El control de la policía está en el centro de la disputa entre descentralización y centralismo en Venezuela. La policía Metropolitana de Caracas pasó de la alcaldía al gobierno central.

No dejan hacer, pero tampoco hacen

La izquierda venezolana siempre había luchado por descentralizar el poder, hasta que llegó Chávez

En diciembre de 1989 los venezolanos ejercieron por primera vez el derecho de elegir, de manera directa, a los gobernadores de sus estados y a sus alcaldes. Inicio de un proceso histórico de transferencia de competencias desde el gobierno central hacia las regiones y municipios. Antes, Venezuela era un estado centralista.

Veinte años después, en 2009, el presidente Hugo Chávez ordena al ejército y a la armada tomar militarmente las instalaciones de los puertos y aeropuertos administrados por gobernaciones. El denominador común de los estados afectados: habían elegido gobernadores vinculados a la oposición a Chávez.

En marzo de 2009, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de Descentralización. Según el criterio de la oposición, la reforma la convierte en Ley de Centralización. El gobierno central queda facultado a asumir el control de puertos, aeropuertos y autopistas.

Hugo Chávez inmediatamente hizo uso de sus nuevas facultades, pero solamente en los estados donde la oposición había ganado las elecciones a gobernadores en octubre de 2008.

Estas medidas se suman a las transferencias de bienes y competencias que varios de los gobernadores oficialistas derrotados en las elecciones de noviembre hicieron al ejecutivo nacional antes de entregar el poder. Por ejemplo, el ex gobernador de Miranda y actual ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, traspasó las empresas públicas de transporte de Miranda al gobierno central.

Los gobernadores opositores reaccionaron furiosamente a la Ley de Centralización, como el de Carabobo, Henrique Fernando Salas Feo: "Pido que la Constitución que el pueblo aprobó en 1999 sea respetada".

El artículo 164 de la Constitución dice: "Son competencias exclusivas de los estados (...) la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el ejecutivo nacional".

Una policía chavista? La opocisión acusa al gobierno de convertir a la Policía Metropolitana en instrumento partidario.

Tanto Salas Feo como su colega Henrique Capriles Radonski, gobernador de Miranda, interpusieron recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Sin resultados. Capriles comenta: "Solicité una medida cautelar, me la negaron. Yo no gano ninguna decisión en los tribunales, yo estoy acostumbrado, pero yo soy un hombre civilista, legalista, yo sigo yendo a la Corte."

Y lo hizo, apelando otras medidas del gobierno central contra la descentralización. "Me quitaron todo el sistema de salud pública, por decreto de Chávez, 19 hospitales, siete mil trabajadores, ¡out!".

También todos los proyectos de vivienda fueron trasladados de la gobernación al gobierno central. Al preguntarle si el gobierno central está construyendo viviendas en Miranda, Capriles contesta: "Nada. Cero". La típica situación de no dejar hacer, pero tampoco hacer...

El gobernador de Cazabobos dice sobre la Ley de Centralización aprobada en marzo de este año: "Esta ley es el primer paso contra todos los gobernadores y alcaldes, sin importar su color. Esto no es una lucha entre el gobierno y la oposición, sino entre las roscas centralistas y el pueblo. Hay que ver lo que costó que en el lugar donde uno vive se resuelvan los problemas, sin necesidad de acudir a Caracas".

Sin embargo, los gobernadores y alcaldes oficialistas del Carabobo (Partido Socialista Unido de Venezuela) tratan el problema exclusivamente como conflicto partidario, entre gobierno central en manos del su partido y los gobiernos regionales y locales en manos de la oposición. Fieles a su presidente, en vez de poner resistencia institucional a las medidas que afectan sus propias poblaciones, las apoyan.

"Esta cobardía de los gobernadores y alcaldes oficialistas hacen que la batalla por la descentralización se pierda y Venezuela retroceda en su desarrollo democrático e institucional," comenta el gobernador Capriles Radonski. "A los venezolanos nos costó mucho lograr la división de poderes para que las decisiones no se tomen sólo en Caracas y en cabeza del presidente".

La batalla más sensible en esta guerra entre centralismo y descentralización se libra sobre el control de las policías y de las políticas de Seguridad Pública. La intención de Chávez es clara: arrebatarle a las alcaldías y gobernaciones en manos de la oposición el mando de las fuerzas policiales.

