Esto ha sido así desde tiempos inmemoriales. La discusión ha atravesado todos los aspectos relativos al origen, la naturaleza, la soberanía, los fines, los límites, los recursos, la administración, el poder coercitivo y cualquier otra dimensión imaginable del Estado. En todos los aspectos se han manifestado siempre opiniones encontradas.

La única excepción, el único principio que nadie ha discutido nunca, el único elemento en el que han estado de acuerdo desde todos los tiempos las democracias, las aristocracias, las teocracias, las derechas, las izquierdas, los centros, los comunistas, los liberales, los humanistas, los conservadores, los populistas, los extremistas, los moderados, los cuerdos, los locos, los militares, los civiles, los sumos sacerdotes, los ayatolas, los caudillos, los caciques y, sobre todo, los pueblos de todos los tiempos y de todas las culturas es que el Estado debe garantizar la seguridad pública.

El consenso universal es que lo debe hacer. ¿Cómo lo debe hacer? Aquí ya volvemos a la torre de Babel: más o menos gobierno, estas u otras instituciones, tales o cuales leyes, más o menos represión, más o menos prevención, más o mejores policías, militares sí o no, que se mojen los alcaldes, que topen los jueces, y un interminable etcétera de consideraciones y opciones sobre las que los ciudadanos y las fuerzas políticas pueden suscitar discusiones interminables.

Los ciudadanos pueden discutir, pero el Estado debe decidir. Claro que el Estado es más que el gobierno, porque incluye instituciones que no dependen del Órgano Ejecutivo, pero en la práctica es el gobierno el que tiene más peso y mayor responsabilidad. Si no garantiza la seguridad pública, deja de responder a su más primaria y universal razón de ser. Desde cualquier plataforma de razonamiento, sea ésta antropológica o puramente lógica, la vida, la integridad y la libertad van primero. Después todo lo demás.

A esa prioridad se debió responder de mejor manera, desde la formación del equipo que estaría a cargo de las instituciones del ramo de seguridad pública. El desempeño del gobierno en los primeros cien días ha sido insatisfactorio, pero podría mejorar de manera sorprendente si se hacen a tiempo algunas rectificaciones importantes.

Durante la campaña electoral, algunos corresponsales extranjeros me preguntaron en cuáles áreas creía yo que un gobierno del FMLN podría ser mejor que uno de ARENA. Siempre respondí sin vacilar, diciendo en primer lugar que sería más efectivo en el control de la delincuencia. Por supuesto, también me preguntaron en cuáles aspectos podría ser peor un gobierno del Frente, pero eso no viene a cuento en este momento. El caso es que parece que me equivoqué en el pronóstico. O tal vez no.

Tal vez no, porque tengo dos convicciones que pueden demostrarse. La primera es que la mayor parte de la delincuencia se termina o se controla derrotando a las pandillas. La segunda es que si alguna fuerza en El Salvador puede hacerlo es el FMLN en el gobierno, de la mano ahora con la Fuerza Armada.

Esa guerra se gana con capacidades que al Frente debieran sobrarle para dirigir la operatividad de las instituciones: familiaridad con la logística y las comunicaciones informales, capacidad de combatir con o contra pequeñas unidades, dominio de la infiltración, arte y lógica de la guerra urbana, capacidad de reconocer patrones de organización y métodos clandestinos, para sólo mencionar algunas. Esa guerra se gana con voluntad, inteligencia, coraje y métodos guerrilleros. A ver si quieren.

En cualquier caso, el gobierno tal vez deba hacer algunas correcciones en su equipo de seguridad pública. Los primeros cien días no han sido buenos. Ahora los responsables parecen estar retomando el paso, pero al principio se les vio erráticos, dando palos de ciego, adoptando medidas contraproducentes, sin liderazgo, sin fuerza, sin estrategia, sin planes efectivos, demasiado preocupados por distanciarse de las políticas de “mano dura” de gobiernos anteriores.

Hace más de ocho años, en mayo de 2001 invitamos a todos los alcaldes del área metropolitana de San Salvador a una reunión en Antigua, Guatemala, con autoridades del sector de seguridad y justicia del gobierno. Conservo todavía la propuesta de 12 puntos para incentivar la responsabilidad y participación de los gobiernos y los cuerpos de agentes municipales en temas directamente relacionados con problemas de violencia. En aquel momento casi nadie prestó atención a la idea. Ahora alentamos al presidente a mantener esa apuesta, tal vez con mayor ambición y mayores precisiones. Es, sin duda, una apuesta ganadora.

El presidente ha pedido la colaboración de todos los sectores. Perfecto. Una buena manera de comenzar es que sus funcionarios escuchen, en vez de apartar, a los que han dirigido por años las instituciones. Se pueden haber equivocado, pueden haber respondido a lineamientos políticos que no comparte el actual gobierno, pero es indudable que saben bastante bien lo que funciona y lo que no funciona.