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La administración pública no es un reality show

Si usted busca una carrera satisfactoria como reina de belleza, conductor televisivo o participante de reality show, la popularidad es importantísima. El presidente Funes no es ninguna de las anteriores, pero se precia de que a diferencia de los expresidentes de ARENA, él ha mantenido su nivel de aprobación en 70 puntos porcentuales. Los niveles de aprobación en política suelen ser útiles en los países en que se permite la reelección, pues informan sobre las posibilidades que un mandante tiene de continuar en el cargo. Son también un termómetro para medir percepciones sobre desempeño en la ejecución de políticas públicas, pero no una medición objetiva de desempeño.

Lo que tampoco son los niveles de aprobación es una carta blanca para hacer o decir caprichosamente lo que venga en gana, ni una absolución de la obligación constitucional de cumplir la ley y respetar el Estado de Derecho, ni una aprobación cómplice a los derroches, impuntualidades, y estilos de vida suntuosos que sin merecerlos o haber trabajado por ellos, viven algunos mandatarios.

Un ejemplo de la falta de relación entre logros y popularidad fue Margaret Thatcher, que tiene el record por ser una de las gobernantes con menores niveles de popularidad en la historia. A la Primera Ministra Thatcher las estadísticas que le importaban más no eran las que provenían de encuestas internas con oscuras especificaciones técnicas que dificultan establecer su objetividad, sino aquellas que determinaban el crecimiento económico, el nivel de empleo, el gasto público y las tasas impositivas. Entre las cosas que logró esta impopular gobernante y muy a pesar de las críticas que aún levanta, se incluyen haber triplicado el ingreso estatal a 187 millardos de libras esterlinas en 1990 de los 57 millardos que recibían una década atrás. Lo anterior sin aumentar impuestos, propiciando la inversión privada y reduciendo el gasto gubernamental como porcentaje del PIB en ocho puntos porcentuales. El crecimiento anual que mantuvo su Gran Bretaña a finales de la década de los ochenta se mantuvo entre el 4 y 5%, una cifra que dobla lo que el popularísimo Presidente Funes y el gobierno de su también popular antecesor lograron como promedio en sus períodos.

La popularidad en la política no determina el éxito de una gestión gubernamental, sólo ilustra las reacciones de la muestra encuestada (que podrá o no representar estadísticamente al ciudadano) a la estrategia comunicacional del gobierno. Es así que las reacciones favorables a un mal producto con excelente marketing no necesariamente tienen correlación con la calidad o beneficios del producto; son meros análisis de forma sobre fondo. El Presidente Funes aparentemente ha olvidado que los sistemas democráticos no funcionan con la lógica de los reality shows, en los que la popularidad determina la vida o la muerte en términos de la permanencia del participante en el show y por eso esgrime a diestro y siniestro las estadísticas de su popularidad contra cualquier crítica legítima, siendo esto lo que motiva los altísimos (y aparentes a pesar de la poca transparencia) gastos publicitarios.

Sin embargo, es comprensible que en el ocaso de su mandato se agarre de esos números: serán lo único a lo que podrá aferrarse cuando después del 1 de junio, ya no les sea útil a los "amigos" que ahora le hacen compañía, aquellos que tanto se han beneficiado con la falta de transparencia de su mandato. Su falta de méritos académicos le cierran posibilidades de hacer carrera como profesor o conferencista, por lo que cuando todo se acabe y a falta de generosos donantes, se aferrará por siempre a sus estadísticas de popularidad. A eso, y al fuero del PARLACEN.

*Lic. en Derecho.

Columnista de El Diario de Hoy.

@crislopezg