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Acorralados…

El uso abusivo y arbitrario de los ahorros de los salvadoreños a través de una reforma inconstitucional del sistema de pensiones, o continuar estrangulando a las empresas con más impuestos, simplemente nos encaminaría a un precipicio

Moisés Naím, el exdirector de la revista Foreign Policy, no se equivoca al sostener que “en el siglo XXI, el poder es más fácil de adquirir, más difícil de utilizar y más fácil de perder”. La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, a tono con el resto de estudios del mismo tipo, reprobó la gestión del presidente Sánchez Cerén. Más de la mitad de la población considera que “el actual gobierno representa un cambio negativo”. En seguridad, el ámbito que ahoga diariamente a los ciudadanos, el 82.5 % cree que la delincuencia aumentó respecto del año anterior, el 66.7 % opina que los planes de seguridad del Ejecutivo “están dando poco o ningún resultado”, el 64.9 % afirma que el Plan El Salvador Seguro “reducirá en poco o nada la criminalidad” y el 69.9 % “piensa que el trabajo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia ha contribuido poco o nada en mejorar la seguridad”. Destaca el IUDOP que el incremento de las cifras del crimen es el más alto registrado en los últimos veinte años.

Cuando el sentir mayoritario refleja que el rumbo de la nación no va bien, a las autoridades les convendría dar “un giro de timón” y recuperar apoyos y aliados estratégicos que los rescaten del caos en el que están sumergidos. Mal hacen aquellas al pedir que se investigue a este periódico por “hacer apología de actos de terrorismo” y cuando se oponen a una adecuada ley de probidad no obstante “la cruzada” en contra de la corrupción iniciada por la Corte Suprema de Justicia y el nuevo Fiscal General de la República. También se equivocan al difamar a los contribuyentes que recurren ante el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y Aduanas o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo por no estar de acuerdo con la tasación del impuesto calculada por el ministerio acusándolos de evasores y delincuentes. Por otra parte la fama del partido oficial y la de la presidencia decrece a pasos agigantados al enfrentarse de nuevo a la Sala de lo Constitucional acusándola de querer instaurar “una dictadura” por sus resoluciones en materia de transparencia. Con estas acciones asfixian la “tregua política”.

Ciertamente a esta administración le ha correspondido un período en el que algunos de los entes públicos comienzan a dar muestras de un desempeño independiente y donde se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública terminando con la oscuridad que caracterizaba al trabajo de funcionarios y empleados públicos. No es lo mismo gobernar con entidades sumisas al Ejecutivo que hacerlo con otras en las que la autonomía institucional y el Estado de Derecho han empezado a funcionar. 

El escenario se complica cuando los que “mandan” no aceptan el control de otros organismos oficiales ni toleran la crítica periodística. También es más complejo regentar la presidencia con una sociedad civil que ha emergido del letargo en el que se encontraba y que ahora exige resultados, pide honestidad en el manejo de los recursos y demanda justicia contra los que traicionan la confianza de los electores al corromperse y dilapidar los bienes del Estado.

En resumen, la situación económica, el elevado endeudamiento y la inseguridad han “cercado” a las autoridades y les impiden cumplir adecuadamente con los compromisos adquiridos en la campaña electoral y en el plan quinquenal. Seguir “acorralando” al gobierno sería una muy mala estrategia. Quienes de verdad están comprometidos con el desarrollo nacional deben contribuir a encontrar “válvulas de escape” que disminuyan la presión a la que está sometido el mandatario y su equipo. Empujarlos a que consideren soluciones fuera de la ley, como presuntos “asesinatos extrajudiciales”, según los calificó el exdirector de Medicina Legal, y el uso abusivo y arbitrario de los ahorros de los salvadoreños a través de una reforma inconstitucional del sistema de pensiones, o continuar estrangulando a las empresas con más impuestos, simplemente nos encaminaría a un precipicio que enterraría la esperanza por varias décadas más. Por eso aplaudimos la reacción de la ANEP ante el llamado del gobernante y le instamos a que en esta ocasión los resultados del diálogo se traduzcan en acciones concretas.

*Columnista de 
El Diario de Hoy.