Elaborada detrás de un escritorio, bajo la lupa del funcionario dedicado a recaudar impuestos, pero insensible a la realidad y práctica empresarial. Pero además, al ser una propuesta inconsulta, la versión que actualmente circula está plagada de errores y horrores. Si la ley se aplicara tal cual está escrita, tendría implicaciones muy negativas, muchas de las cuales cuesta creer que sean intencionales, más bien parecen errores de redacción y vaguedades por flojera intelectual.

Pero en todo caso, aunque no es en este espacio factible comentar sobre todas las implicaciones negativas de la ley, pretendo ilustrar algunos de los problemas del proyecto que impulsa el gobierno. Imaginemos a dos amigos domiciliados en el país cuyo patrimonio (suma de ahorros en efectivo, valor de mercado de propiedades, muebles e inmuebles, valor en libros de acciones de sociedades mercantiles, y otros derechos menos las deudas escrituradas en instrumento público) supera los $500,000 y que son propietarios cada uno de un apartamento de casi idéntico valor.

Ambos deciden vender su apartamento. El primero decide ahorrar el monto recibido, después de pagar impuesto de ganancia de capital. El segundo decide gastar el monto que le resta después de pagar el impuesto respectivo y se dedica a beber hasta que agota el monto. El despilfarrador irresponsable no pagara el impuesto propuesto.

En cambio, el primero, que actuando con responsabilidad ahorro sus ganancias y contribuyo a mantener un buen nivel de ahorros en el país, hecho imprescindible para el desarrollo del país, es castigado y desincentivado. Explíquese usted esta lógica. Miles de salvadoreños tienen depósitos en la banca local que le devengan 2% al año. Con el impuesto pagarían el equivalente del 25% o el 75% de los intereses, además del 10% de los intereses que actualmente le retienen.

Es decir, no ganarían casi nada ahorrando. El nivel de ahorro en el sistema financiero se ha reducido desde la llegada del FMLN al gobierno. Con este impuesto al ahorro, esta tendencia empeorará. Ahora hablemos del extranjero que por su preparación académica, experiencia, y capacidad comprobada ha sido contratado para trabajar en nuestro país y por lo tanto contribuye al desarrollo del sector en que labora.

Tal cual está escrita, la ley le obligaría a pagar impuestos por el patrimonio que tiene en El Salvador y en cualquier parte del mundo. Es decir, si él tiene una casa o ahorros en su país de origen, estos constituyen parte de su patrimonio y por lo tanto tendrá que pagar impuestos por ellos en El Salvador. Vaya forma de promover la inversión y la repatriación de talento. Imaginemos que el propietario de una casa o terreno y decide venderlo. Uno de sus parientes en primero, segundo, tercero, o cuarto grado de consanguinidad ofrece comprarlo a buen precio.

Resulta que al vender el inmueble a su pariente, el vendedor tendrá que seguir considerando el valor del inmueble como si todavía fuese de su propiedad e incorporarlo a su patrimonio. Si además el es de los precavidos y opta por ahorrar el monto generado, tendrá además que pagar por el monto ahorrado, es decir pagara dos veces el año que realizo la venta.

Pero como la ley no es clara, se podría interpretar que seguiría pagando impuesto por ambos hechos hasta que el impuesto al ahorro (patrimonio) sea derogado. Y como si no fuera suficiente, quien compro la casa también tendrá que incorporar el referido inmueble a su patrimonio y pagar el impuesto también.

Conocerá usted alguna persona que, como a muchos salvadoreños, no es considerado sujeto de crédito o la banca no desea prestarle más, aunque necesita más capital de trabajo. Pero un buen chero le presta, ambos hombre honorables se dan la mano, tal vez firman algún pagare, y cierran el trato. Cuando Hacienda estime el valor del patrimonio de su empresa, Hacienda sumara el valor de dicho préstamo al valor en libros de la empresa, y no lo considerara como una deuda deducible. Es decir quien recibe el préstamo pagara impuesto por lo que es suyo y por lo que debe a su amigo.

Con la recientemente implementada reforma tributaria, cuando un banco extranjero presta en el país, el 10% de los intereses generados se retienen como impuesto. Además de que esto ya encarece los créditos, ahora quieren que por el valor de la deuda en el país, es decir, por el activo o patrimonio en el país, el banco internacional por segunda vez pague, esta vez hasta un 1.5% del monto.

Obviamente el costo de los créditos para los salvadoreños incrementaría. ¿Cuál es el valor de mercado de su casa? ¿De su rancho en la playa? ¿De su finca? Lo normal es que no sepa con certeza ya que hacer avalúos es costoso y no se hace por deporte. Pues ahora tendrá que pagar por ellos periódicamente para cumplir con las exigencias de Hacienda, ya que equivocarse en el valor de una propiedad seria delito. Quien determinara el valor podrá ser únicamente un perito valuador registrado o el mismo Ministerio de Hacienda, actuando como juez y parte.

Lo que agravara el problema es que no hay suficientes peritos para hacer todos los avalúos que se requerirán. También, además de pagar tasas municipales, ahora pagaras impuesto por el valor de inmueble, aunque este no genere ningún ingreso.

Algunos tendrán que liquidar sus propiedades solo para pagar el impuesto. Independientemente de cuál podría ser el uso de los recursos que esta ley generaría, no cabe duda que si se implementa esta ley tal como está redactada, el costo político para el gobierno será enorme. Esta ley además de no tener sustento lógico, va en contra de las tendencias mundiales. Ojala el gobierno escuche y responda al clamor de quienes han estudiado el proyecto de ley.