Especialmente porque no hay garantías de confidencialidad ni confianza en que la información no será usada con fines ideológicos. Más cuando la ley no establece una fuerte pena por violación de confidencialidad.

La Declaración Patrimonial exige se presente un listado de todas las inversiones tales como acciones y títulos valores que posee un individuo. El listado de inmuebles que posee con su valor cuando fue inscrito y su valor actual. Sus joyas y obras de arte también con el valor de adquisición y el valor actual, aunque pueden haber sido regaladas o heredadas y desconocerse el valor. Y por su puesto, los saldos en efectivo y bancos, especificando el país, el número de cuenta y el nombre del banco adonde se mantienen.

Con los niveles de inseguridad que vivimos, esta información confidencial, que históricamente se ha protegido con el secreto bancario pasaría a manos públicas, lo cual genera angustia y adicional inseguridad. ¿Cómo se sentirán profesionales, empresarios e inversionistas al entregar información sensible en momentos en el que el país vive el más alto nivel de delincuencia de las ultimas décadas, cuando el crimen organizado se ha fortalecido, los secuestros están nuevamente al alza, y el gobierno no da luces de resolver el problema de inseguridad? Nadie quiere que esta información caiga en las manos equivocadas.

Esta declaración aplica de manera general a las personas naturales, sin hacer distinción ni hacer exclusiones en razón de nacionalidad o domicilio, de tal manera que si los ingresos o inmuebles que tiene en El Salvador una persona natural nacional o extranjera superan los montos establecidos en dicha norma, esta estará obligada a presentar la declaración patrimonial. Para todos los casos, la declaración deberá incluir información sobre bienes, inversiones, dinero, o inmuebles ubicados en cualquier parte del mundo. Es decir, un ejecutivo que se traslada al país, al tener ingresos que superen el mínimo establecido, como se dará en muchos casos, deberá "contarle" al gobierno en detalle cual es su estado patrimonial, incluyendo todo lo que posee afuera del país.

Aparte que El Salvador no cuenta con mecanismos para verificar cuentas o inversiones en el exterior, no se consideró si el costo de monitoreo y control será mayor que la recaudación esperada como resultado de la incorporación de esta obligación, algo básico en política tributaria, "que no salga más cara la recaudación que lo recaudado".

Más parece que la Declaración Patrimonial es un paso hacia un Estado controlador en el que, por ideología, se busca un gobierno grande para controlar una sociedad dependiente. Adonde el que se opone al régimen es perseguido y adonde la información patrimonial es una importante arma para ello. Un Estado al estilo de Venezuela, adonde el gobierno, como dice Mary O'Grady en el Wall Street Journal, está "usando el método salami de nacionalización, cortando una rodaja a la vez del sector privado y llevándolo para el Estado".

La Declaración Patrimonial le preocupa a todo profesional o empresario que califica para hacerla pues este tipo de instrumentos puede ser usado para perseguir al que no se alinee, reconociendo que el FMLN impulsa un proyecto en el que busca control total tanto del estado como de la población. En este momento, si queremos regresar confianza al sector privado y queremos que se dinamice la economía, es imprescindible que se derogue el artículo que exige la Declaración Patrimonial. De otro modo, esta solo servirá para frenar la inversión en el país.