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La consecuencia de las mentiras…

El presupuesto y las pensiones en El Salvador aparentemente padecen del mismo mal. Ni el primero incorpora los ingresos y gastos reales ni las segundas están en crisis como lo afirma el gobierno central

La peor táctica de un partido político o de los gobiernos para alcanzar el “éxito” de sus objetivos es el uso de la mentira. Una cosa es la implementación de estrategias de comunicación para facilitar la comprensión de la población sobre las iniciativas ministeriales, y otra, muy diferente, es el empleo del engaño para conseguir adeptos a las resoluciones de las autoridades. 

Con la primera acción se intenta que los ciudadanos conozcan y asimilen, sin dificultades, las ventajas de un proyecto y comprendan que el sacrificio que se les pide se traducirá en beneficios para su grupo familiar. Cuando se aprobó el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), si bien en un inicio molestó a los usuarios de las carreteras por la imposición de una contribución especial a la gasolina, el buen estado en el que se mantuvo la infraestructura vial durante mucho tiempo y el ahorro que ello significó en términos de uso del combustible, generó posteriormente una aceptación colectiva de la decisión.

El embuste, por el contrario, puede conducir al descalabro de una gestión gubernamental. Esta es una conducta que debería provocar el rechazo absoluto de todo proyecto político por amañado y electorero. Sin embargo es difícil que las personas identifiquen estos comportamientos. Las preocupaciones cotidianas de la gente son otras. Quieren educación, salud y seguridad para sus hijos, deben pagar los préstamos hipotecarios de sus viviendas, reparar su carro, ahorrar para el transporte público del mes, cuidar a los más ancianos de la familia y un largo etcétera. Lo menos que hacen, con excepción de unos pocos, es vigilar a ministros, diputados, magistrados y al resto de los titulares o miembros de las instituciones públicas para denunciar actos de corrupción en el Estado. En las elecciones se fijan más en los spots publicitarios y no reparan en el origen del dinero con el que se pagan las inversiones de las campañas de los partidos. Y cuando se trata de temas aún más complejos, como la aprobación del presupuesto de la Nación o el resguardo de sus ahorros en los fondos de pensiones, no advierten en los riesgos de un exceso en el endeudamiento público o en los que causaría una reforma que afecte la propiedad del dinero que les descuentan mensualmente para cotizar a una AFP.

A la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, le han amenazado con un juicio político precisamente por la aplicación de presuntas tácticas fraudulentas para administrar la cosa pública. Le acusan de entregar un presupuesto del Estado ficticio, de financiar incorrectamente su campaña electoral y de no actuar diligentemente para detener una red de corrupción en Petrobras que cobraba millonarios sobornos y comisiones ilegales. Sus detractores señalan que presentó un presupuesto de ingresos y gastos falso. No obstante la contratación de préstamos para sufragar programas sociales con el apoyo de bancos estatales, esas obligaciones no fueron incluidas en las respectivas partidas presupuestarias, todo con el propósito de llevar ante el Congreso un instrumento sin déficit alguno. Esta acción desencadenó la reacción del Tribunal de Cuentas de la Unión, que rechazó las “cuentas públicas” de 2014 lo cual no ocurría desde 1937. Lo mismo sucedió con el Tribunal Supremo Electoral al enterarse sobre la posibilidad de un patrocinio ilícito de la campaña presidencial de la presidenta Rousseff, lo cual podría terminar anticipadamente con su mandato de acuerdo a la ley.

Si la gobernante brasileña pierde el apoyo de sus aliados, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, las posibilidades que prospere un juicio político en su contra por los escándalos en los que presuntamente está involucrada son muy altas. La buena noticia es que, de forma similar a otros casos en la década de los noventas y en la primera década y media del Siglo XXI, las crisis políticas del presidencialismo son resueltas por la vía constitucional y no por medio de golpes militares, como pasó frecuentemente entre los sesentas y ochentas en América Latina. Lo negativo es que agregaremos, a la ya larga lista de alborotos políticos, un suceso más que involucra a un Jefe del Ejecutivo por el mal uso de los instrumentos públicos con los que cuenta para administrar el país.

El presupuesto y las pensiones en El Salvador aparentemente padecen del mismo mal. Ni el primero incorpora los ingresos y gastos reales ni las segundas están en crisis como lo afirma el gobierno central. En uno y otro caso parece que la demagogia y la desesperación por la falta de recursos han motivado acciones equivocadas de los funcionarios. Ojalá que pongan las “barbas en remojo” y que los ciudadanos comprendan el peligro que representa una mentira estatal.


*Columnista de El Diario de Hoy.