Lee la versión Epaper
Suscríbase
Lee la versión Epaper

La batalla por las comunidades

A

l hablar de la violencia social se afirma con frecuencia que un elemento para lograr su mitigación es la recuperación de los territorios por parte de los cuerpos de seguridad. Dado que la confrontación entre autoridades y pandillas no es una guerra de posiciones, más que de territorios geográficos se trata de conquistar las comunidades que viven en esos territorios. Las pandillas, nacen, viven, se nutren y se multiplican con las comunidades. Son el ámbito natural en el cual se mueven, pues son el resultado de lo que la sociedad es.

Por su parte, la policía comunitaria es un esfuerzo de las autoridades por insertarse en el tejido social para que los ciudadanos vean a las fuerzas del orden como aliados. Es un intento por disputar la confianza de las comunidades a las pandillas y poder incidir con acciones de prevención a la violencia al mismo tiempo que se la combate con los recursos de ley.

Los logros que la estrategia de la policía comunitaria puedan producir son desbaratados por la estrategia de los batallones de reacción inmediata que no reconocen otros protocolos o procedimientos que los del uso desmedido de la fuerza. Ingresan a las comunidades enmascarados, portando armas de guerra, con despliegue de helicópteros y tanquetas, derribando puertas con almádanas y deteniendo a quienes olvidaron sus documentos o que simplemente se encontraban en sus casas.

Los falsos positivos, o personas inocentes que son detenidas y presentadas como culpables o sin las pruebas requeridas para su detención, constituyen una violación a los derechos humanos y uno de los elementos que mayor repulsión produce en las comunidades.

La misma Policía Nacional Civil reporta que el 84% de las personas que captura quedan posteriormente en libertad, no sin antes haber sido humillados, expuestos a los medios de comunicación, a veces golpeados, y perdiendo empleos por encontrarse detenidos. De un total de 17,534 detenciones que ha realizado en los primeros seis meses del año, solamente 1,630 tenían orden administrativa y otros 1,300 orden judicial de arresto. Los restantes 14,604 fueron detenidos sin que se les imputara ningún delito. Solamente por el criterio subjetivo de algún agente u oficial.

Las capturas arbitrarias tienen como objeto el dar la impresión de eficacia, tanto hacia las jefaturas de la PNC y del Ejército, como ante la opinión pública. Para efectos de combate al delito no tienen ningún resultado y en la batalla por ganar el favor de las comunidades son una gran pérdida en lugar que algo que los vecinos agradezcan.

En el icónico caso del asesinato de dos soldados que custodiaban una estación del Sitramss, de las 53 capturas que se produjeron, todos quedaron en libertad. Aun cuando se mencionó que el hombre que fue fotografiado al huir del lugar de los asesinatos había sido capturado, días después se reconoció que tal cosa era un error. A pesar del operativo de fuerza y de las múltiples capturas ninguno de los hechores auténticos ha sido detenido.

Estas acciones de fuerza que no poseen ninguna eficacia contra el delito, deterioran cada vez más la poca confianza que la ciudadanía tiene en las autoridades. Si esto no se corrige pronto, las inversiones que se planean como parte de la implementación del Plan El Salvador Seguro, del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, no producirán los resultados esperados. Serán acciones semejantes a las de Conara en tiempos de la guerra. Un intento infructuoso por ganar a las comunidades.

*Colaborador de El Diario de Hoy.