A un año de la peor tragedia de un grupo religioso, las instancias legales a las que recurrieron los parientes de las víctimas no arrojaron resultados positivos para buscar una persona o entidad responsable de que no hayan habido obras de protección en el río Acelhuate que permitiera que las 31 persona que perecieron pudieran salvarse.

El más reciente revés judicial lo dio la Cámara Segunda de lo Penal que sobreseyó a funcionarios gubernamentales y municipales por la tragedia ocurrida.

La información fue proporcionada por el abogado que representa a algunos parientes de las víctimas Jorge Alfonso Cruz. En agosto de 2008, el abogado demandó ante la Fiscalía General de la República al entonces Consejo Municipal capitalino y al otrora Ministro de Obras Públicas, Jorge Nieto.

La demanda era por los delitos de estragos con lo que se buscaba una indemnización por unos 100 millones de dólares por daños causados en los parientes de las víctimas al sufrir depresión y desórdenes sicológicos.

Sin embargo durante la audiencia inicial la misma Fiscalía pidió el sobreseimiento (exoneración de cargos) para los funcionarios acusados por Cruz.

En abrirl de 2008, el abogado Cruz también presentó una demanda en contra del entonces Fiscal General de la República Félix Garrid Safie por el delito de omisión de la investigación en el Juzgado 11o. de Paz. En la misma demanda se acusó a la fiscal Cecy Nohemy Portillo.

Un día después de ocurrida la tragedia el mismo pastor general de la Iglesia Elím afirmó que consideraban que había cierta responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y de Medio Ambiente por no tomar medidas que previnieran el desbordamiento del río Acelhuate en la zona de la Málaga.

El último cartucho usado por Cruz fue acudir a la Asamblea Legislativa para que los diputados obligaran a Safie a que informara si investigaba o no el caso.