y llegar a conclusiones constructivas sobre un asunto de tanta trascendencia.

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe expresamente la censura previa y en su Declaración de Principios dispone que: "La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión".

Precisamente por cumplir una función pública que se equipara al ejercicio de la política, es necesario garantizar las condiciones para que no se cometa abusos en su contra, que además solo terminan afectando a la libertad de expresión y el derecho que todos los ciudadanos tenemos a la información.

Hasta ahora los medios de comunicación han sido los observadores y calificadores de la gestión de gobernantes, diputados, jueces, deportistas y funcionarios públicos, entre otros, lo cual es necesario para conocer y evaluar el trabajo de todos, así como para generar saludables cambios que garanticen la buena gestión pública.

Tenemos que comprender que en los medios de comunicación tenemos un formidable instrumento de persuasión y movilización social al servicio del bien común y de la solución de las calamidades nacionales. Incluirlos en leyes que los mantengan en constante vigilancia por parte del Estado es lo mismo que censurar o mermar su labor.

De un tiempo a la fecha hemos podido ver varios hechos que sumados, deben de despertar nuestra suspicacia: robos de información a periodistas y medios sin capturas hasta la fecha, retén ordenado para intimidar a periodista de El Faro, la intención de cargarles nuevos impuestos, intentos de subastar canales de manera fraudulenta y exprés, suscripción de protocolos que buscan regular el Internet, la restricción o negación de información pública y a otro nivel, callando a las voces que representamos a la ciudadanía, como ha sido el caso de Ana Vilma de Escobar y el mío, sometiéndonos a antejuicios sin fundamento legal --esto queda evidenciado con la anulación y sobreseimiento de la demanda, por los mismos hechos, contra Ernesto Muyshondt en instancia jurisdiccional--, donde no se han respetado leyes ni procedimientos y en los que antes de dictaminar, hubo voces que ya estaban anunciando que seríamos desaforados, la última de ellas emitida por el actual presidente de la Asamblea Legislativa en mi contra.

Recuerden los casos como aquel del decreto 412, finalmente vetado por el expresidente, con el que se pretendía "blindar" a los candidatos a la presidencia en las pasadas elecciones; en fin, son muchos ejemplos a los que nos podemos referir, que respaldan esta postura que hoy les presento.

Si bien desde que el FMLN asumió su segundo mandato presidencial hemos estado viendo dos posturas totalmente distintas: una la de sus jefaturas y otra muy diferente la del señor Presidente Sánchez Cerén, y basándome precisamente en esa sensatez que denota este último (esperando que esa sensatez sea sincera y no para guardar las apariencias), que he apelado no solo a su deseo de hacer bien las cosas sino a su compromiso, plasmado incluso con su firma en la pasada campaña presidencial, para respetar los principios de la "Declaración de Chapultepec", que regulan el respeto a la libertad de expresión, la libertad de prensa, de información y al libre flujo de la misma.

Quienes piensen que al defender a los medios de comunicación de las agresiones contra la libertad de prensa y de expresión es defender a un pequeño grupo, están muy equivocados. Defenderlos a ellos es asegurar una sociedad libre y democrática para todos.

*Diputado de la Asamblea Legislativa.