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Familias se resisten a abandonar terreno privado

El juez de Paz de Antiguo Cuscatlán les ha dado hasta el martes próximo para trasladarse

Ante la medida ordenada por el juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, las familias obstaculizaron el paso en la calle El Pedregal, cerca de varios centros comerciales. La circulación de automotores se complicó por unos 45 minutos, lo que ocasionó males

Ante la medida ordenada por el juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, las familias obstaculizaron el paso en la calle El Pedregal, cerca de varios centros comerciales. La...

Ante la medida ordenada por el juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, las familias obstaculizaron el paso en la calle El Pedregal, cerca de varios centros comerciales. La circulación de automotores se complicó por unos 45 minutos, lo que ocasionó malestar a los conductores. Los padres de familias p

Cerca de 80 familias se negaron a abandonar el terreno en que residen en la finca El Espino, de Antiguo Cuscatlán, pese a una orden emitida por el juzgado de ese municipio.

El inmueble fue cedido por el Gobierno a la familia Dueñas Herrera en virtud de un intercambio o permuta.

Por su parte, la familia Dueñas Herrera le cedió al Gobierno varios terrenos que ocupó para la construcción del bulevar Diego de Holguín. A cambio, recibió la propiedad del terreno en El Espino.

El Juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, José Palma Trejo, llegó ayer por la mañana acompañado de agentes de la Policía Nacional Civil e informó a los moradores que abandonaran el inmueble.

La tensión reinó entre los residentes y las autoridades, aunque sin que se generara ningún incidente.

Incluso, en protesta por la diligencia judicial algunas familias bloquearon la calle El Pedregal, generando algún tráfico.

Según se informó, este grupo de familias se ha resistido a un plan de traslado efectuado por la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Espino de Responsabilidad Limitada.

En un comunicado, los propietarios expusieron que como el terreno se encontraba ocupado por familias relacionadas con la Asociación Cooperativa, el Gobierno se comprometió a entregarles otros terrenos para que los vendieran, y con los ingresos, trasladarlos.

El acuerdo obligaba al Gobierno y a la Cooperativa a entregar a los Dueñas Herrera los inmuebles permutados, libres de toda ocupación.

El compromiso de la asociación de trasladar a las familias incluía la obligación de indemnizarles con la suma de $8 mil por grupo familiar.

Asimismo, los propietarios explicaron que nunca adquirieron compromisos con el Gobierno, la Cooperativa, ni con las familias que se encontraban en los inmuebles.

Es de esta forma que la cooperativa inició un proceso de traslado de los moradores, habiéndose realizado este proceso en forma pacífica y voluntaria con más de ciento diez familias.

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que hizo la asociación para cumplir su parte de los compromisos con el Gobierno, y la falta de apoyo de este, aún existen a la fecha algunas familias que se resisten a desocuparlos.

PNC no apoya a juez

Sin embargo, la PNC se negó ayer a prestar el apoyo que el juez requería para el desalojo, según dijo el juez Palma.

"Se ha dado una situación bastante irregular, en la cual la Policía se ha negado a prestar el auxilio, al cual ellos están obligados al Órgano Jurisdiccional que en este momento yo represento. Esto en cuanto a la desobediencia de no acompañar al cumplimiento del desalojo", explicó el juez de Antiguo Cuscatlán.

El juzgador sostuvo que hizo gestiones vía telefónica con el director de la PNC, comisionado Ramírez Landaverde, quien le dio garantías de que le acompañaría en la diligencia, pero no ayer.

Agregó que el director de la corporación se había comprometido a gestionar un lugar a donde trasladar a las familias que están ocupando el terreno. "He acordado con él (Ramírez Landaverde) que si me da una garantía de un acompañamiento futuro, yo podría suspender en este momento la diligencia y reprogramarla, lo cual me ha dado esa garantía y me ha ofrecido las disculpas del caso", aseguró.

Ante este acuerdo, el juez Palma reprogramó para el próximo martes el cumplimiento del desalojo, el cual ya ha sido ordenado en una sentencia.

Como gesto de buena voluntad, el juzgador dijo que no acudiría a la Fiscalía para denunciar al director de la Policía.

El Gobierno, en su sitio web, expuso que no tenía ninguna responsabilidad en el desalojo por ser un procedimiento judicial.

"A las familias afectadas les expresamos nuestra solidaridad, les ofrecemos acompañamiento y les aseguramos que trabajaremos en la búsqueda de una pronta solución en el marco de sus derechos", se lee en el comunicado.

Pero la solución tiene que ser inmediata porque el juzgado de Paz ha reprogramado para el martes el desalojo.

El proceso judicial inició hace seis años y después de que las partes agotaron todas las instancias legales, se resolvió que las familias debían abandonar el inmueble.

Según expusieron los propietarios, ante la reiterada negativa de las familias de abandonar dichos inmuebles por la vía pacífica y de diálogo, la Cooperativa comunicó al Gobierno y a los señores Dueñas Herrera su imposibilidad de cumplir con la parte del acuerdo que les tocaba.

Es por eso que la familia Dueñas Herrera interpuso una demanda de desalojo ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, quien en sentencia definitiva ordenó el desalojo solicitado y la entrega material de los inmuebles.

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