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La burda descalificación de un tema de seguridad nacional

Recientemente la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de República, con la finalidad de propiciar el inicio de una investigación penal orientada a confirmar o desvirtuar la presencia de miembros del brazo armado de Hezbolá en territorio salvadoreño, organización considerada por varias naciones como grupo terrorista. Voceros de la gremial han sostenido ante los medios de comunicación que personas vinculadas a esa y otras agrupaciones similares laboran como asesores para la empresa Alba petróleos de El Salvador.

La acusación formal hecha por la ANEP ante las instancias oficiales correspondientes, ha conllevado una respuesta mediática de parte de la empresa señalada. Julio Villagrán, gerente de mercadeo de la compañía, ha circulado por todos los programas de opinión controvirtiendo la temática. No obstante, la actitud, discurso y tono de sus intervenciones, en vez de disipar dudas, levantan aún más sospechas.

El semblante, actitud y argumentos empleados por el ejecutivo han sido eminentemente políticos, similares a los que hubiese utilizado un diputado o alcalde del partido oficial para defender su proyecto. Las descalificaciones, amenazas, insultos, tono sarcástico y obvia carga política invariablemente presentes en las declaraciones de Villagrán, distan mucho del abordaje corporativo, serio, sobrio y profesional que se esperan de una empresa del tamaño y alcance de Alba Petróleos, ante una acusación de similar envergadura a la hecha por la ANEP. Estas particularidades de las intervenciones del gerente de mercadeo revisten la posición de su compañía con los elementos más negativos y, desgraciadamente, típicos del discurso político salvadoreño, responsables de generar escepticismo, apatía, desinterés y desconfianza entre la ciudadanía para con la clase política.

La mayoría de personas ve el extremismo islámico y sus actos terroristas como algo foráneo y distante a la realidad de nuestro país. Sin embargo, la expansión de organizaciones como Hezbolá en Latinoamérica es un tema de preocupación en círculos de seguridad e inteligencia desde hace algún tiempo, ya que existen casos concretos que ilustran la circulación de personas vinculadas a dichas agrupaciones en el Istmo. Hace unos años, por ejemplo, en este mismo espacio discutí las implicaciones de la alerta emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación a la posible presencia en Honduras de Khalil Al-Rahman Haqqani y Said Jan Abd AlSalam, supuestos miembros de la red terrorista Al Qaeda.

Ejemplos como el anterior son espacialmente complicados considerando que muchos expertos extranjeros, de diversas trayectorias, coinciden en que el ALBA es utilizada por países que profesan el islamismo radical para infiltrar espías y otros operadores de redes terroristas, establecer centros de inteligencia bajo la facha de mezquitas y reclutar adeptos en países miembros. En una audiencia celebrada en julio de este año por el comité de seguridad doméstica de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por ejemplo, el experto en seguridad Joseph Humire del Centro para una Sociedad Libre y Segura, declaró que, de acuerdo a su investigación sobre el tema, a través del ALBA estados islamistas radicales han: (1) creado esquemas bancarios para superar sanciones establecidas como consecuencia de su apoyo a organizaciones terroristas; (2) obtenido identificaciones falsas para entrar a Norteamérica; (3) establecido capacidades militares en el hemisferio.

Las acusaciones de la ANEP no son aisladas o coyunturales, responden a indicios y hallazgos que dominan el análisis técnico de expertos en seguridad a nivel internacional sobre la invasión del extremismo islámico en Latinoamérica. Esto conlleva peligrosas consecuencias para el país y no debe de verse a la ligera o desde una perspectiva política. La elección de Alba petróleos de abordar el tema con Villagrán y sus particulares intervenciones, ante este escenario, sólo siembra más dudas y sospechas a la ciudadanía. Las autoridades deben de ahondar en la temática, ya que representa una clara amenaza para la seguridad nacional.

*Criminólogo

@cponce_sv