Los números hablan. El PIB actual aún no recupera el nivel del 2008. El costo de vida se encarece con una inflación del 6% anual. El empleo en el sector privado es 3.5% menor que en mayo del 2008, es decir, hay menos empleos a pesar de que, por el simple crecimiento poblacional, se requieren al menos 50,000 empleos adicionales anualmente.

Los ingresos fiscales crecen, pero el gasto del gobierno crece aún mas rápido y peor aún, el gasto crece al 17% anual pero la inversión del Estado no incrementa. Así como vamos, el déficit este año será del 5% en lugar del 3.5% proyectado, gastando cerca de $1,000 millones más del ingreso.

En resumen, hoy hay menos bienestar que hace dos años: la economía está estancada, hay más desempleo, la vida se encarece anualmente más que cualquiera de los últimos 20 años, hay más pobreza, y las finanzas públicas se están yendo al traste. Esto lo muestran las cifras oficiales de Gobierno. Los números están a la vista, aunque muchos optan por no mirarlos.

No hay que ser economista para entender que para una economía estancada más impuestos es la peor receta. Un impuesto al patrimonio, al ahorro, a la inversión, como el que quiere imponer el gobierno, es cabalmente la fórmula para terminar de estancar la economía al ponerle un freno adicional a la inversión, nacional y extranjera. La tendencia internacional es a eliminar este tipo de impuestos que penalizan el ahorro, que estimulan el endeudamiento, y que ahuyentan el capital.

Con este impuesto nos va a llover sobre mojado. Este impuesto sería el tiro de gracia a nuestra agonizante economía.

A pesar de que es una medida popular, pues erróneamente se cree lo pagarán pocos, la mayoría no se percata que esta es una ley anti-empleo, que no contribuirá en nada al desarrollo del país, y que al final del día lo terminarán pagando los ciudadanos de forma indirecta. Saldrá más caro el caldo que los frijoles. En otras palabras, se castiga, se frena y se desmotiva a quienes tienen la mayor capacidad de generar empleos.

El patrimonio de una empresa o persona es el ahorro que ésta utiliza para invertir, generar empleo, producir más riqueza, o sencillamente para garantizar su futuro. ¿Por qué penalizarlo? ¿Por qué un emprendedor o una empresa van a invertir en un país a donde se pagan más impuestos que en el país vecino y que, además, cambia las reglas de forma impredecible?

Además, está el tema de la credibilidad. Aquí tenemos un Presidente que dice públicamente que no "tiene ningún proyecto de impuestos en su escritorio" y seis meses después anuncia un nuevo impuesto.

Ya se paga impuesto al consumo con el IVA, se paga impuesto a las ganancias, se paga impuesto a los intereses que generan los ahorros colocados en entidades financieras, se paga impuesto cuando llenamos el tanque y pagamos el FOVIAL, y ahora quieren que los que ya pagan más, también paguen adicionalmente impuesto al patrimonio, o ahorro acumulado.

Además de que este impuesto propuesto es equivalente a incrementar el Impuesto sobre la Renta a más del 40% para las empresas rentables, el impuesto al patrimonio puede implicar la quiebra para empresas que actualmente estén perdiendo dinero. Las empresas, al enfrentar períodos de recesión económica, normalmente tienen muy poca utilidad o tienen pérdidas.

Por lo tanto, en estas circunstancias tienen dificultad para pagar sus créditos. Tal vez por ello la banca tiene menos crédito colocados que hace tres años; la situación para las empresas está apretada.

Si a la carga financiera se le suma otro impuesto, a las empresas puede que sencillamente no les alcance. Para pagar se verán obligados a liquidar equipo, inmuebles, y por supuesto empleados. El resultado será menos inversión, menos empleo.

El "cambio", en resumidas cuentas, nos trae más pobreza, más desempleo y más motivos para ahuyentar la poca inversión que somos capaces de atraer.

El ex presidente Alberto Uribe, en Colombia, implementó un "impuesto para financiar la seguridad". Uribe, un líder respetado y confiable, también era efectivo y eficaz en la ejecución de su presupuesto.

El impuesto se estableció mientras ese país vivía un boom económico y se contaba con un plan integral de seguridad, con indicadores claros de medición de resultados, con responsables, y con una comisión de ética y transparencia que velaba por el buen uso de los fondos. Estas condiciones no aplican en nuestro caso, al menos por el momento.

Este gobierno quiere cobrarle más impuesto a los ricos, cueste lo cueste. Amenazan diciendo que "ya tienen los votos" en la Asamblea. El Presidente ya se "comprometió" políticamente con el tema. Pero si el Presidente no quiere "terminar de regarla", como dicen en buen salvadoreño, al menos deberá asegurar que el decreto de ley que imponga esta nueva carga fiscal, se discuta amplia y públicamente y que la redacción no sea ambigua para evitar la discrecionalidad en su aplicación.

Un decreto como este, además debe también establecer las medidas que garanticen la transparencia, eficiencia, y eficacia en el uso de los fondos recaudados.