La información publicada en los medios de prensa ha sido insuficiente o muy deficiente, o complaciente con el poder, como si se tratara de un incidente que no amerita tanta atención o tanto rigor.

Las modificaciones que se han hecho al proyecto de la OEA responden, probablemente, al propósito de limitar la injerencia y la exigencia internacional al menos en dos aspectos fundamentales del proceso electoral: la depuración del registro y la supervisión de los partidos políticos.

El Magistrado Presidente ha dicho que se trata sólo de corregir un "problemita de soberanía". Esta explicación parece absurda y resulta increíble, porque en ningún caso la OEA estaría imponiendo sus propios términos de actuación, invadiendo ámbitos o usurpando funciones administrativas o jurisdiccionales propias de autoridades nacionales.

En el caso más argumentable de los reglamentos para la supervisión del proceso, la OEA estaba limitada, aún en su propuesta original, a hacer propuestas técnicas que, de todas maneras, habrían requerido la aprobación del Tribunal o, en su caso, de la Asamblea Legislativa.

Más allá del contenido de las enmiendas al proyecto de la OEA, el problema más grave ha estado en la forma de aprobarlas, con los votos de solo tres de los cinco magistrados. Esta es la consecuencia de una flagrante violación de la Constitución. Y es la crónica de una distorsión anunciada. Distorsión grave del espíritu de los acuerdos de paz.

Primero se recetó ARENA una cómoda correlación de fuerzas en la composición del TSE. A través de un vil subterfugio sustituyó por un representante del PCN al magistrado que le correspondía, como tercera fuerza electoral, a una coalición de centro-izquierda. Al tiempo consolidó la maniobra impulsando en la Asamblea Legislativa la reforma política más irresponsable de la posguerra: la que dejaría al partido de gobierno con la posibilidad de tomar decisiones en el TSE contando solo con el apoyo del PCN y con el voto de uno de los magistrados propuestos por la Corte.

Ambas maniobras, consideradas en conjunto, desnaturalizaron el más profundo y práctico sentido político que motivó la transformación del anterior Consejo Central de Elecciones, proyectando, por primera vez desde la firma del Acuerdo de Paz, una alargada sombra sobre la credibilidad y la legitimidad de las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral.

Esto, además de socavar el proceso democrático, es jugar con fuego. Ahora mismo parece que la diferencia entre las dos fuerzas mayoritarias será bastante holgada, tanto en enero como en marzo. Pero eso puede cambiar. ARENA puede mejorar, aunque, francamente, todavía no se ve cómo. Y el Frente puede recular. Se había mantenido sin cometer grandes errores, y en la primera situación difícil se mandó un manejo desastroso, prueba de que aún puede equivocarse de mala manera y comprometer su ventaja.

Si las elecciones se vuelven apretadas, necesitaremos un Tribunal de pureza casi virginal para validar los resultados. En tal escenario, podríamos pagar muy cara la viveza de excluir al Frente de las decisiones del TSE, porque se abrirá el espacio a protestas, disturbios, incendios, violencia e ingobernabilidad.