Lee la versión Epaper
Suscríbase
Lee la versión Epaper

Aborto inclusivo

¿Cómo reaccionaríamos si un día de estos se declarara que ante la incapacidad del Gobierno para combatir el crimen, se ha decidido despenalizarlo, de tal modo que los cacos y maleantes puedan dedicarse a su profesión?

Me sorprendió leer en estos días unas declaraciones de la Sra. Bachelet: “en Chile, decía, hay abortos clandestinos, y la gente que tiene recursos lo hace en buenas condiciones; la gente que no tiene recursos lo hace en malas condiciones, con riesgos para la salud de la mujer”. Una afirmación que, para decir lo menos, se sustenta en una lógica peculiar. 

¿Qué pasaría si aplicáramos el mismo razonamiento a otros ámbitos, por ejemplo, la elusión fiscal? Pues es posible suponer que grandes y poderosas empresas y empresarios pueden eludir con facilidad pagos impositivos, aprovechando huecos legales u organizando sus empresas de tal modo que tengan su sede en los llamados paraísos fiscales. Mientras, por otra parte, los meros asalariados no cuentan con los recursos económicos para contratar hábiles abogados. ¿Qué pasaría si ante ese panorama, como una exigencia de la inclusión y/o de la equidad, no solo despenalizáramos la elusión, sino que el Estado proporcionara de oficio abogados gratuitamente para que cada uno pagara menos impuestos…?

Y en el caso del crimen organizado; qué tal si tras considerar que solo quienes poseen medios económicos son los únicos capaces de contratar empresas de seguridad para protegerse, moverse en vehículos blindados, vivir en residenciales seguras, etc.; mientras la extra grande mayoría de los salvadoreños sufre cotidianamente la amenaza de extorsión, robo a mano armada, pago de renta por circular por las calles de su barrio, etc. ¿Qué tal si ante esas consideraciones, el gobierno se volviera condescendiente con los criminales? ¿Cómo reaccionaríamos si un día de estos se declarara que ante la incapacidad del Gobierno para combatir el crimen, se ha decidido despenalizarlo, de tal modo que los cacos y maleantes puedan dedicarse a su profesión con la misma dignidad que cualquier ciudadano a la suya? 

¿Por qué no despenalizar la corrupción de funcionarios y empleados públicos, ya que no somos ni capaces de combatirla (prolifera a ojos vista), ni aceptamos ningún tipo de auditoría o regulación externa que nos ayude, al menos, a identificarla para luego frenar lo que se pueda? Supongamos que sí fuera posible, pero que costara tanto dinero que solo estaría al alcance de gobiernos que gobiernan en países con una economía próspera y productiva. Entonces, como somos un país pobre y endeudado, más fácil que combatir la corrupción sería no solo tolerarla, sino legislarla, determinando, por ejemplo, el porcentaje al que tendría “derecho” cada funcionario en las licitaciones públicas…

Algo así propone, como en los tres ejemplos citados, la señora presidenta del gobierno chileno y los que piensan que el aborto es solo un asunto de condiciones socioeconómicas, o de acceso a un sistema de salud “de primer mundo”. 

Se ha dicho, y con razón, que en el drama del aborto hay siempre tres víctimas: la madre, el hijo que no llega a nacer, y el padre. De los tres, a uno se le va --literalmente-- la vida en ello, otra arriesga hasta cotas inimaginables su salud física y psicológica, y el tercero, el padre, que a veces ni se da cuenta de lo que pasa, y otras cínicamente ignora en qué termina su hijo y la madre que lo lleva en su seno, es siempre una víctima indirecta pero indefectible. 

Por eso, un Estado de Derecho que haga honor a esa cualidad, más que estar pensando en legalizar lo que no es capaz de manejar, debería de preocuparse, activamente, en la protección de los más débiles ¿y quién más débil que el non nato, que la madre que --por las circunstancias que sean-- se plantea deshacerse del hijo que lleva en sus entrañas, como si se tratara de unas pocas libras de más?

*Columnista de El Diario de Hoy.
@carlosmayorare