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Cuidemos la integración centroamericana

En las últimas semanas se han escuchado críticas a la integración regional debido al rol que están jugando ciertas instituciones políticas, tales como el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia. Es un momento importante para reflexionar sobre las virtudes y defectos de todo el proceso.

La integración económica centroamericana originada en los años 60 es sin duda, la fortaleza del sistema, mientras que las instituciones políticas de la integración son las débiles. Se debe reconocer que la integración económica de los pequeños países centroamericanos es trascendental para la viabilidad de la región y para maximizar las opciones de desarrollo, como objetivo común estratégico. La normativa regional fue el reflejo del acuerdo entre los cinco países firmantes: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, cuya visión fue iniciar con el establecimiento de una zona de libre comercio, avanzar luego a una unión aduanera, con el fin último de llegar a perfeccionar un mercado común.

En este sentido, a la fecha se encuentra liberalizado el 99 % de los productos, salvo aquellos considerados sensibles, cuyo comercio aún cuenta con ciertas restricciones. Recientemente el proceso se ha fortalecido con la incorporación de un nuevo integrante que es Panamá, uno de los líderes regionales en crecimiento económico.

Frente al mundo, Centroamérica tiene un arancel externo común armonizado en un 96 %, con un arancel promedio de 6.25 %. Han habido grandes avances, incluyendo normativa en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, prácticas desleales de comercio, servicios, entre otras áreas. Se cuenta también con el Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales, como un valioso instrumento. Están olvidados los días en que caprichosamente se cerraban las fronteras a los productos y los presidentes tenían que hablarse y decidir abordar el problema. Ahora se tienen procedimientos expeditos y predecibles. En términos generales es acertado señalar que la región cuenta con buena normativa y que si bien es perfectible, las reglas han favorecido el comercio regional.

Sin embargo, los retos siguen a la orden del día. Según estudios del BID, el transporte terrestre en Centroamérica es sumamente anticompetitivo. Se tiene excesiva y lenta tramitología, falta de coordinación de las entidades, una visión de recaudación fiscal que entorpece el comercio, entre otros. Si la región no toma medidas urgentes y ágiles, estamos mandando señales poco alentadoras para nuestros socios comerciales y emprendedores nacionales.

Si bien Centroamérica se ha fortalecido con el cambio de una concepción de soberanía tradicional hacia una de soberanía supranacional, deben considerarse los límites que imponen los órdenes constitucionales de cada país. Recordemos que la Corte Centroamericana de Justicia, establecida a inicios de los años 90, se trató de inmiscuir en asuntos internos como las elecciones de magistrados de la CSJ, además de resolver la inaplicabilidad de sentencias de la Sala de lo Constitucional de nuestro país, cuando su rol está enmarcado en el proceso de integración regional.

Por otra parte, recientemente se declararon inconstitucionales algunos artículos del Tratado Constitutivo del PARLACEN, sobre la forma automática en la que pasan a ser diputados los ex mandatarios. La Sala de lo Constitucional ya había decretado como medida cautelar que no se debía juramentar al expresidente Funes, pero el Parlamento actuó en franca desobediencia a dicha medida. El expresidente Martinelli, de Panamá, también ha corrido a juramentarse en el PARLACEN en medio de varias críticas en su país. Estas instituciones políticas de la integración no han tenido un rol trascendental y por el contrario, han contribuido al fuerte deterioro de la credibilidad del proceso integracionista.

Se debe revalorizar la integración regional. No existe una conciencia colectiva de pertenencia a una sociedad centroamericana, ni conocimiento de las competencias de tanta instancia regional, se hizo un recuento que existen más de 120. Es importante que se proceda a divulgar los beneficios de la integración, lo cual debe realizarse de manera decidida por parte de los gobiernos y entes regionales, involucrando al mundo académico, sociedad civil y sector privado, creando todos una estrategia coordinada. Para dar legitimidad al proceso, se debe evitar que ciertas instituciones se vuelvan el refugio de políticos salientes, a los que se les debe buscar un buen sueldo. Se debe propiciar mayor transparencia sobre el uso de los fondos que el país destina al proceso de integración.

Si bien el sistema de integración es multidimensional, no se debe permitir que los aspectos políticos menoscaben los económicos, reconociendo que el fin último de la región es el desarrollo económico, social y democrático. La institucionalidad regional y sus competencias deben ser replanteadas para responder a las exigencias de desarrollo y transparencia que demanda la región.

*Columnista de El Diario de Hoy.