Debemos tratar los problemas y abusos que molestan a los usuarios, mejorar la transparencia, y eliminar la desigualdad de acceso a información que tiene el usuario. No obstante, limitar la tasa de interés sería contraproducente, ya que si los emisores no cubren sus costos y no les es rentable el negocio, cancelaran las correspondientes tarjetas de crédito, afectando a unos 200,000 usuarios. Eliminar este valioso instrumento de financiamiento le daría un golpe certero al comercio, a los consumidores, y la economía en general.

A los usuarios de tarjetas canceladas les incrementaría significativamente el costo financiero, tendrían que cancelar los saldos pendientes al cancelarles sus tarjetas, ya sea descapitalizándose o para pagar se tendrían que endeudar con agiotistas, a tasas leoninas en el mercado negro de crédito. Por otro lado, los costos fijos de los emisores de tarjetas serían distribuidos entre un menor número de tarjetahabientes que mantengan sus tarjetas, a quienes les trasladarían el costo y les incrementarían su tasa de interés. Los usuarios, los comerciantes, y el país perderían al reducirse el número de tarjetahabientes.

Los negocios de tarjetas de crédito y de micro crédito tienen un alto costo de administración. Manejar un crédito de $500 tiene costos reales. Entre ellos esta el obvio costo de los fondos, actualmente 8-9%. El componente menos visible de los costos es el relacionado con el manejo de los créditos que incluye la infraestructura necesaria como la renta de los locales, las computadoras, muebles y software, la colocación de créditos, la publicidad, los empleados, y el manejo del cobro, que sumados oscila entre 18-20%. Los demás costos son las perdidas de créditos incobrables que está entre 4% y 6% y el margen de ganancia de 4%. La suma de estos costos alcanza hasta el 39% anual. Si legalmente se impone un techo a la tasa de interés de tal forma que no se logran cubrir los costos, los emisores, lógicamente, cancelaran las tarjetas no rentables.

La ley en discusión tiene elementos muy convenientes para la sociedad ya que busca contribuir a resolver muchos de los problemas reales que se dan relacionados al uso de las tarjetas de crédito. Por lo tanto es oportuno y apropiado que se apruebe una ley de tarjetas de crédito que busque evitar los abusos y exija transparencia en la relación entre los emisores y los tarjetahabientes. La ley debe exigir que se comunique claramente y en lugar prominente la tasa real de intereses, las comisiones y recargos en el contrato y en el estado de cuentas. De igual modo, no deben existir comisiones escondidas, ni cargos adicionales sin previa autorización escrita.

Todas las transacciones con tarjeta de crédito dejan huella fiscal. Es decir, todo lo que se vende o se compra con tarjeta de crédito paga IVA. Adicionalmente, estos ingresos no los puede esconder un comerciante. Limitar la tasa de intereses resultará en la eliminación de miles de tarjetas lo que afectaría a miles de tarjetahabientes y comerciantes. La otra consecuencia grave es que el fisco reduciría sus ingresos debido a incremento del comercio informal.

Resolvamos los problemas de fondo pero con base técnica y usando la lógica. Es importante mejorar la transparencia y frenar los abusos pero sin olvidar que la tarjeta de crédito es un valiosísimo mecanismo de acceso al crédito, tanto personal como empresarial. Con los debidos resguardos legales se pueden disminuir o eliminar los abusos y malestares, pero con el cuidado de no acabar con el negocio de tarjetas de crédito en el proceso.