Es hora de comenzar a gobernar. Y el desafío se ve cuesta arriba. El equipo del presidente tiene luces y sombras.

Tiene funcionarios sobresalientes, pero también colaboradores incompetentes. Más importante que el gabinete será, sin embargo, la definición de los motores del desarrollo.

Se ha hablado mucho de medidas distributivas, pero se ha hablado poco de apuestas productivas. Se han precisado las metas de creación de empleo, pero no se han establecido las apuestas estratégicas que puedan traducirse en fuentes de empleo.

A la luz de este desafío, el más importante para la mayoría de salvadoreños, surge la necesidad de reconocer que nuestro país no tiene una posibilidad más clara, más productiva, más integradora, más inmediata y más sostenible que la operación a gran escala del puerto de La Unión. Mejor dicho, la conversión del país en un "hub" portuario regional.

En otras palabras, la conversión de nuestra plataforma de puertos y aeropuertos en centro logístico de concentración, procesamiento y distribución de carga en la confluencia de las rutas más importantes del comercio internacional.

Estimados con máximo rigor y sin hacer cuentas alegres, como es costumbre en todos los gobiernos, la operación integrada de los puertos y de las 200 manzanas aledañas disponibles para actividades extraportuarias, puede generar 90,000 empleos, sin contar el crecimiento en áreas de construcción, servicios públicos, hotelería, turismo y servicios complementarios como telecomunicaciones, seguros, operaciones financieras, mantenimiento y reparación de embarcaciones y servicio a buques.

El único problema es que el mega proyecto no puede ni comenzar a funcionar por el prolongado retraso en la concesión de las operaciones portuarias. En el interminable debate se han expresado posiciones ideológicas, argumentos de soberanía, buenos y malos criterios de desarrollo económico y muy miopes estimaciones fiscales. El fondo geopolítico de algunas posiciones ha quedado cuidadosamente cubierto.

El argumento de soberanía está desvirtuado. El proyecto de ley original era deficiente. Sus detractores tenían un buen punto en este aspecto y contribuyeron a subsanar el problema. En la nueva versión, el canal de acceso al puerto se propone con nitidez bajo control de nuestra Autoridad Marítima Portuaria.

El argumento ideológico aún debe desvirtuarse. Las ideologías son conjuntos cerrados de ideas o creencias que intentan explicar la naturaleza humana, la historia, el estado, la economía, las formaciones sociales, los sistemas políticos y todas las cosas divinas y mundanas, a la vez que orientan la conducta de conformidad con valores absolutos, sacralizados, de validez universal e indiscutible. En relación con las concesiones, las ideologías de derecha postulan que el Estado es siempre mal administrador y que la empresa privada es eficiente por naturaleza.

Las ideologías de izquierda, al contrario, sostienen que solo el Estado puede administrar los activos nacionales a favor del bien común.

Pues ni una ni otra. La realidad desmiente siempre a la ideología. Hay gestiones estatales buenas y malas, eficientes y desastrosas, de la misma manera que hay empresarios buenos y malos. El argumento, por tanto, debe colarse en cada caso a través de las concretas capacidades de los operadores y de los marcos regulatorios específicos a los que deben someterse.

Quedan, entonces, los criterios económicos. En esta materia no hay donde perderse. El Estado no tiene dinero para pagar el 51% del costo de la expansión, el equipamiento y la operación del puerto. Y si tuviera dinero, debiera asignarlo a otras necesidades o invertirlo en otros rubros del mismo proyecto.

Aparte de pagar el préstamo de casi 200 millones, el 51% del resto del paquete nos costaría $330 millones. Solo en los primeros cinco años tendríamos que desembolsar 40 millones de dólares, traídos a valor presente.

Si el Estado asume el 51% del costo, nos olvidamos de las obras de saneamiento del golfo, de la expansión urbanística de la ciudad puerto, de la modernización del sistema vial, de la construcción de un sistema integrado de acueductos, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas del conjunto urbano de La Unión-Conchagua, del desarrollo del frente de playa, de la construcción de parques habitacionales para absorber el previsible crecimiento poblacional y de otras intervenciones imprescindibles que se han cuantificado ya por valor de $ 60 millones solo para el municipio de La Unión.

Si tenemos la mayoría de las acciones, aumenta además el riesgo de nuestra inversión a corto plazo. La actual recesión es contracción de la producción y del consumo a nivel mundial.

Eso implica reducción de importaciones y exportaciones, lo que a su vez implica reducción de volúmenes de carga y, por tanto, reducción del comercio marítimo con afectación de navieras, astilleros, puertos y operadores de terminales.

El presidente tiene la palabra. Allí tiene 100,000 empleos de verdad. Esperamos que tome una decisión pronta y que se atenga a realidades y a números duros, dejando a un lado las proclamas ideológicas y las "ayudas" financieras con intereses políticos.