Lee la versión Epaper
Suscríbase
Lee la versión Epaper

La agenda prioritaria del pueblo para el próximo mandatario

Independientemente del grupo al que pertenezcamos, los salvadoreños queremos vivir en una sociedad justa que ofrezca oportunidades y premie los esfuerzos. En una consulta amplia a más de 4,500 personas, en su mayoría pobres, realizada para un estudio de las Naciones Unidas, tener acceso a un trabajo estable con remuneración apropiada ocupó el primer lugar en las aspiraciones de las personas entrevistadas. El segundo lugar lo ocupó vivir en un hogar digno, provisto de una vivienda en buenas condiciones. Otro factor considerado vital es disfrutar de un ambiente seguro, donde no exista temor de caminar por la calle, ni de ser víctima de la extorsión o de hechos violentos. Las aspiraciones principales de los consultados se complementan con el acceso a educación y servicios para la salud que sean de calidad.

Lamentablemente, estas aspiraciones de la gente, que deberían de servir para la definición de los objetivos y metas de las políticas públicas, no parecen haber sido prioritarias hasta ahora para los distintos gobiernos del país, independientemente de su signo ideológico.

Prueba de ello, es que según el Informe sobre Desarrollo Humano 2013 sólo 1 de cada 5 trabajadores tiene un trabajo decente o digno, esto es, un trabajo por el que reciba un salario acorde al costo de la vida, que tenga un contrato y que cotice a la seguridad social. La situación es particularmente crítica para los jóvenes: 21 de cada 100 no estudian ni trabajan.

Por otra parte, 61% de los hogares habitan en viviendas con carencias de servicios (no conexión a agua potable, falta de acceso a servicios sanitarios, entre otros), de materialidad (techo de mala calidad, piso de tierra) o hacinamiento. Los niveles de precariedad de la vivienda, sin embargo, son particularmente críticos para la cuarta parte de los hogares debido a la baja calidad de los materiales utilizados, así como a la pésima calidad o ausencia de servicios de saneamiento.

Adicionalmente, El Salvador continúa siendo uno de los países más violentos del mundo. La tasa de homicidios en 2013 fue de 40 por cada 100 mil habitantes (4 veces superior al nivel considerado por la Organización Mundial de la Salud como epidemia). Tan crítica es la situación, que una de cada cinco personas declara que ha sido víctima directa de hechos delincuenciales, 42% han limitado lugares de compras, 43% han evitado ir a ciertos lugares de recreación y 16 % ha sentido necesidad de cambiar de barrio o colonia por temor a la delincuencia.

Muy dramático también es el hecho que uno de cada cinco niños salvadoreños menores de 5 años presenta retardo en su crecimiento, lo cual limita severamente su capacidad de aprendizaje. Además, 32% de la población que enferma no recibe servicios de salud.

Finalmente, aunque la matrícula en educación primaria alcanza casi el 100% de los niños en edad escolar, los años de escolaridad promedio de la población apenas alcanzan los 6.3 años de estudio (3.8 en el área rural y 8.1 en el área urbana). Asimismo, menos del 2% de infantes entre 0 y 3 años tienen acceso a centros de educación inicial, y la cobertura neta de educación parvularia deja por fuera al 46% de los niños entre 4 y 6 años de edad. A ello habría que agregar que únicamente 60% de los niños que ingresan al sistema educativo llegan a noveno grado y apenas el 30% logra terminar el bachillerato, que es nivel mínimo de educación que en estos tiempos se requiere para obtener un trabajo con capacidad de sacar a una familia de la pobreza.

Atender sus aspiraciones en estos cinco temas (trabajo, vivienda, seguridad, educación y salud) es la agenda prioritaria que el pueblo espera sea abordada por la próxima administración presidencial. Para ello, sin embargo, es indispensable que la población se empodere de sus derechos y cumpla con sus deberes.

Etimológicamente la palabra democracia proviene de dos vocablos griegos: demos, que puede traducirse como «pueblo», y krátos, que significa «poder» o «gobierno». Esto quiere decir que dentro de un régimen democrático la gestión pública debe adaptarse a las necesidades y aspiraciones de las personas y no al revés. Es decir que en una democracia el mandante, es decir, quien manda, es el pueblo; mientras que el mandatario es el que le hace los mandados al pueblo. A ese es al que vamos a elegir el próximo 9 de marzo.

*Colaborador de El Diario de Hoy.