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Cinco años para alcaldes y diputados y un obsoleto TSE

Durante la última plenaria legislativa los diputados acordaron ampliar los períodos para los cuales son electos ellos y los alcaldes. Ahora serán proclamados para cinco años y, como ya estaba regulado, podrán ser reelectos de manera indefinida. La Asamblea se apresuró a respaldar esta iniciativa, innecesaria desde todo punto de vista, e ignoró el clamor ciudadano que exige una transformación profunda en el Tribunal Supremo Electoral.

La justificación para el caso de los ediles municipales fue la de no contar con el tiempo suficiente para concluir las obras prometidas. Los ejemplos de los exalcaldes de San Miguel y de Ahuachapán que permanecieron en sus cargos por doce y quince años, respectivamente, y el de Milagro Navas, la exitosa gobernante de Antiguo Cuscatlán que cumplirá en el año dos mil dieciocho tres décadas administrando el municipio, desmontan con facilidad la tesis de los que justifican la reforma porque califican como de muy corta duración el tiempo para el que son investidos los alcaldes. Si en realidad están cumpliendo su oferta electoral es muy alta la posibilidad que los ciudadanos revaliden por varios períodos adicionales el nombramiento de quienes dirigen los gobiernos locales. 

En cuanto a los legisladores, nombrarlos para cinco años complica, entre otras cosas, la designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, porque el espíritu de los firmantes de la paz al proponer reformas al mecanismo de elección de los titulares del máximo tribunal de justicia fue que una misma legislatura no pudiera renovar dos tercios de los magistrados que la componen. También existe el riesgo que una correlación de fuerzas políticas que responda a la corrupción por la "compra y venta de votos" se mantenga durante un quinquenio, o que una mayoría, legítima y no incentivada por los sobornos, que favorezca al gobierno o a la oposición, permanezca por ese período generando un monopolio que beneficie al oficialismo o, en su caso, si los partidos contrarios obtienen la ventaja de votos, provoque una parálisis en la implementación del plan de gobierno de la administración de turno.

Otro de los argumentos para aumentar el ciclo legislativo es que el país permanece en incertidumbre constante por la cercanía en la celebración de los procesos electorales. Con la reforma se pretende dejar un espacio de dos años entre las presidenciales y los comicios legislativos y municipales. En la actualidad, la sensación de encontrarnos permanentemente en campaña electoral se debe, principalmente, al incumplimiento de los plazos establecidos en la Constitución y en el Código Electoral para la realización de esa actividad partidaria. Si la legislación se hiciera efectiva, la propaganda electoral se permitiría "cuatro meses antes de la fecha establecida por la ley para la elección de presidente y vicepresidente, dos meses antes cuando se trate de diputados, y un mes antes en el caso de los Concejos Municipales" (Artículo 81 de la Constitución de la República).

Esa disposición es ignorada elección tras elección por partidos y candidatos. Las campañas inician un año o año y medio antes del evento electoral y por tanto la polarización política y la parálisis en las distintas esferas del Estado se prolonga por doce o más largos meses. Toda esta historia sucede con la complicidad de la autoridad electoral que no impide y mucho menos sanciona a los infractores de la ley. 

Con este antecedente, y habiéndose aprobado la reforma constitucional sin modificar al mismo tiempo la drasticidad del castigo para quienes evadan las reglas de la competencia electoral, seguramente los dos años de "tranquilidad" que según los diputados garantiza la modificación constitucional terminarán reduciéndose a un año o menos y la aspiración de "paz electoral" que se pretendía habrá fracasado. Una pena realmente disuasiva para respetar los plazos de campaña es la de cancelar a los partidos transgresores así como la anulación de la candidatura de aquellos que violen las restricciones legales respectivas.

Mientras tanto la modernización del árbitro electoral no fue un tema relevante en la pasada sesión plenaria. Los diputados le dieron la espalda al proyecto de reforma que desde 2012 presentó el movimiento ciudadano Aliados por la Democracia para crear dos instancias en materia electoral: una que organice las elecciones y en la que los partidos políticos ejerzan funciones de vigilancia, y otra que se dedique exclusivamente a administrar justicia electoral. De mantenerse la concentración de funciones en el actual TSE y sin los ajustes en los castigos para quienes evadan la normativa electoral, la ampliación de los períodos de alcaldes y diputados servirá únicamente para que los malos funcionarios aseguren veinticuatro meses más de salarios y privilegios, adicionales a los treinta y seis con los que ya contaban.

*Columnista de El Diario de Hoy.