Vale. No es justo exigir a un programa las precisiones propias de un plan. Pero hay otro tipo de precisiones que sí se pueden y se deben exigir. Son las que se refieren a conceptos fundamentales y a compromisos cruciales para la confianza y para la estabilidad política del país.

En este plano, el programa del FMLN tiene señales y definiciones preocupantes, junto a otras que podría firmar cualquier persona de pensamiento democrático, sensibilidad humanista y vocación progresista.

Para muestra, un botón. En el apartado de “Reforma Política” se establecen como lineamientos estratégicos la adaptación de la legislación secundaria al derecho internacional de los derechos humanos y el “levantamiento de las reservas indebidas hechas a los tratados internacionales sobre derechos humanos”, con el compromiso de “promover el levantamiento de las reservas al reconocimiento de la competencia contenciosa de los órganos de protección internacional de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Pues bien, la única ley secundaria que pasa por estas coordenadas es la “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz”, de marzo de 1993. Y la única “reserva” a la que puede aplicarse el lineamiento del Frente es la que hizo nuestro gobierno el 6 de junio de 1995 al reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, limitándola a hechos o actos jurídicos posteriores a esa fecha.

En otras palabras, el compromiso que el FMLN ofrece en su programa es la derogación de la Ley de Amnistía de 1993. En privado, el coordinador general del programa, Gerson Martínez, afirma que no tienen intención de derogar esa ley. Y yo le creo, entre otras razones porque la derogatoria abriría espacios al enjuiciamiento de prominentes dirigentes del FMLN, y es poco probable que, de pronto, hayan sentido impulsos incontrolables de suicidio político. Pero el texto de su programa de gobierno dice otra cosa.

La única explicación posible a esta aparente contradicción entre el postulado público y las aclaraciones privadas de sus responsables es el deseo de dar satisfacción a algunas bases radicalizadas del Frente. En este sentido, parece claro que han querido quedar bien con Dios y con el diablo. Han hecho la concesión programática cuidándose bien de no llamar a las cosas por su nombre, para no desatar los espantos. Han calculado, acertadamente, que muy poca gente estaría en capacidad de traducir a términos políticos el lenguaje técnico del programa. Pero en este ejercicio han jugado con fuego, y podrían haber alimentado las desconfianzas que pretendían mitigar.

No es este el mejor momento ni el mejor espacio para debatir sobre las consecuencias de derogar la ley de amnistía, aunque es un asunto crucial para la estabilidad política del país. Lo que debe destacarse es que el FMLN tendrá dilemas similares en mucho otros temas, y no tendrá más remedio que optar, al final, entre la satisfacción de demandas radicales y la construcción de confianza política en conglomerados sociales más amplios. En algunos aspectos ha tomado ya decisiones correctas, reflejadas en la redacción de su programa. En otros, tendrá que asumir posiciones mucho más claras a lo largo de la campaña.