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La condena moral

Hace varias semanas, el presidente del principal ente contralor, en una declaración que sorprendió a la sociedad salvadoreña, informó sobre el hallazgo de una peligrosa y comprometida situación al interior de la institución que preside. Cientos de expedientes que contenían presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos fueron archivados y en consecuencia la acción para reclamar algún tipo de responsabilidad a los titulares de las instituciones investigadas ya no era exigible debido al transcurso del tiempo. Ese "no hacer" por parte de quienes tenían la obligación de actuar alimentó el rechazo ciudadano. Más de 250 expedientes no se tramitaron conforme lo establece la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

Ante semejante situación, el paso siguiente era solicitar a la instancia competente que investigara las razones por las cuales no fueron procesados esos casos. Lo mínimo que podía esperarse es que los que presidieron la Corte de Cuentas durante esa época explicaran lo sucedido y si existían razones que los eximieran a ellos de cualquier tipo de responsabilidad, que las detallaran y contribuyeran a identificar a los culpables de ese intolerable incumplimiento de deberes. Por el contrario, la denuncia no fue contra los expresidentes de la Corte de Cuentas sino contra los exfuncionarios señalados en los expedientes archivados. Coincidentemente todos son de una sola administración de gobierno y la mayoría de ellos ocupan actualmente cargos en el Estado, en organizaciones privadas o en entidades internacionales, desde los cuales han realizado críticas al gobierno de turno.

Uno por uno, el presidente de la Corte de Cuentas fue leyendo el nombre de los extitulares de las instituciones auditadas, enumeró los señalamientos que se les imputaban y la cantidad de dinero que representaban. La cifra total fue de veintidós millones de dólares. Los presuntos culpables se enteraron de esas anormalidades a través de los medios de comunicación. El aviso estaba dado y el impacto mediático en medio de una campaña electoral era inminente. "Exfuncionarios del principal partido de oposición política son acusados de corrupción".

Para declarar la responsabilidad de un funcionario en la mala administración de los fondos públicos, debe cumplirse con un proceso establecido en la ley que le garantice su legítima defensa. Primero se realiza un examen en la institución respectiva sobre el uso de los fondos, luego se elabora un informe que detalla los reparos, posteriormente se desarrolla un "juicio de cuentas" en el que de resultar condenado el servidor público en primera instancia, puede apelar a una segunda instancia y si en esta última confirman la resolución del tribunal inferior, tiene derecho a solicitar la revisión de la sentencia.

En cada etapa hay plazos, garantías que respetar, procedimientos que cumplir y oportunidades para defenderse y comprobar que no se hizo mal uso de los recursos del Estado. Sin embargo, en las situaciones aludidas, se obviaron todas esas etapas y se condenó moralmente a los exfuncionarios indicando los millones por los que cada uno habría tenido que responder si los casos no hubieran sido archivados, sin que tuvieran ni una tan sola posibilidad de conocer los reparos de los auditores ni mucho menos de presentar las pruebas de descargo. Se les dijo que "no se preocuparan", que su proceso "estaba prescrito" y que ellos no eran culpables porque "ni siquiera sabían que existían esas diligencias en su contra" ya que nunca les fueron notificadas.

Las posibilidades que la Corte de Cuentas encuentre anomalías en la administración de millones de dólares son siempre muy altas. A las instituciones del Estado se les asigna anualmente un presupuesto que debe ser invertido para el cumplimiento de sus atribuciones. Con este dinero contratan personal, adquieren bienes y servicios, construyen infraestructura pública como hospitales, escuelas y carreteras, diseñan campañas de educación cívica, compran medicamentos, etc. A diferencia del sector privado y por tratarse de los impuestos de todos los ciudadanos, el uso de esos recursos es supervisado por auditores de la Corte de Cuentas de la República. Esta institución se encarga principalmente de verificar que los funcionarios públicos cumplieron con lo establecido en las leyes y los contratos para la inversión de los fondos entregados. Si no lo hicieron y no logran desvanecer las incongruencias encontradas, entonces deben responder inclusive con cárcel si existe la configuración de un delito.

A los afectados se les sometió a un juicio mediático, se les violentaron sus garantías constitucionales y se les trató como una pieza más en la contienda electoral. Esta acción deliberada es síntoma de una patología más grave. Es señal del deterioro institucional que se ha enraizado en el sistema político salvadoreño. Fue inmoral archivar los expedientes porque no conoceremos la verdad. Pero quizás es mayor la omisión de la sociedad si ante la manipulación institucional calla para evitar que vayan contra ella.

*Columnista de El Diario de Hoy.