Por esta y por otras razones, el gobierno no debió apresurarse a poner primeras piedras de proyectos que estaban más verdes que un aguacate. Y tampoco debió apresurarse, por cierto, a inaugurar obras de ingeniería política que evidentemente no estaban terminadas -quizá ni siquiera bien pensadas- como el Consejo Económico y Social.

Para mostrar obras, entonces, puede ser muy temprano, pero para calibrar otras cosas es tiempo suficiente, sobre todo cuando se trata de un “gobierno del cambio”. La palabra “cambio” puede significar cualquier cosa o no tener significado alguno. De su indefinición se benefició el presidente cuando era candidato. Ahora puede pagar algunos costos por expectativas frustradas. Algunos querían cambio socialista, del siglo XXI o de cualquier otro siglo. Otros querían cambio cosmético, para que no cambiara nada. Otros queríamos un proyecto social demócrata sólido, de mayor calado e incidencia estructural, tal vez menos centrado en programas asistencialistas dispersos.

De las tres expectativas, la última es la única que tiene cierto derecho de reclamo, en la medida en que sienta que el cambio todavía parece poca cosa. En la oferta electoral y en el discurso inaugural no se alentaron otras expectativas. Solo se alentó, de manera reiterada, la esperanza en un proyecto de izquierda democrática gestionado por un gobierno de unidad nacional.

Al final, los términos se invirtieron y el dibujo comenzó a parecerse más al de un proyecto de unidad nacional gestionado por un gobierno de izquierda democrática. Este no es un juego de palabras, ni uno de los proverbiales retruécanos de Dagoberto Gutiérrez. Es una apreciación muy digna de consideración, porque el giro bien podría haberse traducido en menos contenidos de izquierda de los que esperábamos y en menor amplitud y calidad del equipo de gobierno.

En otras palabras, una de las apreciaciones más relevantes de los primeros cien días es que las cosas pueden haberse puesto al revés de cómo las queríamos, porque en vez de un proceso de cambios muy sustantivos, pensados y ejecutados por los mejores hombres y mujeres de El Salvador, procedentes de todos los sectores, podríamos tener un proceso de cambios menos sustantivos, ejecutados por un limitado equipo de funcionarios provenientes de la izquierda académica, política y social.

El giro explica en parte el deficiente cumplimiento de una de las promesas más llamativas y esperanzadoras que hizo el presidente en su discurso inaugural: la meritocracia o selección de funcionarios por sus capacidades. Más aún, prometió que estarían en el gobierno los mejores entre los capaces. Y subrayó el fin de padrinazgos y nombramientos por lazos familiares, amistades o lealtades partidarias.

En el escalón superior del gobierno la promesa se vio honrada en buena cantidad de posiciones. En otras no estuvo ni cerca. Y no nos referimos a méritos academicistas, sino al conjunto de cualidades, experiencias y capacidades que pudieron definir a los mejores operadores de un audaz gobierno de unidad nacional con orientación política de izquierda democrática.

En los siguientes escalones, los que fueron llenándose a lo largo de los primeros cien días, la promesa quedó todavía más desteñida. No se equivocaron en los despidos por piñata, como piensan algunos. Se equivocaron por deformación ideológica, y por esa misma razón se equivocaron en cientos de nombramientos de empleados subalternos notoriamente mediocres o incompetentes.

Tal vez no sea fácil decir quienes pueden ser los mejores para impulsar un proyecto político. Eso depende de criterios, prioridades y afinidades muy variables. Lo que sí se puede determinar con mucha facilidad y muy poco margen de error es cuándo los designados no son los mejores. Y este parece ser, lamentablemente, el caso de la actual administración, que por el momento queda debiendo con posibilidad de pagar más adelante su deuda de meritocracia.