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Delincuencia hace que comunidad improvise escuela

El control territorial de las pandillas “MS” y “18” obliga a que muchos niños no vayan a escuelas aledañas. Familias de comunidad Rutilio Grande, de San Martín, se unieron para evitar que sus hijos pierdan el año

Centro Escolar Rutilio Grande

En estas aulas improvisadas y separadas por plásticos profesores voluntarios han aceptado el reto. | Foto por Lissette Monterrosa

En estas aulas improvisadas y separadas por plásticos profesores voluntarios han aceptado el reto.

La delincuencia que prolifera en todo el país debido a la pasividad del gobierno  ha forzado a que muchos niños abandonen sus estudios, para luego reclutarlos como miembros de pandillas o arrebatándole la vida a quien no quiera incorporarse a estos grupos delictivos.

 Esa es la realidad que a diario viven muchas familias de escasos recursos económicos de los alrededores de San Martín, un territorio dividido entre las pandillas “MS” y “18”, que no permiten que niños y jóvenes de un sector puedan ir a estudiar a centros escolares ubicados donde domina la mara contraria.

Por ello los padres de familia de la comunidad Rutilio Grande, de San Martín, ubicada a la entrada  del desvío hacia San José Guayabal, decidieron, con la ayuda de seis profesores desempleados, iniciar el proyecto de levantar un centro escolar, a base de cuartones, costaneras, techo de lámina y divisiones de plástico para dar clases desde  parvularia a noveno grado, en vista de que muchos no pueden ir a estudiar a las escuelas aledañas, porque son amenazados y golpeados por delincuentes de pandillas, cuando pasan por el territorio controlado por estos grupos.

“Debido a estas condiciones en los alrededor, los padres de familia tomaron la iniciativa de levantar un centro escolar, debido a casos que han pasado al contorno de la comunidad”, explicó, José Chávez, vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Comunal (Adesco) de la comunidad Rutilio Grande.

Para ello, a finales de noviembre pasado realizaron una encuesta entre las aproximadamente 130 familias residentes allí y de otras comunidades de los alrededores, comentó. 

 De prosperar el proyecto y, si el Ministerio de Educación autoriza que se den las clases y además garantiza que los estudiantes obtendrán su certificado, si éstos aprueban el grado, se verán beneficiados los niños y los jóvenes de las comunidades Monseñor Romero, Santa Lucía,  1° de Junio, Milagro de Dios, Las Delicias, y todas las que están en la calle hacia Tonacatepeque hasta llegar a Las Delicias. “Son muchas comunidades muy cercanas que esperamos vengan a matricular a sus niños”, comentó Chávez.

“El proceso ha sido duro, ya que todo esto, como lo ve, es apoyo de las mismas personas que residimos aquí, de cada padre de familia, todos en conjunto hemos colaborado para tener un centro escolar para los niños, jóvenes y también hasta para alfabetización de adultos”, dijo el dirigente comunal.

“Todos hemos trabajado en conjunto, con la idea de poder establecer este centro de estudio improvisado, por lo menos bajo una sombra y podamos tener el sueño más anhelado de nuestra comunidad que es un centro escolar”, agregó.

El vicepresidente de la Adesco, afirmó que los niños de la comunidad no pueden caminar más allá de cierta distancia por el accionar de las pandillas. 

Fue por ello que optaron por levantar las improvisadas instalaciones de la escuela, que en la actualidad utilizarán sus hijos y confían que se lleve acabo el proyecto bajo las condiciones legales, para que a futuro lo usen de ser posible sus nietos.

Fueron los mismos niños y jóvenes no matriculados en el Centro Escolar Jorge Lardé, de San Martín y la otra escuela que está en el cantón Las Delicias, camino a Tonacatepeque, quienes les pidieron a sus padres que hicieran algo para no dejar de estudiar, porque no querían perder su año escolar, aclaró.  

“Hay bastantes niños y jóvenes que no se matricularon y nos han venido a decir ese motivo”, destacó. 

Profesores ad honorem
El dirigente comunal también explicó que los s profesores dan clases de forma voluntaria, luego de enterarse de la necesidad que tienen los padres de familia de que sus hijos no dejen de estudiar por el fenómeno de la violencia.

“Las maestras que están impartiendo clases lo hacen ad honorem, y nos comparten su tiempo, cuando se les hizo saber la necesidad que hay  y en las condiciones que tenemos. Esperamos que el gobierno se interese en nuestro proyecto que es la educación de los jóvenes”, agregó.

La directora nombrada por los representantes del asentamiento, Lilian Gómez, explicó que esperan que la matrícula aumente, pues hay muchos padres de familia que tienen miedo de llegar a matricular a sus hijos a las improvisadas instalaciones, en la cancha de básquetbol de la comunidad.

Ello se debe a que los grupos antisociales “han delimitado la zona, a una lado está la MS y al otro lado se encuentra la 18”, dijo.

La profesora también explicó que ya iniciaron los trámites para que el Ministerio de Educación les autorice el funcionamiento de la escuelita y les garantice la entrega de certificados a quienes pasen grado. Además de haberles solicitado que los tomen en cuenta para la entrega de uniformes, zapatos, paquetes escolares y el vaso de leche.

“La razón es que son familias muy pobres, que a veces no tienen ni para comer”, detalló Gómez.

Sin embargo, dijo que ellas no están cobrando por colaborar con las clases, debido a que están desempleadas, y que esperan, una vez autorizado el funcionamiento por parte del Ministerio de Educación, ser nombradas en la planilla del personal docente.

 Esta versión fue reforzada por el coordinador de la comunidad, Armando Sánchez, quien detalló que él junto a otros representantes del asentamiento entregaron la solicitud en el despacho del titular de Educación, Carlos Canjura, pero que a la fecha no han tenido respuesta.
El Diario de Hoy llamó ayer mismo a la Oficina de Información y Respuesta y a la de Acreditaciones para ver cómo va el proceso de permiso, pero se nos dijo que se debe solicitar por escrito.

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