Salvador Samayoa
Terreno minado
Miércoles 8 de julio de 2009
Nuestro país tiene una situación mucho más complicada que otros actores regionales de cara al conflicto político en Honduras.

Insulza se juega su reelección como secretario general de la OEA. La Banda de los Cuatro se juega la conquista de una plaza secundaria en su estrategia de expansión del chavismo. Estados Unidos parece más interesado en evitar problemas o incendios en sus embajadas latinoamericanas. Cristina Kirchner reparte a medias propósitos de recuperación de popularidad con genuinas motivaciones históricas de rechazo a los golpes de Estado. Calderón, Lula y Bachelet defienden posiciones más puras de principios democráticos, de igual manera que Colom y Arias en el vecindario más cercano. Las islas caribeñas, en su mayoría, se mueven al ritmo de las mareas cubanas. Uruguay no ha dicho “esta boca es mía”. A Lugo ni sus mujeres lo toman muy en serio. A Colombia y a Panamá no les va ni les viene el conflicto en Honduras.
Por razones diferentes, todos han condenado el golpe, todos han exigido que vuelva Zelaya, todos han ignorado o distorsionado el contexto político del conflicto, todos han descalificado la actuación de las instituciones hondureñas y todos han manejado un doble rasero en relación con flagrantes rupturas de la legalidad en otros países del Continente.

Aparte de estos denominadores comunes, todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos, menos El Salvador, comparten una situación de extrema comodidad en relación con el proceso y con su desenlace. Esta comodidad, fronteriza con la irresponsabilidad, se traduce en una cuestión de considerable importancia práctica: todos los gobiernos pueden hacer lo que quieran, decir lo que quieran, en el tono que quieran, sin consecuencia alguna en sus propios países.

Todos, menos El Salvador. En pocos días estaremos recordando el 40 aniversario de una guerra que prolongó su conflictividad hasta el Tratado General de Paz de 1980 y la reanudó hasta la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en 1992. La calendarización de tareas de demarcación fronteriza se produjo hasta 1998, hace sólo diez años, y todavía en 2007 se realizaban actividades de censo y catastro en territorios de una frontera de 375 kilómetros que incluye a 75 municipios de ambos países.

Con excepción de Nicaragua, ningún otro país tiene una historia tan intensa y actual de litigios y recelos con Honduras. Ninguno tiene un comercio bilateral con Honduras tan cuantioso y, sobre todo, tan multifacético y poroso como El Salvador. Esta realidad, por sí misma, ya daría suficientes razones a una extraordinaria prudencia por parte del gobierno salvadoreño.

Sin embargo, hay otra razón aún más importante para la prudencia. Es la muy compleja viabilidad del cambio político que se ha producido en nuestro país. Hasta el momento no tenemos división social. Todos queremos que el gobierno funcione, incluyendo a la mayor parte de los que no votaron por Funes. Muy a pesar de algunos “revolucionarios” trasnochados, no se han agudizado las contradicciones. Reina la paz en la tierra cuscatleca, pero importantes sectores viven en estado de alerta por las posiciones ideológicas, por los alineamientos internacionales y por el discurso político del partido de gobierno.

Hasta ahora el presidente Funes, su canciller y sus embajadores han actuado con mucho cuidado y con bastante solvencia desde que se perfiló el conflicto y se abordó por vez primera en la reunión extraordinaria de la OEA el pasado 26 de junio. Hasta ahora el gobierno ha tenido la cordura de no traer el avispero a nuestro país. El presidente se ha comprometido, pero no ha sudado calenturas ajenas. Por convicción o por conveniencia ha dado suficientes satisfacciones a su partido, pero se ha mantenido alejado de la estridencia, del protagonismo y del dramatismo que algunos hubieran deseado y muchos habrían resentido. Se ha movido en terreno minado, sin duda, pero afortunadamente no ha pateado ninguna mina, porque la explosión habría volado en pedazos la confianza política de amplios sectores.

Hemos observado con detenimiento sus palabras y sus gestos, sus acciones y omisiones, su presencia y su distancia. Hemos observado los escenarios que ha permitido y los que ha facilitado. Hemos constatado también la fatiga, el aburrimiento y la incomodidad que le ha producido por momentos, como a cualquier persona inteligente, el circo de mala calidad montado por sus colegas. Nos ha quedado claro que ni Zelaya ni Micheletti son santos de su devoción, como no lo son para la mayoría de salvadoreños. En resumidas cuentas, el presidente ha entendido bien que no tiene vela en ese entierro. Y no hay nada más tranquilizador que un gobernante que sabe establecer con claridad sus propios intereses. Si además entiende y respeta el interés general de la nación, mejor todavía.