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Ataco: ¿Hay voluntad de cambiar el rumbo?

El papel de Ataco está lleno de buenas intenciones: “compromiso de respeto a la Constitución”; “rechazo a todas las formas de violencia”; “voluntad al diálogo”; “generar un ambiente respetuoso”...

Surgió de la reunión interpartidaria una “Declaratoria Conjunta de Ataco”. Menos mal que no lo llamaron “Pacto de Ataco”, porque todos lo hubiéramos comparado con el “Pacto de San Andrés” del 1994, que nada aportó a la unidad nacional, sino más bien profundizó la polarización: Fue un pacto entre ARENA y un grupo de disidentes del FMLN, excluyendo al FMLN. Y al fin no sirvió más que para subir el IVA del 10 a 13 %. Todas las demás declaraciones de buena voluntad quedaron en… declaraciones de buena voluntad. Sin embargo, no hubo voluntad…

También el papel de Ataco está lleno de buenas intenciones: “compromiso de respeto a la Constitución”; “rechazo a todas las formas de violencia”; “voluntad al diálogo”; “generar un ambiente respetuoso”; “solución integral a la problemática de la seguridad ciudadana”… Estas declaraciones se escapan de cualquier análisis crítico, porque son tan básicos como decir: No vamos a hacer nada ilegal. El tiempo juzgará, más temprano que tarde.

Mejor vamos a los acuerdos más concretos, todos en el marco de Seguridad.

¿Prevención o represión?

“a) Conformación de un comité interpartidario que facilite la creación de un marco específico relativo a la prevención, readaptación, reinserción y rehabilitación, acorde con el Resultado 5 del Plan El Salvador Seguro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, tomando como base el anteproyecto de la ley de reinserción y rehabilitación que se encuentra en consulta, y previendo medidas acorde a la situación de violencia actual, de conformidad al artículo 13 de la Constitución”.

Esto provoca inmediatamente algunas preguntas y dudas. 

Primero: ¿Estarán el gobierno y el FMLN dispuestos a rediseñar el anteproyecto de Ley de Reinserción, de manera que deje de ser una ley de rendición para delincuentes individuales, y se convierta en un real incentivo para las pandillas a reinsertarse? 

Segundo: ¿Cómo piensan promover la reinserción sin hablar y dialogar con los que hay que reinsertar? O sea, ¿están dispuestos a abrir caminos de diálogo?

Tercero: El artículo 13 de la Constitución que citan contiene las garantías contra detenciones arbitrarias (“La detención para inquirir no pasará de setenta y dos horas y el tribunal correspondiente estará obligado a notificar al detenido en persona el motivo de su detención, a recibir su indagatoria y a decretar su libertad o detención provisional, dentro de dicho término”), pero también medidas de excepcionalidad: “Por razones de defensa social, podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación, los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa, revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad o para los individuos. Dichas medidas de seguridad deben estar estrictamente reglamentadas por la ley y sometidas a la competencia del Órgano Judicial”. ¿A cuál de las dos se refieren los partidos? ¿La garantía constitucional o las medidas excepcionales? ¿Están todos los firmantes hablando de lo mismo, o hablan unos de reforzar las garantías constitucionales y otros de un estado de excepción?

Los medios

“d) En el marco del respeto irrestricto a la libertad de prensa y libertad de expresión, exhortamos a los medios de comunicación social contribuyan en la construcción de un ambiente acorde a los avances y esfuerzos que institucionalmente se realizan en materia de seguridad ciudadana”.

¿Realmente existen avances en materia de seguridad pública? ¿Realmente los partidos tienen coincidencia sobre esto? Yo lo dudo. ¿Y qué esperan que los medios hagan cuando encuentren indicios que no hay avances sino serios retrocesos, o indicios que en materia de seguridad existen esfuerzos extra-institucionales y extra-legales para combatir la delincuencia? ¿Van los medios tener que enfrentarse a un frente unido de partidos para cumplir su tarea de informar a los ciudadanos y de controlar el ejercicio del poder? ¿Sobre esto hay consenso? Yo lo dudo.
¿Hay voluntad de enderezar el rumbo?

Detrás de todas estas dudas hay una de fondo: ¿Realmente la oposición acepta respaldar el plan de seguridad del actual gobierno? 

¿O será que el FMLN ha expresado voluntad de cambiar su estrategia actual, la cual, lejos de disminuir la violencia, la ha incrementado? Eugenio Chicas, en su entrevista el martes 1 de septiembre con Nacho Castillo, dijo que en Ataco la oposición avaló el plan de seguridad del gobierno y prometió colaborar en su financiamiento. Esta es la forma como el gobierno y el FMLN quieren proyectar la reunión de Ataco: un pacto de apoyo al gobierno. Hasta spot de TV está saliendo ya…

Jorge Velado desmiente a Eugenio Chicas: No es un pacto de apoyo a las políticas del gobierno. Es un intento de enderezar el rumbo. Parece que no están hablando de la misma reunión.

Ahí está precisamente el problema: ¿Qué sentido tienen “acuerdos nacionales”, si no llevan a cambios de rumbo? ¿Qué mecanismos pueden incluirse en los acuerdos interpartidarios para evitar que el gobierno siga haciendo lo mismo?

En el tema Seguridad este dilema se hace evidente. El FMLN pone sobre la mesa de negociación el “Plan El Salvador Seguro”, que surgió del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Pero este no es el plan de seguridad que el gobierno está ejecutando. Por incompleto e impreciso que sea el “Plan El Salvador Seguro”, si se hubiera ejecutado en lo que va del año 2015, ahora no tuviéramos 900 homicidios al mes. El plan de seguridad que el gobierno (y sus fuerzas públicas) están ejecutando en la realidad no es el que se discutió en el Consejo, y tampoco estaba sobre la mesa en Ataco. Es un plan de súper mano dura. 

Los préstamos

Donde de manera más clara se hace manifiesto el dilema de la oposición es en el punto que toca los 900 millones de dólares:

“e) Solicitud a la Asamblea Legislativa para que envíe una exhortación a la honorable Sala de lo Constitucional para que agilice la resolución del proceso 35/2015 relativo al recurso de inconstitucionalidad con relación a la contratación de préstamos y colocación de bonos por 900 millones de dólares”.

El gobierno y el FMLN interpretan este párrafo como compromiso de la oposición de aprobar al gobierno los 900 millones, una vez que la Sala regrese la pelota a la Asamblea. Pero ARENA obviamente no firmó ningún compromiso de este tipo. Esto pasó cuando con el afán de producir algún resultado se deja afuera de la negociación los puntos primordiales. La negociación verdadera, la que cuenta, será en el Asamblea a la hora de votar o no por los 900 millones , y votar o no por una Ley de Responsabilidad Fiscal con dientes. Ahí veremos si el paseo a Ataco sirvió para algo…

Otra vez: El rumbo

Me quedo con la interrogante principal: ¿Cómo dar sentido real a “acuerdos nacionales”? Hay que buscar formas que aseguren que salgan políticas nuevas y que no se siega en el rumbo equivocado. Y de repente la sorprendente reflexión que hace poco publicó Luis Mario Rodríguez sobre un “Gobierno de Unidad Nacional” ya no parece tan descabellada. Por lo menos invita a entrar en serio en este debate: ¿Cómo enderezar el rumbo del país?

*Columnista de El Diario de Hoy.