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El agro en una estrategia de seguridad

La sociedad salvadoreña está afectada por los elevados niveles de violencia, criminalidad y miedo, al grado tal, que al ciudadano común se le ha restringido la libertad, afectando su calidad de vida y la convivencia armónica; limitando sus opciones de desarrollo humano por la erosión del Estado de Derecho y la democracia.

Lo que el país necesita con urgencia es fortalecer la prevención social que contenga la violencia y la delincuencia; incidir en las causas que las generan, buscando propiciar la cohesión comunitaria y el fortalecimiento del tejido social, con acciones coordinadas de los tres órganos del Gobierno, la sociedad civil organizada, las instancias nacionales e internacionales y la ciudadanía.

Si lográsemos incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía en la prevención social, mediante su participación y el desarrollo de competencias, encontraremos soluciones a las variables asociadas a factores de riesgo, que inciden en el desarrollo de las comunidades y barrios, a partir de la detección y facilitación de servicios, facilidades, actividades y acciones contra las vulnerabilidades, así como el disuadir los patrones de conducta antisocial que existen en la localidad.

La violencia e inseguridad está concentrada en territorios caracterizados por altos niveles de exclusión social crónica, convergencia de factores de riesgo, acceso restringido a los servicios públicos y débil articulación de los mismos en un contexto de patrones culturales portadores y reproductores de violencia y familias debilitadas en el cumplimiento de su misión de socialización.

El campo, también es un territorio que necesita con urgencia atención de seguridad. Actualmente se considera una de las áreas más problemáticas para fomentar las inversiones y el desarrollo productivo agropecuario. La extorsión galopante es uno de los factores de freno a la inversión y el desarrollo.

Si se refuerzan políticas para fortalecer la seguridad en el campo, ampliando el patrullaje de Grupos de Tarea Conjunta de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada, con los recursos necesarios para su operatividad, activando el Plan Triángulo Productivo por parte de las autoridades de seguridad pública, con la participación de la PNC rural, se puede garantizar el evitar el robo de ganado y el robo del café, tanto en las fincas, en su traslado y aun ya almacenado en los beneficios. Así mismo se evitaría la quema de caña de azúcar. Para implementar este plan debe formarse una comisión de alto nivel integrada por gremiales de productores, PNC y el MAG y establecer una coordinación directa con la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO).

Es necesario crear mecanismos y estrategias eficaces que erradiquen el contrabando, la subfacturación, triangulación, robo y piratería, para que con base a la ley se realicen investigaciones conjuntas, para un combate frontal contra esos flagelos que golpean y detienen acciones positivas para el fomento a la producción agrícola.

El objetivo es edificar una plataforma agropecuaria y agroindustrial productiva que permita generar divisas e ingresos para esta producción, mejorando los ingresos de los productores y sobre todo, su calidad de vida.

Se ha hablado mucho del modelo de Policía Comunitaria, dentro de las estrategias de prevención de la delincuencia y la criminalidad urbana. Sin embargo, el campo representa una oportunidad para resolver la violencia social bajo un marco democrático y propio de un Estado de Derecho.

Para la contención del fenómeno de inseguridad ciudadana que enfrentan las sociedades se han ensayado distintas modalidades de respuesta por parte de los órganos encargados de la seguridad pública y dentro de estas modalidades, quizá la más útil y provechosa, ha sido la de incorporar a la ciudadanía en tareas de prevención del delito, reactivando la economía de la gente.

* Colaborador de El Diario de Hoy.

resmahan@hotmail.com