La clase media es ahora mucho más grande, vive en mejores residencias, paga mejores escuelas, viaja más, se viste mejor, tiene mejores carreteras, tiene más y mejores centros hospitalarios, tiene más y mejores teléfonos, tiene más y mejores vehículos. Pero se siente frustrada, sobre todo porque el costo de su nivel de vida se ha incrementado mucho más que sus ingresos en los últimos años.

La importancia electoral de este fenómeno se refleja con mucha claridad en la última encuesta de Borge y Asociados. Por una parte, casi la mitad de los encuestados afirma que el costo de la vida es su principal problema. Por otra parte, la población está cargando la responsabilidad de su situación económica al gobierno y al partido ARENA.

Este último dato amerita un poco de análisis. El primer elemento de este análisis es que la gente, en general, en parte con razón y en parte sin ella, tiende a mezclar en una sola amalgama al gobierno, al partido ARENA y al sector empresarial. En esta ecuación, uno de los factores es difuso, porque no es sujeto de responsabilidad política para la población, aunque tenga igual o mayor peso que los otros dos en la sumatoria de sus desdichas.

Para decirlo pronto y sin rodeos, en El Salvador hay una gran cantidad de empresarios eficientes y con algún grado de responsabilidad social, pero hay muchos -demasiados, probablemente- que abusan de sus empleados y de los consumidores de manera inaceptable.

Hace años advertimos que la voracidad de estos empresarios terminaría exasperando los ánimos políticos de la clase media. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. La mayor parte de la gente no vive del gobierno. Tiene empleo en el sector privado, en muchos casos con salarios miserables que bien podrían mejorarse sin necesidad de decretos. Esta misma gente ha sufrido por años, mes a mes, cobros indebidos y abusos casi increíbles por parte de bancos, tarjetas de crédito, compañías telefónicas, distribuidoras de energía eléctrica y otras empresas de servicios.
La gente entiende el carácter exógeno de algunos factores de inflación, pero tiene la certeza de que las alzas de precios en muchos casos no se explican solo por esos factores. La gente sabe que hay importadores privilegiados, que hay tratos onerosos de los supermercados a los proveedores, sobre todo a los pequeños y medianos. La gente conoce las fortunas que se hicieron con la venta de unos bancos saneados con sus impuestos. La gente sabe que los fertilizantes y las medicinas podrían ser más baratos.

Aunque así lo afirma en las encuestas, dudo mucho que la gente realmente piense que Funes puede ser un gran estratega para la conducción del repunte de la economía. Lo que piensa la gente es que el Frente puede poner algo de orden en la feria y terminar con el sistema de privilegios. Y piensa, tal vez con ingenuidad, que aunque solo eso hiciera mejoraría su situación económica.

El presidente Saca ha hecho esfuerzos por honrar el artículo 101 de la Constitución, que obliga al Estado a “defender el interés de los consumidores”. También ha tratado de proteger el presupuesto de los sectores más vulnerables, pero pocos lo reconocen.

El presidente y el gobierno pueden haber cometido errores que deben superarse. El partido y su candidato tienen deficiencias que deben discutirse. Pero mientras el sector privado en su conjunto, siguiendo a sus líderes más conscientes y visionarios, no se comporte con mayor sentido de justicia social y de respeto a las leyes, con menos voracidad y más solidaridad, las posibilidades de modificar las preferencias electorales serán muy escasas.