En departamentos que solo eligen tres diputados, el primero en la lista de los partidos es como un candidato a alcalde, porque la gente puede saber a quién le está dando la diputación si vota por uno u otro partido, pero en los departamentos medianos y grandes no puede saberlo. Al noveno de la lista de San Salvador, por ejemplo, solo lo conoce su santa madre. Si entra es porque su partido obtuvo suficientes votos para meter nueve o más diputados, no porque la gente lo reconoce y lo respalda. De igual manera, puede ser que el primero de la lista sea insatisfactorio, pero el votante no tiene más alternativa que empujarlo al votar por el partido de su preferencia.

No hay que darle vueltas innecesarias a las cosas. Todos sabemos la verdad. El presidente puede decir que es presidente porque la mayoría quiere que sea presidente, y aún en este caso hay un factor de votación que corresponde a la simpatía partidaria. La de los diputados es otra historia: muy pocos pueden presumir de estar en el cargo por su propio nombre, por sus propios méritos o por su linda cara. Casi todos llegan a la Asamblea por la cantidad de votos que obtienen sus partidos. Tanto así que el único resultado que espera la gente después de la elección es la composición de la Asamblea.

En otras palabras, lo que la gente decide en elecciones para diputados es una determinada correlación de fuerzas entre los partidos contendientes. No está bien que así sea, pero así es nuestro sistema. Si se altera ese balance, sobre todo si se altera con la formación de bloques extraños a la oferta electoral de los partidos, se burla la voluntad popular. Por eso, cuando se trata de diputados, es importante debatir y definir el carácter de cualquier separación del partido que los ha llevado al poder.

Este debe ser un debate serio. El vínculo partidario en un cargo político de elección directa no debiera ser igual al de un militante ordinario, al de un ministro o al de cualquier funcionario administrativo. Un militante se puede separar de su partido cuando quiera, y un ministro puede abandonar el gobierno por razones personales. En estos casos no hay engaño, porque no se presentaron ante el pueblo con una oferta política y porque el pueblo no los eligió como representantes. Los diputados, en cambio, se presentaron ante los electores como candidatos de un determinado partido, y solo en esa calidad pueden ejercer la representación dentro del gobierno.

El voto de un diputado puede ser excepcionalmente diferente al de su fracción. Eso no es problema. En otros países es un comportamiento respetado, porque el parlamentario no agrede a su partido ni se convierte en disidente. En nuestro país la ley también establece que el diputado no está sujeto a mandato imperativo, pero en la práctica solo se admiten las conductas extremas: disciplina ciega o escisión orgánica. El voto diferenciado debiera respetarse. Más aún, en caso de graves e insuperables diferencias o problemas, la ruptura del vínculo partidario podría sustentarse y realizarse sin convertirla en estafa política a los electores. En otras palabras, el voto diferenciado puede ser respetable, pero el transfuguismo que responde a intereses particulares, casi siempre mezquinos, debiera ser repudiado por la sociedad e inhabilitado por el sistema.

En el caso de los desertores de ARENA solo hemos visto argumentos falaces, conductas inconsistentes y oportunismo político. Varios eran ya diputados en períodos anteriores y nunca exigieron representación en el Coena. Nunca denunciaron exclusión o verticalismo mientras tuvieron el favor de anteriores dirigentes, aunque estos fueran mucho más verticales y excluyentes. Exigieron una composición del Comité Ejecutivo de su partido que, por estatutos, solo correspondía acordar a la Asamblea General, y cuando se reunió la Asamblea no le presentaron la demanda ni se presentaron ellos. Acusaron al nuevo Coena de una baja en la popularidad del partido cuando la anterior dirigencia, con ellos a bordo, fue responsable de la mayor derrota en toda la historia de ARENA. Finalmente, acusaron al Coena de hacer una oposición muy blanda al FMLN y luego, a cambio de puestos y prebendas, le dieron a ese partido el mayor poder que ha tenido hasta ahora.

Se vale la disidencia después de discutir virajes ideológicos de fondo, problemas políticos reales, decisiones orgánicas o votaciones parlamentarias cruciales. Se vale también cuando los disidentes actúan en representación de amplias bases partidarias, pero estos señores solo amagaron y nunca mostraron el apoyo de alcaldes, comités departamentales, municipales o sectoriales del partido. En resumidas cuentas, aquí no se ha producido una disidencia digna de tal calificativo. Lo que hemos visto no es más que una vil deserción, una estafa política, un golpe institucional que puede hacer mucho daño a nuestra democracia.