La presidentA de la asamblea, cilia flores, es una de las protagonistas en la historia de lo que los periodistas llaman "la ley mordaza". La diputada promovió el proyecto de ley para después afirmar que nunca existió.

El garrote guardado

Una ley de Delitos Mediáticos, que apareció una madrugada y desapareció en la siguiente, penalizaba el ejercicio periodístico

Está terminantemente prohibido mentir, manipular, omitir información, ser imparcial, intimidar, instigar a la guerra o al odio, alterar el orden, perjudicar los intereses del Estado. El Estado y sus órganos deciden qué es mentir, omitir, etc... Las penas van de uno a cuatro años de prisión.

Este es, en pocas palabras, el contenido de la Ley de Delitos Mediáticos que el comandante Hugo Chávez mandó a escribir y presentar al Fiscal General y después a la Asamblea Nacional a archivar.

Como garrote que se enseña para asustar y luego se guarda para uso futuro califica esa ley el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero.

El proyecto de ley fue presentado oficialmente a la Asamblea por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el jueves 30 de julio. Inmediatamente, la vicepresidenta de la Comisión de Medios, Rosario Pacheco (PSUV), informó a la agencia oficialista ABN que la comisión iba a analizar el proyecto el día siguiente. Esto lo confirmó el dirigente del PSUV y la presidenta de la Asamblea, Cilia Flores, al recibir personalmente de manos de la Fiscal General el proyecto.

Los chavistas inmediatamente comienzan a promover la ley: "Hay que fortalecer esta ley para que podamos tener un instrumento que evite que estos medios atenten contra la salud mental de los venezolanos", dice Alberto Castellar, diputado del PSUV. "Pongamos como ejemplo Globovisión. Este medio ha apoyado a Uribe y sus acusaciones al presidente Chávez. Este tipo de cosas hay que sancionarlas con esa ley".

Las reacciones en Venezuela eran inmediatas y tajantes: "Desde la última dictadura no recuerdo que nadie hubiera hablado de una ley como ésta", dice Alonso Moleiro, vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela y director de la revista ContraBando.

Es una "ley mordaza", dijo el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, y Teodoro Petkoff, director del periódico opositor TalCual, dice que esa ley transformaría "cualquier opinión o información incómoda en un delito".

Periodistas de todos los medios independientes protestan frente a la Fiscalía, donde se elaboró la ley de delitos mediáicos.

Jennifer Santana, reportera de RCTV, opina que "el gobierno reculó con esta ley. Para ellos era una locura imponer esto al tiempo que cierran 30 radios, tiran bombas a Globovisión y están en crisis con Colombia".

Una reportera de Telesur me contesta con la condición de no poner su nombre: "Esta propuesta de la Fiscal General causó un gran revuelo a nivel internacional. Por ahora la engavetaron, pero en cualquier momento podemos esperar más sorpresas...".

Pedro Peñalosa, reportero de El Universal, se pregunta: "¿Quién decide quién miente? Imagínate, el Estado definiendo qué es verdad o no verdad, qué es manipulación o no es manipulación...".

Es evidente que detrás de la propuesta se encuentra el Presidente de la República. Toda su argumentación pública en los últimos meses sobre los medios apuntaba a una ley de este tipo. Sin embargo, el proyecto es tan grotesco en su intención de establecer censura y eliminar la libertad de expresión que las reacciones nacionales e internacionales son mucho más fuertes que el gobierno venezolano se pudo imaginar.

El lunes 3 de agosto, el presidente convoca a sus más cercanos colaboradores y asesores a una reunión en Miraflores para evaluar el proyecto de la Ley de Delitos Mediáticos. Hay coincidencia en que la iniciativa está al punto de convertirse en un serio problema para la imagen del presidente.

El repudio a nivel internacional a lo que llaman "la ley cubana" es unánime. Varios embajadores consultados afirman que sus gobiernos verían "como atropello al sistema democrático" una ley de este tipo.

Inmediatamente, Hugo Chávez toma distancia de la ley y manda a su gente a parar su discusión en la Asamblea.

A partir del martes 4 de agosto, el proyecto de ley se esfuma. Los dirigentes chavistas lo tildan de "prematuro", alegan "que no hay consenso". La presidente de la Asamblea, que pocos días antes personalmente recibió y avaló al proyecto, ahora dice que "no hay proyecto de ley. De todas formas, la Fiscal General no tiene iniciativa de ley."

La Ley de Delitos Mediáticos se guardó en los archivos de la Asamblea. Ni el Presidente de la República ni la presidenta de la Asamblea ni ningún otro dirigente del gobierno o del partido se han distanciado del contenido de la propuesta. El garrote, como dice Miguel Henrique Otero, no se deshizo, sólo se guardó. Y de paso, ya sirvió para asustar a la gente...

Paolo Lüers, enviado especial de El Diario de Hoy