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Caso Roberto Rubio y una ley contra "troles" (Comunicaciones maliciosas)

En nuestro país estamos tan acostumbrados a los ataques y a la polarización política que muchas veces eso limita los esfuerzos por canalizar la indignación y malestar que esos ataques políticos causan en la vida de las personas afectadas. Hace unos días Roberto Rubio fue víctima del más reciente y sonado caso de acoso cibernético que fue dirigido cobardemente a más miembros de su familia. Rubio es representante del capítulo de Transparencia Internacional en el país y director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, Funde.

Este tipo de ataques busca desprestigiar la imagen, la moral y la dignidad de las personas, con el objetivo de amedrentar su causa o su participación en la política, o peor aún, para silenciar sus denuncias contra las irregularidades de ciertos funcionarios públicos.

La Anep, la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), y Aliados por la Democracia, salieron en defensa de las libertades democráticas en riesgo por este tipo de amedrentamiento, y mostraron su repudio ante este tipo de prácticas de ataques políticos en Internet, algo loable, pero se puede hacer mucho más, de hecho están invitados a hacer más por la importancia que sus instituciones representan en la vida democrática del país.

Rubio no es la primer persona que sufre estos ataques, decenas y decenas de personajes políticos partidarios y no partidarios han sido víctimas en los últimos años de estas prácticas de acoso, ya como una práctica sistemática y aparentemente con financiamiento permanente para operar redes sociales y páginas webs especializadas para cometer estos delitos, lo cual lo ubica en el nivel máximo de alerta.

Reino Unido, compuesto por Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, comparten además de una bandera, una cultura y un legado histórico importante para la humanidad, tanto así, que ponen ante nuestros ojos una solución sumamente práctica que ellos empezaron a anticipar desde 1988 con la Ley de Comunicaciones Maliciosas (LCM 1988), "The Malicious Communications Act 1988".

La LCM 1988, tiene otra ley hermana, la Ley de Protección contra el Acoso 1997, que incluyó todo lo relacionado al acoso y difamaciones en la Internet, y más recientemente la LCM 1988 tuvo su principal modificación en 2003, creándose así la LCM 2003. Todas protegen de alguna u otra forma contra las amenazas de muerte, acoso de toda índole, "offline" (vida real) u "online" (Internet), difamaciones, etc., de hecho, la legislación del Reino Unido permite solicitar las identidades de los "troles" a Twitter y Facebook para procesar penalmente aquellas cuentas que han hecho cualquier tipo de daño al ofendido.

Para ver la efectividad de esta ley basta con analizar una cifra, en Reino Unido, de noviembre de 2010 a noviembre de 2013 fueron procesados legalmente más de 6,300 cuentas de troles, de los cuales casi 4,000 fueron ya condenados y amonestados bajo el artículo 127 de la LCM 2003, "uso inapropiado de mensajes públicos vía electrónica", los cuales son "sumamente ofensivos, indecentes, obscenos o de carácter amenazante".

Roberto Rubio no es la primera persona a la que acosan ciberneticamente, pero sí podría ser la última, si él, y las organizaciones a las que tiene acceso, como DTJ, Anep, Aliados,Transparencia Internacional, entre otras, se organizan y hacen lo que tienen que hacer: canalizar toda esa indignación al escenario correcto, la Asamblea Legislativa. En estos casos se requiere menos conferencias y comunicados y más lobbying y concientización de líderes políticos.

Al final, y en última instancia, la decencia, probidad y prontitud de las leyes que protejan nuestros derechos y libertades ciudadanas dependen de los diputados, hoy más que nunca, cuando inicia la nueva bancada legislativa es cuando tenemos que exigir más y ver de qué lado están nuestros diputados electos, del lado de los troles o del lado de la defensa de la libertad de expresión.

* Economista.

@marlonmanzano_