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Contestación a Paolo Lüers

Estimado Paolo:

He leído con atención su carta dirigida al TSE sobre los debates presidenciales. En mi calidad de magistrado, he presentado un documento al organismo colegiado para estudiar la posibilidad de que el TSE institucionalice y organice el debate presidencial con la participación de TODOS los candidatos.

Cuando a inicios de los noventa comenzó en América Latina la "ola de los debates", funcionarios electorales, la clase política y otros sectores se plantearon cómo implementar este tipo de eventos. Unos organizaron debates en función de la forma de gobierno constitucional de sus países, sin una ley formal, y otros, promovieron reformas legislativas que perseguían garantizar el pluralismo político y la igualdad de oportunidades de todos los candidatos.

La Constitución salvadoreña expresamente establece que nuestro gobierno es "republicano, democrático y representativo". Cualquier análisis simple de estas categorías arroja elementos esenciales para fundamentar un debate, ya sea desde la posición estatal o desde la sociedad civil. Ambas iniciativas no serían excluyentes, por lo que se hace innecesario decretar una legislación secundaria sobre ese tema. Por otro lado, no existe absolutamente ningún inconveniente legal para que el TSE organice un debate.

El ejercicio de los derechos políticos descansa en un VOTO LIBRE E INFORMADO, y las autoridades electorales tenemos el deber de hacer realidad esa calidad de voto. Los debates son un medio para lograrlo, aparezca o no la palabra "debate" en las normas vigentes.

Usted, de forma engañosa, afirma que como no figura la palabra "debate" en la normativa electoral, el TSE carece de competencia para organizarlo. Recuerde que el Código Electoral confiere al TSE la función de "organizar y dirigir los procesos electorales", en donde los debates políticos encuentran su razón de ser y trascendencia. Sin un proceso electoral no hay posibilidad de un debate entre candidatos a cargos de elección popular.

También insiste erróneamente que los debates no son un asunto de Estado y que las autoridades electorales se mantienen al margen. En México, Costa Rica y Perú, por poner algunos ejemplos, las autoridades electorales tienen apoyo estatal para organizarlos. Pero no sólo eso, la normativa internacional de protección de los derechos políticos también reconoce esa acción. Le solicito que interprete el artículo 4 de la Declaración sobre los Criterios para Elecciones Libres y Justas, aprobada en París el 26 de marzo de 1994, donde se definen derechos y responsabilidades de los estados en los procesos electorales.

Lo que es incorrecto es descalificar al TSE recurriendo al agravio institucional. Porque la "poca credibilidad ética" que usted dice tiene el TSE no es cierta. Su percepción está muy alejada de la calificación bastante aceptable con la que nos favorece la ciudadanía en las encuestas. Además, debe reparar en que su ofensa es similar a la conducta que usted mismo, muy acertadamente, criticó días atrás contra varios dirigentes de un partido político por las declaraciones sobre la sospecha de fraude en el TSE.

Para finalizar, contrariamente a sus deseos de que los magistrados del TSE nos apartemos del cumplimiento de actividades que fortalecen nuestra forma de gobierno, seguiremos trabajando por favorecer un voto libre e informado. Le recomendamos instruirse mejor en los trabajos periodísticos de naturaleza electoral, porque desde esa trinchera el sistema de libertades se puede fortalecer.

*Magistrado del TSE