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Concejo de Ilopango estudia la remoción de su síndico

b La comuna ha creado dos comisiones que decidirán la situación laboral del involucrado, Persy Santos. En los próximos días darán la resolución. El síndico sostiene acusaciones

Empleados de la comuna y algunos pobladores pidieron al edil, Salvador Ruano, que destituya al síndico de su cargo. Se concentraron frente a las instalaciones de la alcaldía. FOTOs EDH / CORTESÍA

Empleados de la comuna y algunos pobladores pidieron al edil, Salvador Ruano, que destituya al síndico de su cargo. Se concentraron frente a las instalaciones de la alcaldía....

Empleados de la comuna y algunos pobladores pidieron al edil, Salvador Ruano, que destituya al síndico de su cargo. Se concentraron frente a las instalaciones de la alcaldía. FOTOs EDH / CORTESÍA

Los 11 miembros del concejo de la alcaldía de Ilopango han cerrado filas a favor del edil Salvador Ruano, quien es acusado por el síndico Persy Santos de malversar fondos y comprar armas de manera ilegal. Han creado dos comisiones que analizarán la situación laboral de Santos.

Ruano ha dado el aval para la creación de las comisiones, las cuales se han amparado en el Código Municipal.

Isabel Domínguez, miembro del concejo, enfatizó que Ruano "está trabajando bien. El síndico es el prepotente y no realiza a cabalidad lo que le corresponde hacer", dice.

Los concejales rechazaron las acusaciones de Santos y dijeron que lo que ha expresado en "totalmente sin fundamentos".

Domínguez afirmó que las acciones que serán verificadas en la investigación que realizará las comisiones son acoso sexual, laboral, incumplimiento de la ley administrativa, amenazas "y otras irresponsabilidades".

Otros empleados de la municipalidad también se reunieron afuera de las instalaciones de la alcaldía para pedirle a Ruano que destituya al síndico.

También los acompañaron pobladores del municipio, que dijeron vivir en Bosques de La Paz y denunciaron que Santos, que vive en el lugar, quiere quitar la junta directiva de la colonia.

"Estamos cansados del acoso laboral que Persy pasa haciendo en cada departamento. Pregunta de todo, anda ofendiendo y sacando información que no le compete", contó Nelson Brand, empleado de la comuna.

Añadió que Santos "anda buscando una candidatura con la izquierda" y eso no tiene nada que ver con sus funciones en la comuna.

Al respecto, Santos alegó que "él no debe nada" y que por lo menos seis personas del concejo quieren denunciar a Ruano, pero temen por sus vidas.

"Ruano los tiene amenazados (a los concejales) y más que es amigo de los mareros. A mí me ha amenazado de muerte en varias ocasiones" , dijo el síndico.

Además, Santos acusó al jefe municipal de malversar unos $235 mil. "De allí compró armas, invirtió en un terreno que no era de la alcaldía y ha hecho más cosas", asegura.

El alcalde aceptó la compra de las armas y señaló que están registradas a nombre de concejales. "El CAM no estaba legalizado cuando vine a la comuna y era necesario equiparlo. Por eso nos vimos en la prioridad de hacer esa gestión. No hemos hecho nada ilegal", aseveró.

Ruano aseveró que la Corte de Cuentas de la República ya les revisó el proceso y no les hizo ninguna observación al respecto.

Una empleada de la municipalidad ha puesto una denuncia en la Fiscalía General de la República por supuesto acoso sexual del síndico.

Santos no acepta lo que dice Ruano y la empleada de la comuna y los calificó de mentirosos.

El Pupusódromo

En la carretera de Oro existe un terreno en el que la comuna de Ilopango prevé edificar un "pupusódromo", el cual según Santos, es un espacio propiedad del Ministerio de Obras Públicas en el que han invertido $30 mil, según el síndico, en vano.

Ruano explicó que nadie tiene escrituras del lugar, por eso la alcaldía por "preeminencia" puede ocuparlo.

"La Corte ya nos auditó ese proyecto y no nos llamó ni dijo nada", destacó el munícipe.

Ambas partes están a la espera de las resoluciones de las comisiones municipales.

En lo único que coinciden Ruano y Santos es que los dos se tildan de "mentirosos" y afirman que están dispuestos a que cualquier entidad los puede investigar porque "no deben nada".

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