Si fuera este otro caso de rivalidad entre pandillas o de narco-sicarios, sería más de lo mismo, pero estas son hipótesis poco probables. Por historia, por “teatro de operaciones”, por armamento, por modalidad de emboscada, por atuendo, por estilo y, sobre todo, por su capacidad y determinación para atacar a un grupo grande, los ejecutores exhibieron características de comandos y experiencia de combate superior y muy diferente a lo que saben hacer los vulgares pandilleros.

Tenemos antecedentes de ataques a grupos vecinales o familiares, verdaderas masacres perpetradas por pandilleros con lujo de barbarie. Pero los pandilleros atacan de esa manera solo a grupos indefensos. Cuando se trata de enfrentarse con sus iguales, con otros pandilleros, prefieren aislarlos y aniquilarlos de uno en uno. Es casi impensable que tres pandilleros decidan atacar a diez. Eso solo lo hacen las “fuerzas especiales”, los llamados “comandos”, entrenados precisamente para reducir o aniquilar con pocos hombres a unidades o agrupamientos más grandes.

Palabras mayores, porque el comando de Milingo asoma con más entidad que la “sombra negra” y que otras versiones de exterminadores justicieros. Palabras mayores también porque el clima social de mayoritaria simpatía con los “ajusticiamientos” puede ser caldo de cultivo para muy peligrosas deformaciones de conciencia y de convivencia.

Es hora, por tanto, de exigir al gobierno una actuación más lúcida, más comprometida y más efectiva, porque en la situación actual de nuestro país los sectores o grupos que comienzan a tomarse la justicia por su mano están reflejando una frustración generalizada por el mal desempeño de las instituciones del Estado, y en particular por la ineficacia del sector de seguridad pública del gobierno.

Hasta ahora, casi todos los medios de prensa y casi todos los comentaristas hemos sido amables, positivos, tolerantes y pacientes con las decisiones y con las promesas del presidente. Hasta ahora hemos matizado, reprimido y autocensurado críticas que por situaciones menos graves hemos hecho con mucha fuerza y claridad a gobiernos anteriores. Pero todos nos damos cuenta de que estamos al borde del rebalse, al borde de que el país se convierta en una inmensa “poza de Milingo”.

Ahora ya nadie nos puede insultar por decir que el presidente Funes y el FMLN tenían una especie de ideario con lineamientos programáticos, pero nunca tuvieron un plan de gobierno propiamente dicho. Lo dijimos cuando el presidente era candidato, y nos acusaron de ser parte de una “campaña mediática de la derecha”. Ahora el mismo presidente, ya en pleno ejercicio de sus funciones, nos ofrece planes de desarrollo y de seguridad que aún no entrega, por cierto, pero confirma que están todavía en elaboración. En otras palabras, entraron al gobierno con ideas vagas, tal vez algunas buenas, pero sin saber qué hacer.

Además de no saber bien qué hacer o cómo hacerlo, las designaciones en el sector de seguridad dejaron mucho que desear. Por contradicciones entre el presidente y el FMLN o por otras razones, el conjunto de funcionarios del aparato de seguridad, incluyendo posiciones ministeriales, de jefaturas policiales, de inspectoría general, de dirección de centros penales y de programas preventivos, quedó lejos -muy lejos- de la promesa del candidato de llevar al gobierno a los más capaces y a los mejores hombres y mujeres que tuviera el país.

El presidente mostró las primeras señales de determinación a escasas dos semanas de asumir el mando, en un discurso pronunciado el 18 de junio del año pasado, en el que perfiló diez medidas de seguridad para enfrentar la crisis. Este fue un buen discurso y así lo comentamos sin reticencias en el espacio del “Observador”. La segunda de esas medidas se refirió a la Fuerza Armada, anunciando que se incrementaría “notoriamente” su presencia en todo el ámbito nacional.

Desde entonces hasta ahora, mucho ruido y pocas nueces. No solo pocos resultados, lo cual todavía sería excusable, sino pocas gestiones realmente esperanzadoras y convincentes, comenzando por la gestión presidencial de la intervención de la Fuerza Armada, tanto en el plano jurídico como en el plano político.

En el plano de la legalidad, los decretos No.60, del 28 de septiembre de 2009, y No.70, del 30 de octubre del mismo año, constituyen piezas de auténtica chapucería, tanto en su perspectiva conceptual como en su técnica jurídica. El decreto 70 reformó el 60 antes de un mes de vigencia, pero dejó un intacto un artículo que obliga a los titulares de Justicia y Seguridad Pública y de la Defensa Nacional a presentar, transcurridos tres meses, una “evaluación de las condiciones de la delincuencia a nivel nacional para determinar si se continúan o se suspenden las operaciones conjuntas”.

El plazo en mención vence dentro de dos días, el 6 de febrero. Según la ley, la evaluación será presentada al Presidente de la República. No será pública, por tanto, pero es una gran ocasión que el presidente comparta el informe con los sectores a los que demanda colaboración. Es también una oportunidad para cambios efectivos. Y ¿quién sabe?, tal vez también para cambios en el equipo de gobierno.