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¿CICIG o reforma institucional?

Los cinco fenómenos criminales priorizados para su investigación por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala son el contrabando, la corrupción administrativa, el financiamiento electoral ilícito, la corrupción judicial y el narcotráfico y lavado de activos. Entre las diversas manifestaciones que se pueden identificar en materia de contrabando se hallan: el paso ilegal de contenedores; la alteración de las características de la documentación, mercancía (peso y aranceles aplicables, entre otros) que permite un cálculo del impuesto mucho menor del debido, y la devolución del IVA o del crédito fiscal proveniente de exportaciones ficticias.
En cuanto a la corrupción administrativa se han establecido prácticas aparentemente corruptas y en circunstancias que las podrían favorecer. Al respecto destacan la malversación de fondos públicos a través de contrataciones administrativas irregulares; la utilización de mecanismos que permitan desconocer contratos adjudicados por sus antecesores, con el único fin de hacer adjudicaciones a amigos del funcionario de turno y/o a los grupos de poder que los rodean; el nombramiento de asesores y personal interino, para estructurar sus grupos de corrupción y/o para la retribución de favores; una Contraloría General de Cuentas con disminuida capacidad y mecanismos de control inefectivos, y la falta de auditoría ciudadana a la gestión del empleado público. 
Respecto del financiamiento ilícito de los partidos se señala la relación de miembros de organizaciones criminales con actores políticos del orden nacional, regional y municipal. La Comisión desarrolla dos investigaciones que permitirán recaudar la prueba que lleve a estructurar casos sólidos sobre financiamiento ilícito de campañas electorales o de la asociación de políticos con organizaciones criminales para poner de manifiesto esa relación político-criminal.
En el ámbito de la corrupción judicial, la CICIG adelanta al menos seis investigaciones que determinarán la posible relación entre funcionarios públicos y estructuras paralelas de poder que pretenden controlar las instituciones nacionales de justicia a través del poder económico o político.
Con relación a la temática sobre narcotráfico y lavado de activos, la CICIG promueve siete casos de investigación, los cuales toman en cuenta elementos generales contenidos en instrumentos internacionales de lucha contra este delito. Al respecto, la legislación guatemalteca define como lavado de dinero u otros activos, aquella actividad ilícita que permite incorporar en el sistema financiero nacional o internacional, recursos financieros o económicos originados en actividades delictivas. El narcotráfico ha sido asumido como un delito precedente al lavado de activos. Por esta razón, las investigaciones asumen el delito de tráfico de drogas como una fuente de activos para el lavado.
La CICIG también ha transferido capacidad operativa para la investigación criminal a las institucionales nacionales guatemaltecas. Destacan en este ámbito la libertad probatoria, los métodos de análisis criminal, la tramitación de casos conjuntos, la consolidación de la Dirección General de Investigaciones Criminales y el “Programa de apoyo a la seguridad y la justicia en Guatemala”. La libertad probatoria permite emplear cualquier medio de prueba no prohibido expresamente por la ley o que no resulte manifiestamente impertinente. Este principio procesal convierte la investigación criminal en una actividad eminentemente creativa dirigida a superar el estado de incertidumbre para descubrir la verdad, y por ende, se rige íntegralmente por el principio de objetividad.
Existe un consenso sobre el desarrollo positivo que fiscales y auxiliares del Ministerio Público han experimentado en el último período así como mejoras sustanciales en las destrezas técnicas para elaborar planes de investigaciones y formular peticiones pertinentes y efectivas ante el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. 
En agosto de 2014 se concretaron capacitaciones sobre métodos de análisis financiero, detección de capitales, narcotráfico, corrupción institucional y análisis criminal e identificación de estructuras. Fueron capacitados un total de 65 funcionarios de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Fiscalía contra la Corrupción, Fiscalía contra el Lavado de Dinero, Fiscalía de Delitos Administrativos, Fiscalía de Delitos Económicos y del Departamento de Análisis Criminal.
La CICIG también ha realizado informes temáticos y productos específicos. Entre los primeros destacan los informes sobre trata de personas con fines de explotación sexual; el vínculo entre violencia contra la mujer, crimen organizado e impunidad, y el financiamiento de los partidos políticos. En cuanto a los segundos se creó un sistema de medición de la impunidad en Guatemala y una agenda mínima de reforma del sector justicia.
En El Salvador los máximos responsables del Gobierno y el liderazgo del partido oficial han expresado su absoluto rechazo al establecimiento de una Comisión de este tipo. Si por ahora se resisten a debatir el impacto que esa instancia tendría en el combate a la corrupción, harían bien con discutir, por lo menos, una reforma institucional tomando como hoja de ruta a parte del plan de trabajo de la CICIG.


*Columnista de El Diario de Hoy.