Hecha esta salvedad y asumiendo que la información sea correcta, es oportuno señalar que la creación de esta oficina sería muy buena idea. En términos generales, la creación de nuevas instancias burocráticas debe verse siempre bajo sospecha. Más aún, a diferencia de la presunción de inocencia, la nueva burocracia en cualquier gobierno debe ser condenada como culpable de inutilidad, veleidad o despilfarro hasta que demuestre lo contrario. Eso en general, pero en el caso particular de la creación de una secretaría de asuntos estratégicos, con ese o con otro nombre, su pertinencia, relevancia y beneficio administrativo debieran ser reconocidos de entrada.

En teoría, cualquier emprendimiento de un gobierno debiera ser atendido y realizado por alguno o por varios de los ministerios o entidades autónomas existentes, pero en la práctica las cosas no funcionan así, de tal manera que si un presidente tiene apuestas que por su magnitud, novedad, carácter estructural, complejidad e impacto puedan caracterizarse como estratégicas, debe crear los mecanismos institucionales apropiados para impulsarlas, y debe armar a sus gestores con recursos y potestades especiales reconocidas por todos los sectores y por todos los funcionarios del gobierno.

La nueva oficina, a imagen y semejanza de su homóloga brasileña, se encargaría del impulso de políticas, proyectos y programas estratégicos para el desarrollo político, económico y social del país. En clave salvadoreña, podemos imaginar ejemplos ilustrativos de las tres categorías -proyectos, políticas y programas- que por su propia naturaleza rebasarían los ámbitos de la ordinaria administración y demandarían complementarias intervenciones ejecutivas y legislativas, eficientes coordinaciones ministeriales, complejas articulaciones entre el gobierno central y los gobiernos municipales, cuidadosos mecanismos de participación ciudadana y convincentes formas de atracción de los sectores productivos.

Un ejemplo de proyecto estratégico que solo podría realizarse a plenitud partiendo de un resorte presidencial extraordinario es el de convertir a El Salvador en “plataforma logística y de servicios especializados”. Entendido y realizado en toda su dimensión, este proyecto dotaría a nuestro país de novedosos, potentes y sostenibles motores de crecimiento. Sería, sin duda, la apuesta con mayor potencial de desarrollo nacional, pero también sería el desafío más complejo del nuevo gobierno. Además de la eficiente y articulada operación de nuestros puertos y aeropuertos, el proyecto demanda la transformación de la sub región de La Unión con obras de conectividad vial, parques habitacionales e industriales, saneamiento ambiental, construcción del frente de playa y renovada dotación de servicios públicos. Demanda similar intervención del sector público y privado en la zona del puerto de Acajutla, y demanda la expansión ya proyectada del aeropuerto de Comalapa, incluyendo la ciudad aeroportuaria en los municipios de San Pedro Masahuat, San Luis Talpa, San Juan Talpa y Tapalhuaca.

Un proyecto de tal envergadura exige el esfuerzo coordinado de las carteras de CEPA, Anda, Autoridad Marítima Portuaria, PROESA, Obras Públicas, Vivienda, Medio Ambiente, Turismo, Educación, Aduanas, Defensa y Seguridad Pública. Implica también una novedosa y políticamente compleja articulación del gobierno nacional con varios gobiernos municipales, al tiempo que demanda leyes coherentes y decisivos compromisos empresariales.

De manera muy comprimida, también podemos anotar ejemplos de políticas y programas que debieran manejarse en la nueva secretaría de asuntos estratégicos. Este sería el caso de la política nacional de ordenamiento y desarrollo territorial, que podría cambiar de manera estructural el ejercicio del poder y comenzar a subsanar la deuda histórica de abandono y exclusión de vastas zonas del territorio nacional. Sería también el caso de programas ambiciosos e impostergables como el de atención a la pobreza urbana, cuya formulación está a punto de concluir bajo los auspicios del PNUD, incluyendo componentes de desarrollo humano y de mejoramiento de barrios en asentamientos precarios de unos cuarenta municipios.

Saludamos, entonces, “con fervor y entusiasmo” la iniciativa del presidente electo. Si decide crear la nueva oficina, tal vez tenga que lidiar con resistencias, celos y recelos de algunos de sus colaboradores más cercanos, pero le animamos con mucha convicción a concretar su novedosa ocurrencia, porque ya hemos padecido en los últimos años la enorme dificultad de no contar con referentes gubernamentales idóneos para el impulso de proyectos de extraordinaria complejidad e importancia, como el del puerto de La Unión.