En la capital, Caracas, todo el aparato de la Policía Metropolitana (con unos nueve mil agentes) pasó de la Alcaldía Metropolitana al Ministerio del Interior, por órdenes del presidente emitidas el día 10 de febrero de 2008 en su programa televisivo "Aló, Presidente" número 303, desde el estado Barinas.

El decreto presidencial se cumplió en tiempo récord, el 13 de febrero, cuando el alcalde Juan Barreto (del PSUV) traspasó el mando y todos los bienes de la Policía Metropolitana al gobierno central. A tiempo, porque pocos meses después, en octubre de 2008, la oposición ganó la Alcaldía Metropolitana... En marzo, las encuestas ya lo indicaban.

En Miranda, estado al cual pertenecen cuatro de los cinco municipios que componen el Área Metropolitana, no tomaron la misma medida preventiva. El gobernador de Miranda, Diosdado Cabello, considerado el hombre más cercano a Hugo Chávez, simplemente no se podía imaginar que podía perder las elecciones contra un "alcaldito ricachón" llamado Henrique Capriles Radonski. Las perdió porque, a diferencia de Cabello, llevó su campaña a todo y cada uno de los sobrepoblados barrios pobres de Miranda.

El nuevo gobernador mirandino, lejos de entregar su policía al gobierno central, la depuró, la equipó con recursos modernos y anunció que convertirá a 'Polimiranda' en el cuerpo policial más eficiente de Venezuela. Gran parte de la creciente popularidad de Capriles reside en su política de prevención social y combate a la delincuencia.

Tan así que el gobierno central se tuvo que retractar e invitar a Capriles Radonski, este mes de agosto, a una reunión ministerial para 'coordinar' la política de Seguridad Pública. No sin haber intentado primero otra vía: El 15 de julio de este año, la Guardia Nacional se tomó violentamente el puesto de Polimiranda en Curiepe.

El Universal reporta los hechos así: "A las 5:00 de la madrugada, un contingente de 100 guardias nacionales del Destacamento 55 tomó el poblado y, lanzando gases lacrimógenos a la subcomisaría, sacaron a ocho polimirandas que estaban de guardia en esa sede. Al son de tambores y de campanas de la iglesia, el pueblo de Curiepe salió a las calles para protestar la forma violenta con que la Guardia Nacional desalojó la Comisaría de Polimiranda".

La Guardia se replegó y días después le llegó al gobernador Capriles la invitación a 'coordinar' con el Ministerio del Interior. Comenta Capriles: "Seguridad Pública es una competencia concurrente. Es de cooperación, de coordinación, de compartir recursos. Pero la coordinación no funcionaba por nada. La cortaron. Ahora estamos retomándola, pudimos después de ocho meses por primera vez sentarnos a hablar: el ministro del Interior y unos gobernadores y alcaldes de oposición".

El caso más dramático de la política de centralización del gobierno de Chávez es la Alcaldía Metropolitana. Una vez que queda electo alcalde el opositor Antonio Ledezma, el gobierno prepara una Ley de Distrito Capital, que entra en vigencia en abril de 2009.

Esa ley faculta al gobierno central a crear una nueva instancia: el Gobierno del Distrito Federal, con una titular nombrada por el presidente. Inmediatamente casi todo el presupuesto y casi todas las competencias de la Alcaldía Metropolitana son transferidas a la nueva instancia, dejando al alcalde Antonio Ledezma sin oficinas, sin presupuesto y sin poder.

El gobernador Capriles, quien tiene que gobernar coordinadamente con las autoridades del Distrito Metropolitano de Caracas, el cual incluye cuatro municipios del estado de Miranda, inmediatamente declaró: "Voy a desconocer la Ley del Distrito Federal, por inconstitucional, igual que a la jefa de gobierno puesta por dedo encima de un alcalde electo por el pueblo capitalino".

"El problema no es que estén quitando poder a un gobernador o a un alcalde, están quitando poder al pueblo. Cuando se atenta contra la división del poder, quien se perjudica es el pueblo", resume Henrique Capriles Radonski la problemática.

Paolo Lüers, enviado especial de El Diario de Hoy